Han pasado cuatro años desde que Montserrat Bendimes Roldán fue víctima de violencia extrema por parte de su expareja sentimental, Marlon Botas, en una colonia de Boca del Río, municipio de Veracruz.
Dentro de su propia casa, Botas la atacó con tanta saña que la joven de 20 años resultó con fracturas en cráneo, brazo y cuello, lesiones que terminaron con su vida días después en un hospital privado de la zona, a donde fue llevada por los padres de Marlon, sin dar aviso previo a las autoridades.
Antes de perder el conocimiento, Monse señaló a su novio como el responsable del ataque. El asesino huyó, protegido por sus padres, Jorge Ignacio Botas y Diana Elizabeth Fuentes, quienes se hicieron cargo de los gastos iniciales de la hospitalización pero no de denunciar a su hijo, quien permaneció un año a salto de mata hasta que se entregó a las autoridades. A la fecha está en prisión sin sentencia definitiva, por lo que la familia Bendimes acusan negligencia de las autoridades veracruzanas.
Este hecho que indignó no solo a la sociedad jarocha, sino al país en general, tiene varios puntos que nos horrorizan, pues a la bestialidad con que el feminicida acabó con la vida de su novia, hay que agregarle la indolencia de los padres de éste, que solo se preocuparon con llevarla al hospital y la abandonaron a su suerte.
Los señores fueron acusados de encubrimiento y omisión de auxilio, pero ya están en libertad desde 2023. Colectivos feministas y la familia de Monse han buscado de mil maneras que el crimen no quede impune e incluso acusan que la justicia se aplicó a modo en complicidad con las autoridades.
Mientras el juicio a Marlon se siga aplazando, a la sociedad veracruzana se le está quedando a deber.
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se registraron 443 feminicidios y en este 2025 en el estado de Veracruz se reportan cinco mujeres asesinadas por razón de género, cifra que puede ser mayor.
Asimismo, hemos visto que los encargados de hacer las leyes se la toman con calma y la llamada Ley Monse, que pretende castigar a familiares o amigos de homicidas que los ayuden a huir o los encubran, ha sido aprobada solo en seis estados y urge que los asesinos y cómplices reciban un castigo ejemplar.