La reciente reforma que centraliza ciertos poderes en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), liderada por Guadalupe Taddei, ha generado un fuerte debate. Algunos consejeros del INE argumentan que esta reforma implica una concentración de poder que podría amenazar la autonomía y colegialidad del instituto. Sin embargo, es fundamental reconocer que, en un contexto de retos crecientes en el sistema electoral, fortalecer el liderazgo de la presidencia puede traer consigo beneficios significativos, tanto en términos de eficiencia como de transparencia.

Primero, es importante señalar que el rol de Guadalupe Taddei como presidenta del INE exige capacidad de respuesta rápida y una toma de decisiones ágil en áreas estratégicas, como la organización electoral y el servicio profesional electoral. Esta reforma permite que la presidenta haga nombramientos en estos cargos críticos, sin pasar necesariamente por el Consejo General en cada caso. Esta facultad no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para asegurar que las personas más competentes y adecuadas ocupen los puestos necesarios en momentos cruciales, especialmente cuando los tiempos políticos no siempre permiten largos procesos de deliberación.

La estructura colegiada, aunque importante, también puede llegar a ser un obstáculo ante la necesidad de tomar decisiones urgentes y efectivas. Delegar a la presidenta del INE la capacidad de designar en áreas clave agiliza estos procesos y permite que el instituto se mantenga al ritmo de los cambios sociales y tecnológicos que afectan a los sistemas democráticos en todo el mundo. Fortalecer la presidencia es una apuesta por una institución electoral más ágil y menos burocrática, con capacidad para adaptarse y responder a los desafíos de la actualidad.

En segundo lugar, se debe reconocer que, lejos de comprometer la autonomía del INE, esta medida puede fortalecerla. Al tener una mayor capacidad para dirigir y organizar de manera directa, la presidencia puede actuar con independencia de otros actores y sectores, evitando influencias externas que, bajo estructuras demasiado amplias y divididas, podrían tener mayor oportunidad de infiltrarse. La autonomía no se mide únicamente por la colegialidad en la toma de decisiones, sino también por la fortaleza y la capacidad de liderazgo de quien dirige la institución. Si la presidenta cuenta con herramientas para tomar decisiones estratégicas sin dilaciones, el INE podría protegerse mejor de posibles presiones o interferencias externas.

Finalmente, es crucial entender que la figura de Taddei, al igual que cualquier otra figura pública, está sometida al escrutinio de la sociedad y de los medios. La centralización de algunas decisiones no significa que se exima de rendir cuentas ni que sus decisiones queden fuera de evaluación. Si bien esta reforma otorga un mayor control en ciertos aspectos, también pone en evidencia su responsabilidad directa en el éxito o fracaso de los procesos electorales. Es, en última instancia, una carga de responsabilidad que la presidenta y el INE deben asumir con transparencia y compromiso, una responsabilidad que, si es llevada con rigor, podría ayudar a fortalecer la confianza pública en el instituto.

La reforma en cuestión es, en síntesis, una oportunidad para modernizar el INE y para dotar a la presidencia de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del México contemporáneo. La centralización moderada y estratégica de ciertos poderes en la presidencia de Guadalupe Taddei no debe interpretarse como una amenaza, sino como un paso hacia una institución más sólida y preparada para defender y promover los principios democráticos en el país.