Por más distinciones que le entregue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por más que éste se empeñe en pretender “lavarle la cara”, -como se dice popularmente- la imagen del general Salvador Cienfuegos Zepeda que prevalecerá, es la de un vulgar delincuente al que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América del Norte, en el bajo mundo de las drogas se le identificaba como “El Padrino”, y fue acusado de cuatro delitos, tres de ellos relacionados con narcotráfico y uno más por lavado de dinero.
A finales de 2020, el polémico general se convirtió en el exfuncionario mexicano de más alto rango sentado en el banquillo de los acusados del país vecino del norte; había sido detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, mientras intentaba vacacionar con su familia.
Quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, fue llevado a juicio en un tribunal de Nueva York acusado de delincuencia organizada.
“Mientras era investigado, el extitular de la Sedena presuntamente fue identificado por delincuentes como “El Padrino”, un funcionario mexicano de alto nivel ligado a cárteles, según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Según información que reveló la DEA a finales del 2020, cuando Cienfuegos fue detenido en un aeropuerto de Los Ángeles, California, el general fue identificado como “El Padrino”, quien inicialmente se perfilaba como una figura de alto nivel que fue mencionado en diversas conversaciones telefónicas entre criminales, intervenidas por autoridades de Estados Unidos, pero que en poco tiempo confirmaron que realmente era una autoridad del ejército mexicano.
De acuerdo con los periodistas Azam Ahmed y Alan Feuer, reporteros del The New York Times, las autoridades de Estados Unidos supieron que Salvador Cienfuegos Zepeda brindaba protección a narcotraficantes luego de que una de las personas vigiladas le dijo a sus compañeros del cártel que ‘El Padrino’ estaba en la televisión en ese mismo momento.
Los agentes revisaron rápidamente para ver quién era y encontraron que era el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Poco después, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de lavado de dinero y traficar con heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana desde finales de 2015 y hasta principios de 2017, según la acusación revelada en el Distrito Este de Nueva York”. (Infobae).
Pero su situación judicial cambió radicalmente cuando el propio Departamento de Justicia estadounidense solicitó a la jueza Carol Bagley Amon suspender el proceso que se llevaba, por cierto, en la misma corte en que se realizó el proceso judicial contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Difícil no recordar las palabras de la jueza quien a regañadientes se vio obligada a desestimar los cargos. Sin embargo, en la última audiencia la togada se aseguró de aclarar que la decisión de no juzgar al exsecretario de la Defensa de México procedía del más alto nivel del Departamento de Justicia estadounidense, tras acotar:
“Según tengo entendido, esta decisión de solicitar el despido fue tomada al más alto nivel del gobierno, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. [...] Aunque estos son cargos muy graves contra una figura muy significativa, no tengo ninguna razón para dudar de la determinación del gobierno y de que en México las autoridades judiciales continúen con la investigación y el posible procesamiento de este acusado. No hay indicios de que esta solicitud se esté haciendo de mala fe o de que vaya en contra del interés público, por lo que otorgaré la solicitud”, concluyó la jueza.
El general Cienfuegos fue liberado a principios del 2021 luego de que las autoridades estadounidenses lo entregaron al gobierno de México, para que fuera investigado y en su caso sancionado conforme a la ley mexicana.
Surgieron entonces toda clase de elucubraciones en torno a las razones de fondo que generaron esa inusitada determinación por parte de la justicia norteamericana que derivó en la repatriación a México del militar sin que al momento se pueda conocer con certeza cuál fue el argumento que emitió el gobierno mexicano para lograr que le fuera entregado.
Principalmente, porque se tenía la contundencia de la prueba de que López Obrador había casi festinado la detención, y horas después del arresto, AMLO ofreció “una limpia” al interior de su gobierno para suspender a aquellos oficiales que tuvieran relación con las acusaciones que había en contra de Salvador Cienfuegos.
“Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el sólo señalamiento de funcionarios, aun sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso”, expresó el presidente sin siquiera otorgar el beneficio de la duda.
Pero días después cambió el discurso y dijo que esperaría a que concluyera el juicio.
Las pruebas contra el general le fueron entregadas a México para apoyar las investigaciones que se realizarían en este país y las cuales incluían miles de mensajes intercambiados entre Cienfuegos e integrantes del grupo criminal Cártel H-2, que operaba como una escisión de la organización de los Beltrán Leyva, en la costa norte del Pacífico en México.
Pero guardaron el sueño de los justos; nunca existió en este país alguna orden de aprehensión y la Fiscalía General de la República (FGR) no movió un dedo para iniciar algún proceso en su contra, al menos eso fue lo que dijo en su momento el excanciller Marcelo Ebrard.
En este punto, podemos interpretar que de parte del gobierno mexicano no existió voluntad de iniciar un proceso para enjuiciar al general, -que valga mencionarlo, no sería la corte militar la que lo llevaría-, pues al contar con evidencia sólida que entregó la DEA pudo haber condiciones para librar una orden de aprehensión y tenerla lista para el momento en que el general pisara suelo mexicano, pero no fue así. El general regresó a México como Pedro por su casa.
Quedaron muchas dudas por disipar;
¿Por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos accedió a entregar al extitular de la SEDENA cuando siempre se habló de que sus pruebas eran sólidas y la detención le significó un triunfo a la DEA?
¿Fue, -como lo aseguró Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA-, “un regalo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador” porque éste se negó a reconocer de inmediato el triunfo de Biden?
Otra hipótesis fue que el general Salvador Cienfuegos tenía en su poder información que podría perjudicar tanto al gobierno de Trump como al de AMLO y al quedar la presidencia de EEUU en manos de Joe Biden les podría representar una amenaza.
Tampoco se descartó una enérgica presión de los militares a López Obrador y que en esa inercia de estarse haciendo favores, López hubiese pedido uno más al polémico mandatario, antes de tener como enemigos a quienes ha otorgado mayor poder y encargado la seguridad pública del país, la construcción de sus grandes obras del sexenio, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, apoyo en programas sociales, y la contención de los migrantes, entre otros.
Otros especularon sobre una amenaza del gobierno mexicano para restringir la presencia de la DEA en territorio mexicano.
Una elucubración más refirió que quizá las pruebas no eran lo suficientemente sólidas para enjuiciarlo. Pero tampoco había consistencia en este dicho, conociendo que difícilmente la DEA o la fiscalía norteamericana habrían dado un paso tan serio como detener con pruebas endebles a un exgeneral de las fuerzas castrenses.
Ahí quedó el asunto. Andrés Manuel lo exoneró y si hoy estamos hablando de este tema, es porque el polémico general acusado de narcotráfico por los Estados Unidos, fue condecorado el pasado miércoles por el propio López Obrador, quien le entregó un reconocimiento durante la ceremonia que se realizó en Veracruz para conmemorar el Bicentenario del Heroico Colegio Militar.
En su conferencia mañanera, el presidente acusó que en ese entonces la DEA violó la soberanía de México y se demostró que se le fabricaron delitos a Cienfuegos, como parte de una venganza.
“Se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar que fue una venganza y que no había elementos”, dijo ayer 12 de octubre.
Reitero, Andrés podrá atiborrarle el uniforme de insignias y reconocimientos, pero no podrá borrar la imagen de un general manchado y desprestigiado, tal como lo exhibió el gobierno de la Casa Blanca.
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