En un movimiento que ha provocado un terremoto en el ámbito judicial mexicano, el oficialismo, liderado por Morena y sus aliados, ha aprobado en la víspera las listas de candidatos para la elección judicial que se llevará a cabo en junio de 2025. Esta decisión, tomada en las últimas horas, no solo representa un cambio sin precedentes en la forma en que se selecciona a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que también plantea serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial bajo la sombra del control político.
La reforma judicial, iniciada por Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo la administración de Claudia Sheinbaum, prometía una mayor participación ciudadana y transparencia en la selección de los impartidores de justicia. Sin embargo, lo que hemos presenciado ayer es una clara manipulación por parte del oficialismo. La aprobación de las listas no ha sido un proceso abierto ni imparcial. El poder otorgado al Congreso de la Unión para vetar candidaturas seleccionadas por los comités de evaluación independientes sugiere una clara intención de controlar quiénes serán los futuros jueces y magistrados.
La crítica al oficialismo es severa. Se ha visto cómo Morena, junto con el PT y PVEM, ha utilizado su mayoría para manipular el proceso de selección. Las listas aprobadas ayer incluyen nombres que parecen más cercanos a la política que a la meritocracia, insinuando que la elección está basada en la lealtad política más que en la competencia o la integridad profesional. Este acto no solo compromete la independencia judicial sino que también mina la confianza en el sistema legal de México.
La justificación del oficialismo de que estas prácticas democratizan la justicia es un espejismo. La verdadera democratización habría requerido un proceso donde los ciudadanos pudieran elegir entre candidatos seleccionados de manera neutral y basada en méritos, no en afiliaciones políticas. La elección por voto popular podría haber sido una oportunidad para fortalecer la confianza en la justicia, pero en su forma actual, se convierte en una herramienta para asegurar el control del oficialismo sobre el poder judicial.
La rapidez y el modo en que se han aprobado estas listas, sin un debate significativo ni la consideración de las críticas de expertos legales, la academia y la sociedad civil, evidencian una falta de compromiso con el diálogo democrático. La urgencia por implementar estos cambios bajo la bandera de una “Cuarta Transformación” parece más bien una maniobra para asegurar que el poder judicial sirva a los intereses del partido en el gobierno antes que a la justicia y al Estado de derecho.
Esta situación abre una brecha significativa en la democracia mexicana, poniéndola en un punto de no retorno. La sociedad mexicana merece un poder judicial independiente, donde la justicia no sea un reflejo de la política partidista. La manipulación que vimos ayer es una traición a la confianza pública y una amenaza directa a la integridad del sistema judicial.
Es crucial que haya una revisión exhaustiva de estas prácticas y que se establezcan mecanismos que garanticen la verdadera independencia del poder judicial. La democracia y la justicia no pueden ser rehenes de la política; deben ser los pilares sobre los que se construya una nación justa y equitativa. La aprobación de estas listas es solo el comienzo de una batalla mucho más grande por la independencia judicial en México.