La Cuarta Transformación va perdiendo una oportunidad histórica de reformar el Poder Judicial con elecciones claras y procesos limpios. Todos los errores, desde la primera tómbola con pelotas en el suelo hasta los registros duplicados en las listas del Poder Legislativo, con el desaseo para integrar listas confiables, son una mancha para la fiabilidad y certeza de cada etapa, que finalmente, tendrán como resultado un proceso cuestionado, entre juzgadores previamente desacreditados no por sus capacidades y habilidades, sino por haber resultado vencedores de un proceso plagado de irregularidades.
Las irregularidades más recientes: los registros duplicados, el misterioso postulante llamado “Pruebas”, con apellidos “Pruebas pruebas” y la urgencia por anunciar altísimas participaciones por contraposición de garantizar registros del número de personas que pudiera reunir estrictamente los requisitos de idoneidad, aunque estos no fueran cientos de miles.
La realidad pesa más que la imagen que se pretende construir y en nuestro país, un puñado de abogados merecen ser llamados juristas. Pero esa urgente necesidad por maquillar todos los procesos como repletos de mayorías ha hecho que, al día de hoy, la única lista de aspirantes registrados que parece realista sea la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con poco más de 3600 registrados, entre los que se aprobaron exámenes y se revisaron documentos minuciosamente.
Sea para asuntos corporativos, mercantiles y civiles o sea para asuntos familiares, la confianza -de por sí, socavada- continúa minándose por la falta de rigurosidad.
Ese camino hará que con los años, la justicia guarde una tendencia hacia privatizarse mediante la contratación de mediadores privados y arbitraje de especialistas que permita a las partes construir soluciones con mayor rapidez, que brinden una guía exacta de cumplimiento, con poco margen de interpretación, para solucionar los conflictos y tan sólo esperar a que, en caso de reiterados incumplimientos de aquellos convenios resolutivos de controversias, los juzgadores se limiten a ejecutar aquellos convenios.
Ojo: hay un abismo de diferencia. No es lo mismo llegar ante un juzgador con un problema, esperando que aquel juez nos resuelva la situación a construir junto con una tercera persona certificada, nuevas soluciones que después de ser firmadas y formalmente adoptadas, nos habrán hecho ahorrar años de litigio y tener un documento ejecutable, ya que los convenios con mediadores certificados y árbitros tienen naturaleza de sentencia y en caso de incumplimiento, basta exigir la ejecución forzosa para que se ordenen embargos o alternativas obligatorias para satisfacer lo acordado.
En nuestro país, el arbitraje se ha reservado para industrias complejas entre las que los mismos árbitros suelen conocer el mercado de lo debatido para ayudar a poner sobre la mesa soluciones con las que los conflictos se solventen sin lesionar o hacer perder a alguna de las partes en especial.
La Ciudad de México tiene un Centro de Mediación en donde atienden mediadores públicos que son muy solicitados para controversias familiares, civiles y algunas penales. A excepción de los asuntos en materia penal, casi siempre los problemas suelen arreglarse con pagar deudas o entregar objetos o inmuebles, algunos de valor promedio, otros de gran valor. Para estas materias que son las que más saturan al Poder Judicial, los medios alternativos de solución de controversias con árbitros y mediadores privados, serán la mejor opción.
Eso implica que, para los abogados, se avecina una revolución en perspectivas. Los más tradicionales podrán seguir sugiriendo largos litigios interminables, consiguiendo cuotas por los años y años que aquellos duren. Pero las nuevas generaciones de expertos en abogacía enfocados en el cliente, se enfocarán en garantizar sus servicios construyendo alternativas que permitan llegar a acuerdos por mediación, conciliación o arbitraje. Los que tengan más visión, estudiarán el arte de la negociación y se convertirán en los pilares de la resolución eficaz.
Ante la incertidumbre por tener juzgadores que podrían servir a intereses para lograr su éxito en futuras elecciones, lo mejor será que las y los abogados construyan pequeñas “leyes entre las partes”, que serán esos convenios firmados ante autoridad reconocida. El TSJCDMX cuenta con una lista de mediadores privados autorizados y los poderes judiciales locales tienen una experiencia similar. Aquellos espacios serán más relevantes que nunca. El mejor abogado será no sólo el que cuenta con cédula y posgrados, sino el que cuenta con estudios para ser conciliador, árbitro especializado o mediador privado y que, además, está registrado ante el Poder Judicial y tiene autorización para que las partes tomen acuerdos ante él con validez formal y oficial.
Aunque por supuesto, los servicios de un especialista de este tipo tienen un costo y entre más especializado es aquel especialista, más puede cobrar, sinceramente, lo valdrá. La incertidumbre que se va construyendo en torno al nuevo Poder Judicial podría cuestionar, inclusive, el valor de las sentencias por no tener fiabilidad, haciendo que un simple litigio pueda llegar a todas las instancias posibles: primera, segunda, amparo, revisión, etcétera. Esto se traduce en gastos para las partes y definitivamente, en desgaste.
Hoy más que nunca: “Más vale un buen acuerdo que un mal juicio”. Para esto habrá que prepararse e irremediablemente, reconocer una paradoja extraña de la 4T: su poderoso dedo privatizador. Cada aspecto público que ha buscado reformar con buenas intenciones, ha derivado en que las familias doblen esfuerzos para recurrir a las alternativas privadas pensando en la calidad más básica. Sucedió con la educación.
Después de la intervención del funcionario Marx y los nuevos libros de texto, las familias que pudieron, abandonaron el sistema de educación pública y migraron a escuelas privadas de bajo costo para garantizar que al menos, sus hijas e hijos accedieran al inglés y a formaciones en matemáticas.
Sucedió también en la salud. Con la crisis de medicamentos y la frustrada creación del INSABI, después de la desaparición del Seguro Popular, pequeños consultorios como los de las farmacias del Dr. Simi recibieron a cientos de pacientes que simplemente, no tenían en donde atenderse. En ocasiones, pensamos que privatizar es sinónimo de costos elevados o servicios lujosos, pero nada es más falso que eso. Todos aquellos pacientes que no pudieron atenderse en el sector público, han recurrido al sector privado pagando desde cincuenta pesos por consulta y medicamentos similares, aquello también atiende a un fenómeno privatizador.
Hacia allá va la justicia. Sin jueces fiables y con mediadores públicos saturados, será necesario el servicio de mediación, conciliación y arbitraje privado como última opción. Los buenos abogados irán colocando eso en los contratos: “Si es que hay controversias, las partes se someterán a mediador o árbitro privado antes de llegar a la jurisdicción de los tribunales del lugar donde se firme”, dirá.
Al menos, en ese camino habrá más certeza que en el que hoy se va empedrando por tantos errores de la integración del nuevo poder judicial.