En lo que va del mes de marzo se va desarrollando una guerra de declaraciones y amenazas entre algunos políticos estadounidenses y AMLO por el explosivo crecimiento en el consumo de fentanilo en EU y sus graves efectos negativos en la salud pública.
En este artículo vamos a probar que esos políticos estadounidenses están equivocados en su posicionamiento y que su propuesta de solución no solo no resolvería el problema del consumo de drogas en los EU, sino que también acarrearía resultados contraproducentes que podrían ser desastrosos para los dos países. Para iniciar, haré una breve historia de los argumentos y acciones de los políticos estadounidenses que nos servirá como soporte documental. En un siguiente artículo me ocuparé en el análisis de los argumentos y acciones de AMLO.
Una breve historia de la guerra política del fentanilo
Las bases argumentales que servirían para iniciar una guerra política contra AMLO se empezaron a construir a principios de este año. El 12 de enero pasado los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una iniciativa de ley que llamaron “H.J.Res.18 - AUMF CARTEL Influence Resolution”. El propósito de esta iniciativa es el siguiente textualmente: “Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental.”
El día 8 de febrero pasado 21 fiscales estatales de los EU demandaron al presidente Joe Biden que clasificara a los cárteles del narcotráfico en México como terroristas, arguyendo que esos cárteles son la causa del crecimiento alarmante de muertes por el consumo de fentanilo en aquel país, y que su eficiencia operacional y su alto nivel de violencia ya habían superado a las instituciones judiciales tradicionales.
Enseguida se reforzaron esas bases argumentales con el “juicio de expertos” a través del procurador de Justicia de EU, Merrick Garland, y de William Barr, quien fue procurador de Justicia con Donald Trump, pero que ahora es enemigo de Trump. Esto sucedió de la siguiente manera.
El 1 de marzo compareció ante el Comité Judicial del Senado el Procurador de Justicia Merrick Garland. El senador Lindsey Graham le pidió al interrogado que hiciera algún posicionamiento sobre la crisis del fentanilo en aquel país, a lo cual Garland respondió de la siguiente manera: “Es una epidemia horrible, pero es una epidemia desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco.” Enseguida Graham le pidió a Garland su juicio sobre la eficiencia con que México estaba combatiendo este problema. La respuesta de Garland fue la siguiente: “Nos están ayudando, pero podrían hacer mucho más. No hay dudas al respecto.”
El 2 de marzo William Barr publica un artículo en el Wall Street Journal donde afirma que es momento de que EU intervenga militarme en México para combatir a los cárteles del narcotráfico, poniendo como justificaciones los problemas de salud y económicos que está ocasionando en aquel país la epidemia de consumo de drogas, el carácter terrorista de esos cárteles, y el hecho (para él) de que AMLO es el “facilitador en jefe de los cárteles”. Y añade otro instrumento legal para justificar la intervención militar en México: el derecho internacional. Según Barr, cuando un país es causa de una “depredación contra sus vecinos” y “no quiere o no puede” anular ese daño, el derecho internacional autoriza la intervención unilateral de otros países en ese país depredador.
Con esos dos “juicios de expertos” quedaron terminadas las bases “argumentales” y se dio arranque a la guerra política contra AMLO. Para efectos prácticos, la guerra la inició William Barr con su artículo en el Wall Street Journal.
El día 3 de marzo ocurre el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, donde resultaron muertos dos de los secuestrados. Este hecho trágico provocó una escalada explosiva en la guerra contra AMLO. Más políticos estadounidenses se sumaron a la guerra y la misma creció a más y mejor en agresividad, alcanzando su cima el día 8 de marzo, cuando ocurren dos eventos importantes.
Ese día 8 de marzo el senador Lindsey Graham recibió a los familiares de los secuestrados en Matamoros, e inmediatamente después dio una conferencia de prensa donde anunció que promovería un proyecto de ley para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los EU contra los cárteles del narcotráfico en México, designándolos para ese efecto como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” (FTO, por sus siglas en inglés).
La retórica de Graham en esa conferencia fue emocional. Lanzó acusaciones y amenazas muy temerarias y peligrosas contra AMLO, acusándolo de ser causa cooperante de los narcoterroristas en su propósito de envenenar a los EU, y amenazando con la intervención militar en México. Cito textualmente las palabras de Graham: “Al presidente de México, ha dejado que su país caiga en manos de narcoterroristas. Su capacidad o su voluntad no existe hasta el punto de detener lo que creo que es el envenenamiento de América. No nos dejas otra opción… Para el presidente de México, el fentanilo es un arma de destrucción masiva que se está desatando sobre Estados Unidos desde su país... Está permitiendo refugios seguros para que estos grupos operen sin impunidad porque lo que está haciendo no está funcionando”.
El prometido proyecto de ley no tardó mucho en concretarse, fue solo cuestión de horas. El mismo día 8 los senadores Rick Scott y Roger Marshall reintrodujeron la “Ley de Designación de Terroristas del Cártel de la Droga”, cuyos propósitos centrales son los mismo que anunció Graham en su conferencia de prensa, pero facultando también al Tesoro de los EUA para congelar los activos de los cárteles y bloquear sus transacciones monetarias. Inicialmente, dicha ley designaría formalmente a los siguientes carteles como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”: Facción Reynosa/Los Metros del Cártel del Golfo, Facción de los Zetas del Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa.
Este plan de guerra contra AMLO fue ideado y echado a andar por políticos republicanos. Sin embargo, a medida que se ha desarrollado y escalado algunos políticos demócratas se han adherido a la misma, entre los que destaca el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, que es personaje importante en Washington DC, y quien posiblemente se presente como candidato en las elecciones presidenciales del 2024. Y tampoco podemos asegurar que el gobierno de Biden no apoyará a esos políticos republicanos, lo cual aclaro enseguida.
La posición del gobierno de Joe Biden
La posición de la rama ejecutiva del gobierno de EU es importante, sobre todo del Departamento de Estado, porque de ella depende la designación oficial de las bandas de narcotráfico como terroristas. El problema aquí es que la posición del gobierno de Biden es incierta y engañosa si nos atenemos a los hechos consumados.
El 8 de marzo pasado, cuando la guerra contra AMLO alcanzó su cima, la Casa Blanca declaró que clasificar a las bandas de narcotráfico como terroristas no sería de utilidad porque “Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotráfico y las personas y entidades que las habilitan.”
El 22 de marzo ocurre un giro diametral en la posición del gobierno, cuando Antony Blinken, secretario de Estado, compareció ante el Comité de Gastos del Senado. En esa ocasión Lindsey Graham, protagonista estelar de esta historia, sometió a Blinken a un duro interrogatorio hasta llevarlo a afirmar que el gobierno de AMLO no estaba haciendo lo suficiente para combatir a las bandas de narcotráfico y que las mismas ya controlaban partes del territorio mexicano. Pero cuando Blinken declaró que tampoco EU estaba haciendo lo suficiente para el control eficiente de sus fronteras a fin de evitar el tráfico de drogas, Graham le inquirió lo siguiente: “¿Qué tal si mejor vamos a la fuente y declaramos a las organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas foráneas bajo la ley de Estados Unidos? ¿Lo consideraría?”. La respuesta de Blinken fue: “Sí, ciertamente consideraríamos eso, pero no me queda claro (cómo eso) nos daría nuevas herramientas o autoridades”.
Sin embargo, horas después vuelve a ocurrir otro giro diametral que devuelve al gobierno a su posición original. Eso ocurrió cuando Blinken, al comparecer ante el Comité de Relaciones del Senado, y ya sin la presencia de Lindsey Graham, declaró muy favorablemente sobre el gobierno de AMLO bajo los siguientes términos: “Estamos trabajando con México para desmantelar a los cárteles. Con nuestro apoyo, México ha tomado acciones significativas para desmantelar a organizaciones criminales, lanzarse contra los cárteles y contra los líderes.”
A partir de esos comportamientos podemos inferir que el control de la agenda en este tema lo tiene, no el gobierno (Biden y Blinken), sino el grupo político que está implementando la guerra contra AMLO. Si este grupo ejerce presión directa, el gobierno está dispuesto a colaborar con ellos; pero si no existe esa presión, entonces el gobierno se pone en razón. Y es por esto que afirmo que la posición del gobierno de Biden es incierta y engañosa. Y bajo esas circunstancias, no debemos descartar que el gobierno de Biden al final dé su apoyo a ese grupo político. Si el gobierno está dispuesto a considerar la propuesta de ese grupo, pese a reconocer su carácter arbitrario, nada impide que la apoye.
¿Los narcotraficantes son terroristas?
Cada vez que alguien dice “Los narcotraficantes son terroristas”, está incurriendo es un enunciado falso. Podemos comprobar eso fácilmente con una regla de decisión derivada de la noción de “verdad” como correspondencia, y que es la más antigua y usual en la ciencia y en la vida diaria. Dicha regla de decisión consiste en determinar si hay o no coincidencia entre lo que se habla y la cosa de que se habla, donde la coincidencia es lo verdadero, y la no coincidencia es la falso. Para realizar esta prueba le ofrezco las definiciones de terrorismo y narcotráfico que construí a partir de otras definiciones que hasta ahora se tienen como válidas o verdaderas por todos.
Definición del terrorismo: Actividad criminal de bandas organizadas que recurren a la violencia para crear alarma social con fines políticos.
Definición del narcotráfico: Actividad criminal de bandas organizadas que recurren a la violencia para la fabricación y/o venta de drogas ilícitas con fines económicos.
Entonces, cuando alguien dice “los narcotraficantes son terroristas”, está incurriendo en un enunciado falso, porque no hay correspondencia entre lo que se habla (terrorismo) y la cosa de que se habla (narcotráfico). En efecto, porque si bien es cierto que ambas actividades tienen por característica común la violencia como medio, o sea, la acción contraria a los ordenamientos legales y morales, difieren en cuanto a sus fines: el narcotráfico tiene por fin último la ganancia económica y el terrorismo tiene su fin último en la política.
Los políticos estadounidenses no son tontos. Ellos saben que incurren en falsedad cada vez que definen a los narcotraficantes mexicanos como terroristas. Es por eso que se han empeñado en añadir caprichosamente al narcotráfico mexicano tantas características como sea posible para que por fin sea equivalente al terrorismo en apariencia. La historia con la que abrí este artículo nos da buena parte del inventario de esas novedosas características añadidas al narcotráfico mexicano. Enseguida las repito:
El narcotráfico está causando “desestabilización regional en el Hemisferio Occidental” (Dan Crenshaw). La crisis del fentanilo “es una epidemia desatada a propósito por los cárteles de Sinaloa y Jalisco” (Merrick Garland). La crisis del fentanilo es un acto de “depredación” contra EU (William Barr). “El fentanilo es un arma de destrucción masiva que se está desatando sobre Estados Unidos” (Lindsey Graham)
El problema es que ninguna de esas personas respaldó sus proposiciones con pruebas empíricas, de tal modo que no pueden ser tomadas como verdaderas.
La tentativa más seria de estos políticos para convertir al narco mexicano en terrorismo consiste en atribuirle el control absoluto de algunas zonas del territorio mexicano, con lo cual creen que ya le dieron un fin político. Esta proposición ya suena más responsable porque es acerca de un hecho que es observable, y que muchos mexicanos han verificado como cierto. Sin embargo, a esa argumentación yo podría presentar la razonable objeción de que ese presunto fin político de los narcotraficantes es en realidad un medio “adecuado” para garantizar el logro de su fin último y verdadero: la ganancia económica. Mi objeción sería razonable porque también es acerca de un hecho observable y que todos hemos verificado: a saber, los narcotraficantes jamás se han ocupado en realizar alguna ideología política como fin último de su actividad.
Pero la más importante prueba de que esos políticos están equivocados es la misma disensión entre las clase política de EU en este tema. En efecto, recuerde lo que dijimos sobre la negativa del presidente Joe Biden y la actitud escéptica de Blinken sobre esa designación o clasificación de los narcotraficantes. Así pues, la misma disensión entre ellos es la prueba de que es falso designar a los narcotraficante mexicanos como terroristas.
Así que al final, seguimos en las mismas: afirmar que las bandas de narcotráfico son terroristas es un enunciado falso porque lo que se dice (terrorismo) no coincide con la cosa de que se habla (narcotráfico).
Contra los despistados y mal intencionados, debo advertir que mis argumentos en este apartado no constituyen de manera alguna una defensa o apología del narcotráfico. Mis argumentos van en defensa de las reglas que establece la razón a fin de que los procedimientos cognoscitivos o de conocimiento resulten eficaces y tengan éxito. Debemos llamar a las cosas por su nombre.
La necesidad de una política científica para atenuar el consumo de drogas ilícitas
En teoría, hay una forma válida de hacer política, o sea, una forma de hacer política de conformidad con reglas de procedimiento estipuladas o reconocidas por todos los dotados de razón. Y como ocurre en casi todas las actividades humanas del mundo moderno, en el caso de la política las reglas las establece la ciencia.
En efecto, la política es una ciencia o un conocimiento que incluye una determinada garantía de su propia validez, y cuyos valores fundamentales son el conocimiento de máxima certeza, la anticipación y el control de los problemas políticos. Como tal, la política es también una técnica racional, es decir, un procedimiento regulado por normas prescritas por la razón y provisto de una determinada eficacia. Y para ser más precisos, la política es tanto una técnica simbólica o cognoscitiva, como una técnica de comportamientos humanos (morales, económicos, políticos, emocionales, etc.)
Podemos concluir que la política debe sujetarse en la medida de lo posible a las prescripciones de las ciencias que sean útiles en el conocimiento, cálculo y anticipación de los comportamientos humanos. Solo de esa manera la política es eficaz en su propósito, que es dirigir las acciones libres de los hombres en sociedad (ciencia política).
Las drogas son drogas, no por sí mismas, sino por cierto interés de los hombres en ellas, de donde resulta que las drogas son un fenómeno del comportamiento humano. Cuando dicho interés está apuntado a su utilidad como vehículo de estimulación placentera, las drogas se convierten en cosas que serán generadas, intercambiadas y consumidas en los mercados, ya sea ilegales o legales, y con lo cual las drogas pasan a la categoría económica de mercancías. Y una vez que ha ocurrido esa transformación de las drogas en mercancías, las mismas adquieren un conjunto de características cuyo conocimiento verdadero y válido pertenece a la disciplina de la ciencia económica.
Entonces, si un político se ha propuesto atenuar el consumo de drogas a un nivel socialmente tolerable, tendrá que diseñar una política que se atenga a los criterios o normas que prescriben las disciplinas científicas que se conectan al problema (economía, sociología, ética, política, derecho, etc.), pero dando primacía a la ciencia económica dada la naturaleza económica de las drogas ilícitas. Solo de esta forma podría acceder el político a un conocimiento verdadero y de máxima certeza que le hará posible implementar una política con garantías de su propia validez y eficacia en la anticipación y determinación de los comportamientos humanos individuales y agregados en la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas.
Una política científica en ese terreno necesita tener siempre a la vista las siguientes características económicas del comportamiento humano con respecto a las drogas ilícitas.
La demanda y la oferta de drogas ilícitas se entrecruzan y se determinan dinámica y mutuamente. En otras palabras, las drogas ilegales existen porque hay personas que tienen interés en consumirlas (Demanda), y porque siempre habrá personas dispuestas a insertarse en el narcotráfico (Oferta) para abastecer o satisfacer esa demanda, lo cual es un comportamiento ajustado al sistema de valores de la libre empresa, aunque ilícito. Debido a esto, y en lo general, nunca habrá demanda de drogas ilícitas insatisfecha mientras el narcotráfico (Oferta) sea un negocio rentable.
El aumento del riesgo para los que se ocupan en el narcotráfico no inhibe la oferta, pero sí aumenta los precios de las drogas ilícitas. Esto es así porque la demanda es técnicamente inelástica (los consumidores son técnicamente insensibles al precio de las drogas), por lo cual los narcotraficantes (Oferta) pueden administrar los precios unilateralmente para mantener rentabilidad.
Entonces, si los políticos estadounidenses realmente desearan atenuar el consumo de drogas en su país a un nivel socialmente tolerable, tendrían que implementar una política científica como la que hemos descrito antes. Para este fin, tendrían que diseñar técnicas racionales para influir en cierta medida o grado en las variables que determinan de manera significativa el comportamiento de la demanda y la oferta de drogas ilícitas. Estamos hablando de un proyecto que compromete el empeño de influir en una multitud de variables, como las siguientes, por mencionar las más importantes: un cambio sustancial en el sistema de valores de la cultura estadounidense; atenuación del estrés económico de los estadounidenses, y que tiene su origen en los malos gobiernos; y la mejora o perfeccionamiento en sus sistemas de prevención del delito, administración de justicia y de control de fronteras.
Difícilmente se le podrían poner objeciones a una política de esa naturaleza, científica, porque sería razonable, es decir, una técnica que elige los medios que, con la mayor probabilidad posible, producirán el fin previsto: atenuación en el consumo de drogas ilícitas a un nivel socialmente tolerable. Y aunque un proyecto así se antoja vasto, complejo y complicado, no es imposible para EU. Ese país tienen a su disposición casi todos los medios indispensables para ese efecto. Poseen instituciones suficientes, aceptablemente eficientes y con gran palanca financiera: judiciales, económicas, educativas, científicas, bienestar, etc. Pero lo más importante es que dos de las causas fundamentales del problema están en su país: consumidores (Demanda) y bandas de narcotráfico estadounidenses (Oferta)
La propuesta política estadounidense para desordenar y destruir al mundo humano
El problema es que estos políticos estadounidenses están actuando emocionalmente, o sea, no toman en cuenta a los criterios o normas que las disciplinas científicas prescriben en el campo donde se habrán de tomar las decisiones políticas en este caso: legislación y gobierno sobre las drogas ilícitas. Es por eso que su discurso en este tema es emocional: furia, miedo, terror, venganza, jactancias, alardes y, sobre todo, voluntad de poder; afecciones todas que no tienen ninguna conexión con la razón.
Es por lo anterior que su propuesta de solución no ofrece técnicas racionales para influir en los comportamientos humanos que determinan la oferta y la demanda de drogas ilícitas en su país. En su lugar, solo proponen el recurso de la fuerza como única acción causal, que es una solución emocional, y cuya técnica irracional pretende garantizar infaliblemente un efecto o resultado (abatir el consumo de drogas en EU), pero que es pura arbitrariedad fundada en la vieja y salvaje noción del derecho del más fuerte.
El recurso de la fuerza aparece cuando pasan por encima de los criterios de la ciencia económica para afirmar que la única causa de su problema es el mal radical de los narcotraficantes mexicanos. El recurso de la fuerza aparece de nuevo cuando persisten en su falso empeño de designar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, para desde ahí justificar una intervención militar en México, y que es donde aparece de nueva cuenta el recurso de la fuerza en toda su majestad.
En suma, la política de estos señores NO ES CIENTÍFICA, sino que es más bien una política emocional que podríamos llamar “política como fuerza”. En consecuencia, su técnica política NO ES RAZONABLE, porque elige los medios que, con la mayor probabilidad posible, agravarán el problema y producirán desorden y caos en ciertas latitudes del mundo humano: EU y México.
Si acaso la propuesta de “política como fuerza” de estos señores se pusiera en vías de hechos, podemos anticipar con máxima probabilidad que fracasaría y reportaría resultados contraproducentes para EU y México. Puedo aseverar esto porque tengo respaldo en las prescripciones de la economía (ya lo abordamos antes) y en la experiencia histórica en el tema. En efecto, al menos desde la era Nixon se han implementado varias políticas de combate al narcotráfico del mismo tipo, fundadas exclusivamente en la fuerza, y el mismo libre mercado se ha encargado de nulificarlas con sus mecanismos automáticos y reportando resultados no previstos y contraproducentes. En el balance final, los centros de producción y distribución de las drogas ilícitas se han ido desplazado geográficamente desde Colombia a México, y la producción, el consumo, los precios y la violencia se han incrementado notablemente. Vamos, el gobierno de Felipe Calderón es un ejemplo supremo de la forma en que la “política como fuerza” no resuelve el problema de consumo de drogas, pero sí detona un crecimiento explosivo de la violencia a niveles de salvajismo y brutalidad medievales.
El problema mayor es que esta nueva tentativa de la “política como fuerza” añade dos componentes novedosos que podrían empeorar los malos resultados previstos para EU y México. Si acaso algunas bandas del narcotráfico fueran clasificadas como terroristas, entonces todas las personas insertadas en la cadena de producción, distribución y de consumo de drogas ilícitas de esas bandas serían criminalizadas como terroristas, y la abrumadora mayoría sin serlo. El resultado sería un aberrante desorden de la justicia: millones de personas inocentes perseguidas y encarceladas por terroristas. A su vez, una intervención militar en México podría mandar a los mexicanos de golpe a una sociedad en estado de barbarie, es decir, de “fuerza” sin ley y sin libertad. El resultado también sería aberrante: una sociedad humana destruida a nombre de la conservación de la humanidad. Nada nuevo bajo el Sol con esto último, por cierto, porque esa aberración ya se han consumado en cada país donde ha intervenido la poderosa palanca militar de Occidente a nombre de la humanidad: Irak, Libia y Siria.
El fanatismo político
Los políticos estadounidenses que han emprendido esta guerra contra AMLO son fanáticos, individuos que exaltan a la fuerza como principio absoluto de la política, de donde resulta su arbitraria transgresión de los límites de la razón.
Todos los argumentos de estos políticos estadounidenses están apuntados a demostrar la necesidad de la fuerza como solución. Sin embargo, son falacias, o sea, y parafraseando al filósofo medieval Pedro Hispano: tentativas para hacer creer al auditorio “que es lo que no es, mediante alguna visión fantástica, o sea, la apariencia sin existencia.” La técnica de sus falacias está bastante clara, la explico enseguida.
Primero construyen sus premisas a través de fantasías, para lo cual alteran la realidad para convertir al narcotráfico en terrorismo, al fentanilo en un arma de destrucción masiva, y al comercio de esa droga ilícita en un ataque deliberado a los EU. Como ellos saben que no tienen evidencia empírica para probar que esas fantasías son verdad, proceden a llenar ese vacío probatorio con el “juicio de expertos”, es decir, a tomar como prueba a la “autoridad”. En otras palabras, para ellos las pruebas de que sus fantasías son verdad están en su propia autoridad como políticos, legisladores y burócratas, lo cual es ilegítimo por cuanto sabemos que la autoridad en todo procedimiento probatorio es de la razón y la evidencia empírica. En este caso están acudiendo a la conocida falacia de autoridad, que consiste en darle primacía a la autoridad como prueba, no a la razón. Y una vez terminadas y puestas esas premisas, concluyen categóricamente que es necesaria la intervención militar en México para acabar con la presunta amenaza exterior que se cierne sobre su país.
Son falacias, mentiras que se quieren hacer pasar como verdades para engañar a la gente. Obviamente, su objetivo no es demostrar y convencer con razones y hechos, sino persuadir, es decir, tocar emocionalmente a su auditorio y moverlo a su favor echando mano para eso de fantasías que detonen emociones desordenadas como el miedo, el terror y la venganza, y valiéndose para ello de la autoridad como prueba falaz.
Las posibilidades de éxito de esta tentativa de engaño masivo dependen de si el público compra o no compra la falacia de autoridad como verdad. Si el público dice: “Esto es verdad porque lo dijo Graham, porque lo dijo Barr, porque lo dijo Garland”, entonces ya cayeron en el engaño. Pero si el público dice: “Necesito evidencia empírica que respalde los dichos de estos señores”, entonces no cayeron en el engaño, lo cual sería indicador de que la gente se está guiando con la autoridad de la razón.
Toda esa técnica falaz de argumentación es una expresión de su fanatismo. En efecto, se trata de un empeño por hacer valer a su principio absoluto de la fuerza como verdad transgrediendo sistemáticamente el orden que establece la razón a fin de que los procedimientos cognoscitivos o de conocimiento resulten eficaces y tengan éxito. El resultado es que estos señores están poniendo de cabeza a la verdad.
El mismo senador Lindsey Graham se encargó de darnos prueba de ese fanatismo político con algunas de sus expresiones durante su discurso atronador del día 8 de marzo. Ese día, luego de soltar sus argumentos falaces sobre la necesidad de la intervención militar en México, Graham dijo esto: “Si los estadounidenses no ven la necesidad de usar la fuerza militar para detener el flujo de fentanilo, me sorprendería.” Bueno, en esas palabras de Graham tenemos a la vista el fanatismo, o sea, el estado de exaltación del que se cree dueño de la verdad absoluta, luego inmune al error y al mal, y que por ello pretende que sus palabras tengan esa misma calidad de absoluto para todos. Por eso Graham agrega “la necesidad” de que se haga lo que él dice. Y de paso, tácitamente le dijo idiotas a todos aquellos que no estén de acuerdo con él.
Luego, en ese mismo discurso Graham exaltó a la fuerza como la solución de todos los problemas sin el menor escrúpulo: “Vamos a desatar la furia y el poderío de Estados Unidos contra estos cárteles.” Por cierto que con eso Graham trajo a mi memoria activa el Génesis 6:13: “El fin de toda carne ha venido delante de mí; porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra.”
Según los textos, sabemos que luego Jehová se arrepintió al ver la monstruosa destrucción que había ocasionado en el mundo y le prometió a Noé y a los suyos que no lo volvería a hacer. Curioso comportamiento de Dios. Pero era el mundo antiguo, cuando los dioses eran antropomórficos. Aunque siguen existiendo hombres que se complacen en proyectarse como dioses terribles.
En fin, ellos están convencidos de que la fuerza es la técnica infalible que resolverá el problema de consumo de drogas en su país de una vez y para siempre. Pero están equivocados, porque la razón es la única garantía de todo auténtico proyecto teórico o práctico que se proponga el hombre.