Los empresarios y políticos en México tienen pase directo de impunidad. El poder les ha dado la concesión de ser omisos, asociarse en sus asuntos con cuello blanco y seguir recibiendo contratos o matar, violar, maltratar y robarse hijos con ayuda del aparato estatal. Así lo han demostrado los feminicidios de Ariadna, Debanhi, Lesvy, madres buscadoras de Guanajuato y otras víctimas antes de Claudia Sheinbaum.
Qué desolador tener el pobre consuelo de morir en tiempos de Sheinbaum, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch con la única esperanza de que, a diferencia de tantas que fueron asesinadas antes, si las mujeres son víctimas en este periodo del poder al menos no habrá impunidad. Qué desolador tener que aguardar, como familias en luto, la voluntad política de autoridades que parecen haberse tomado en serio la violencia machista. Qué desolador enfrentar en medios de comunicación y oficinas públicas las estrategias corruptas de fiscalías encubridoras que dilatan procesos, revictimizan y culpan a las asesinadas de lo que sus agresores hicieron, insistiendo en su inocencia y su libertad.
Los fiscales olvidaron la abogacía y prostituyeron la justicia para hacerse socios de algunos delincuentes. ¿Pero qué dividendos son los que encubre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona ? ¿Qué interés o negocio puede sobreponerse a la contundencia y profesionalismo con que la Fiscalía de la Ciudad de México ha demostrado que la muerte de Ariadna fue un feminicidio? ¿Por qué tiene tanta arrogancia y protección por el Congreso de aquel estado si el simple hecho de que Ariadna haya sido abandonada bajo un puente es suficiente para investigar un feminicidio según el Código Penal?
El caso de Ariadna Fernanda ha dejado desnuda una realidad que se ha denunciado insistentemente desde el feminismo, buscadoras y familiares de víctimas: las fiscalías mienten por cálculo político y dinero. ¿Rautel “N” estaría vinculado también al negocio de la trata de personas? ¿Sus empresas de seguridad y servicio de cadeneros para antros tiene relación con la cantidad de mujeres que drogan y se llevan de fiestas o antros?
Algunos “procuradores de justicia” no buscan verdades sino que protegen intereses y el caso del fiscal de Morelos no tiene simplemente una simpatía personal, así como la muerte de Debanhi no fue encubierta por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero simplemente por torpeza.
Entre el dolo y la omisión parecería qué hay una falta de sentido común mañosa, que sistemáticamente beneficia a ciertos feminicidas: los que están detrás de muertes de mujeres jóvenes en contextos de salidas nocturnas que les permite crear narrativas de culpabilidad en contra de las mujeres por razones distintas, desde haber tomado hasta haber confiado en “amigas”.
La complicidad de otras mujeres resulta ser muy conveniente a los detractores del feminismo que han insistido, también desde el poder, en desvirtuar las exigencias de protección argumentando qué hay mujeres matando a otras mujeres. Casi les da gusto alimentar ese morbo en la crítica social, pretendiendo descargar la culpa feminicida de agresores en las posibles mujeres cómplices que probablemente, se han mantenido cerca de aquellos mismos agresores en razón de no vivir toda la magnitud de su violencia.
Nada explica tanto el descontento rabioso de las mujeres como el hecho de que en México, la licencia para delinquir esté incluida en el paquete de privilegios corruptos. Lo enigmático está en aquellos intereses que defienden los fiscales y cabe recordar la distinción entre torpeza y complicidad.
Los perpetradores de impunidad contra las mujeres que encabezan el país son los fiscales de Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Un tufo de complicidad que apenas logra esconderse en los asuntos mediáticos y en la ola generalizada de violencia.
Cuando Lesvy fue asesinada, la torpeza del entonces Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Ángel Mancera quedó evidenciada con las filtraciones de la Fiscalía para sugerir que Lesvy se encontraba bajo el influjo de bebidas alcohólicas, como si por eso mereciera morir. Difundieron la teoría de un suicidio con el cable de teléfono hasta que la exigencia colectiva y la realidad les alcanzó. Fueron exhibidos por las activistas y obligados a recular por el Poder Judicial.
La principal señal del fracaso en el sistema está en que morir dependa de la voluntad de los que se encuentran cerca, que la justicia dependa del lugar donde se haya fallecido y de las personas a cargo de tomar las decisiones de investigar. ¿Estaría relacionado Rautel “N”, empresario de agencias de seguridad y equipos de tecnología, con el feminicidio de Debanhi Escobar? ¿Qué tipo de vínculos tiene la fiscalía de Nuevo León que brindó confianza para que Rautel se entregara? ¿Qué oculta, a su vez, el fiscal de Morelos para defender lo indefendible? ¿Cómo se relaciona la capital de la trata en la capital con Rautel “N”, la Cuauhtémoc, con su alcaldesa -y posible socia- Sandra Cuevas ? ¿Qué línea de investigación mantiene la Fiscalía en relación a los restaurantes y antros a los que Rautel “N” prestaba servicios?
Es una tragedia tener que lograr la unión de tantas voces para que haya investigación y justicia. Aterrador pensar en todas las que desaparecen y mueren en silencio. Aterrador que pareciera, recae en los equipos encabezados en unas cuantas personas esclarecer los feminicidios de todo el país: Ricardo Bermeja, Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez... y párele de contar.
El equipo de la Ciudad de México ha tenido que corregir la plana para lograr justicia a los feminicidios de 2022 y aunque la verdad y la justicia da alivio, la disfuncionalidad del aparato de procuración de justicia que se revela en todo el país es aterrador para todas.
La incapacidad de prevención, la conciencia de que aquellos que tendrían que cuidar la seguridad e integridad de las mujeres en lugares nocturnos se encuentran bajo las instrucciones patronales de un feminicida. Y recordar a las víctimas de Hookah Santa Fe metidas en bolsas negras por personal de seguridad que le negó a su madre la entrada, no tiene que hacer pensar sobre la necesidad de una Fiscalía General autónoma de feminicidios y desapariciones operada por el dúo dinámico Ernestina Godoy-Omar García Harfuch.
Al día de hoy, autoridades del estado de Morelos han intentado desmentir a la jefa de Gobierno asegurando que Ariadna Fernanda había muerto a causa de una broncoaspiración por estado etílico. La voz de Sayuri Herrera Román, sigue firme en que en la segunda necropsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX, no prueba ello, sino que da luz a que fue sin lugar a dudas un feminicidio.
El mínimo error podría darle al empresario, adicto sexual de mujeres que trabajan como meseras por necesidad en lugares como Sixtie’s, Zar de la inseguridad nocturna, una salida por vicios procesales.
La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se juega demasiado en el caso de Rautel ‘N’, el cual no puede recibir impunidad y cuyas empresas tendrían que ser igualmente investigadas. Por cierto. Debanhi, Ariadna Fernanda, Nuevo León, Morelos, antros y cadeneros... No existen las casualidades.