A pesar de que una mujer será próxima presidenta de México y de la lucha contra la violencia machista, a menudo nos encontramos con situaciones que desafían la lógica y ponen de manifiesto las contradicciones inherentes a quienes ostentan el poder. Una de esas situaciones paradigmáticas se ha vuelto evidente recientemente, con la paradoja de un grupo de mujeres víctimas de violencia vicaria respaldando a un funcionario que guarda cierta complicidad con un grupo político de Puebla que ha impedido justicia en el feminicidio de Cecilia Monzón.
Helena, abogada y hermana de la activista que hoy tiene una ley con su nombre, ha denunciado cerca de 115 días sin tener justicia. Ni una sentencia, ni siquiera un posicionamiento sobre la guarda y custodia de un menor que se ha quedado sin poder crecer con su madre.
Cecilia Monzón fue víctima de violencia vicaria y fue una abogada que dedicó su vida a defender a mujeres, siendo que su propio camino para exigir el pago de pensión alimenticia fue la antesala a un fatídico 21 de mayo de 2022 en que un par de sicarios desde una motocicleta abrieron fuego en su contra.
El mundo al revés. Alejandro Armenta, ex senador y candidato al Gobierno de Puebla, había guardado discreción sobre su amistad con Javier López Zavala, presunto autor intelectual del crimen. Antes de llegar a Morena, Armenta cerraba un pacto de hombres con López Zavala en el que se prometían llegar a la gubernatura después de que ambos fuesen secretarios con Mario Marín, el “Góber precioso”, ex gobernador de Puebla condenado por tortura contra la exiliada periodista Lydia Cacho tras revelar en su libro “Los demonios del edén” una red de trata y explotación sexual infantil en la que sostenida por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif.
El caso en cuestión involucra al senador José Ramón Enríquez, quien ha hecho saber a través de sus voceros que desea brindar apoyo a las víctimas de violencia vicaria, reconociendo la importancia de proteger a quienes sufren en silencio los efectos devastadores de este tipo de abuso. Algunas de ellas, a título personal y desesperadas por encontrar justicia, lo acompañaron recientemente en un posicionamiento político electoral donde denunciaba fraude.
Sin embargo, la ironía se hace presente cuando se descubre que el mismo senador respalda al equipo político de Alejandro Armenta, realizando labores de coordinación para el aspirante a la gubernatura de Puebla, quien negó a Javier López Zavala por su presunta implicación en el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.
Cecilia Monzón fue una mujer valiente, pionera en litigar para defender a las víctimas y activista incansable en la lucha contra la violencia de género. Su trágico destino a manos de la violencia que tanto combatió es una dolorosa ironía que resalta la hipocresía de aquellos que dicen estar del lado de las víctimas mientras respaldan a aquellos acusados de perpetuar el mismo tipo de atrocidades que dicen combatir.
Resulta paradójico que en un momento en que se reconoce la importancia de apoyar a las víctimas de violencia, haya quienes opten por respaldar a aquellos que son señalados como parte del problema. La incongruencia política no solo socava la credibilidad de quienes están en el poder, sino que también socava los esfuerzos por combatir la violencia de género y garantizar la justicia para todas las víctimas.
El terror es que, en caso de que Alejandro Armenta logre ganar la gubernatura de Puebla, López Zavala pudiera quedar en libertad. La escena no le sería compleja pues más allá de la influencia hacia el poder judicial local, existe una narrativa en contra de los juzgadores que sería perfecta para intensificar las críticas contra la judicatura. Ahora, con la bandera feminista contra la impunidad.
Típico “pink washing” de temporada
En el contexto de políticos que intentan sacar provecho del sufrimiento de las víctimas o hacer parecer que son aliados del movimiento feminista, hay una táctica en la que aprovechan los movimientos sociales para parecer progresistas y defensores de los derechos humanos, pero en realidad están buscando beneficios económicos, sociales o políticos. Esta táctica se llama “lavado rosa” y “lavado violeta”.
Son fáciles de identificar pues sus operadores suelen ser hombres que restan agencia a las mujeres adentro del propio movimiento mientras que, con pretexto de ayudarlas o cuidarlas, se van apropiando de espacios que dentro una lógica patriarcal que los acoge sin dudar. Es el momento en que campañas políticas, gobiernos u otras instituciones intentan venderse públicamente como feministas o defensores de los derechos de las mujeres (lavado violeta) o como amigables e inclusivas hacia víctimas, grupos vulnerables y personas LGBTIQ+ (lavado rosa), aunque solamente sea estrategia de marketing para mejorar su imagen, sin que ser mujer o LGBTIQ+ no significa automáticamente ser subalterno.
Es hora de que aquellos en posiciones de liderazgo demuestren un compromiso genuino con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia contra las mujeres. No podemos permitir que la ironía de la incongruencia política siga perpetuando el sufrimiento de quienes más necesitan nuestro apoyo y solidaridad.
La historia de Cecilia Monzón y las mujeres víctimas de violencia vicaria es un recordatorio contundente de que debemos estar vigilantes y exigir coherencia y responsabilidad de aquellos que ocupan cargos de poder. La justicia y la protección de los derechos humanos no pueden ser comprometidas en aras de intereses políticos. Es hora de que la ironía de la incongruencia política sea reemplazada por la coherencia y la verdadera empatía hacia las víctimas. Alejandro Armenta debería comprometerse a influir en que el feminicidio de Cecilia Monzón sea resuelto, que nunca más una mujer esté condenada a morir por hacer valer sus derechos, que la Ley Monzón tenga respaldo de políticas públicas y principalmente que el equipo de Mario Marín quede fuera de la ecuación. Por encima de las amistades, la ley.
POR CIERTO. Las encuestas que favorecen a este candidato en Puebla plantean una preocupación adicional. Si Alejandro Armenta llegara a convertirse en gobernador, se espera que asuma la responsabilidad de investigar a fondo qué o quiénes obstaculizan el acceso a la justicia para la familia de Cecilia Monzón y todas las víctimas de violencia de género en la región. Así como a aquellos que continúan hostilizando a su familia y que son los responsables de que hubieran tenido que abandonar sus espacios de residencia.
AGUAS MOVEDIZAS para identificar en esta temporada de zopilotes a los “fakeministas” de ocasión.