AMLO sabe que el paquete de iniciativas que presentó el pasado 5 de febrero no son ni novedosas ni adecuadas para México. Un refrito de las propuestas con las que ha gobernado a contrapelo de lo que establece la Constitución y el fiel reflejo del fracaso de las políticas públicas que ha implementado: injusticia en la procuración de la ley, corrupción e impunidad, inseguridad y el crimen organizado ganando terreno.
Empoderarse y ocultar su terrible fracaso
Entre las 20 reformas que anunció está la de justicia para que jueces, magistrados y ministros no sean propuestos por el ejecutivo y nombrados por el legislativo, sino electos por voto popular, sin embargo, detrás está el intento de asumir el control y que en México exista un solo juez y verdugo que decida sobre la culpabilidad o inocencia según su conveniencia. Algo digno de un tirano de país bananero.
Como siempre, con frases y clichés para engañar, AMLO justifica: “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo… El pueblo es el que puede purificar la vida pública, pero primero hay que tener una mayoría calificada en el Congreso”. Es decir, busca tener mayoría en el Congreso para acceder a un poder absoluto que recaiga en una sola persona, él.
Ya son cinco años que AMLO insiste en que la encarnación del “pueblo bueno” es él y que las instituciones, las leyes y la Constitución son un estorbo para la impartición de justicia, la realidad es que son cinco años en que la impunidad y venganza han prevalecido.
Mentiroso y manipuladores
Ejemplos sobran, uno de los más recientes es el de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa. Desde aquel 26 de septiembre de 2014 en que ocurrieron los hechos para Andrés ha sido un asunto meramente electorero. Cuando creó la Comisión de la Verdad para esclarecer las circunstancias de la desaparición de los 43 estudiantes se comprometió: “Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”; y, con claros tintes militaristas manifestaba su desacuerdo con quienes mantenían que, de aclararse los hechos de Iguala, “en esta región, se afectará al Ejército, a las instituciones”.
En tanto, la FGR de Alejandro Gertz, brazo ejecutor de AMLO, ha venido montando teatros, engañando y simulando para esconder la verdad, como si trataran de ocultar una presunta responsabilidad de personajes ligados con Morena o el presidente.
En el último de sus libros, o más bien de sus panfletos propagandísticos, AMLO escribió que la indagatoria se complicó -y nuevamente, defendiendo al crimen organizado- porque “el pasado gobierno en lugar de llegar al fondo de los hechos y castigar a los responsables inventó la llamada verdad histórica, responsabilizó a la delincuencia organizada y a funcionarios menores”.
Luego vino la liberación de los militares por parte de un juez de distrito del Estado de México y en su teatro AMLO culpó al poder judicial, pero, como bien lo escribió Carlos Puig, hubo un pequeño detalle: “es la fiscalía con el acuerdo de la Covaj quien habría pedido que los militares enfrentaran su proceso fuera de la cárcel”.
Otros elementos jurídicos que muestran las trampas y la manipulación es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto de la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa, cuyo criterio establece que cada caso debe ser revisado por sus particularidades. Así, la conclusión de la jueza al resolver el juicio de amparo interpuesto por los ocho militares fue que “la fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia” y que la Fiscalía no interpuso un recurso de revisión contra el fallo.
Discrecionalidad y abuso de poder
AMLO se autoerige como único juzgador y verdugo en situaciones donde aseguró haría justicia, como el caso de los muertos por el derrumbe de la Mina de Pasta de Conchos, dijo que actuaría en contra de los responsables, todo un teatro para colocarse como justiciero por encima de la ley sin importar el dolor de los familiares de las víctimas. Y recientemente quiso hacer lo mismo con el caso Colosio, pero afortunadamente el hijo del excandidato exigió no se utilizara el caso de su padre con fines propagandísticos.
Como todo un tirano, fuera de todo marco legal exoneró e incluso premió a corruptos confesos como Ignacio Ovalle por el fraude de Segalmex o a Francisco Garduño Yáñez por la muerte de migrantes que se encontraban bajo resguardo del Instituto de Migración en Ciudad Juárez, y por la corrupción que priva en dicho instituto. Defendiendo a ultranza de cualquier evidencia de corrupción o conflicto de interés a sus hijos, hermanos, familiares y allegados, a quienes nadie puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
Al final, lo que Andrés busca es que la justicia se haga con base en sus determinaciones, conforme a sus intereses políticos y a su ambición de poder, y fungir como juez y parte con una Fiscalía a modo.
¡Qué miedo!
X: @diaz_manuel