¿A quién sirve realmente el diputado Emmanuel Reyes? Una mirada al humanismo mexicano y su conexión con La Luz del Mundo encamina una de sus primeras metas hacia el monopolio en cirugía plástica a través la polémica “ley Chucky”: un negocio millonario para una asociación civil.
El diputado Emmanuel Reyes lidera la agrupación política “Humanismo Mexicano”, creada por la comunidad religiosa de “La Luz del Mundo”, iglesia con alcance internacional que tiene sede en Guadalajara, Jalisco y cuyo líder Naasón Joaquín García enfrenta una condena de 16 años de cárcel en Estados Unidos por abuso sexual de menores.
Hace un par de días, obtuvieron su registro como agrupación política nacional, acercándose a poder constituirse como partido político cargados del contenido conservador de la ultraderecha que se ha agrupado en aquella “secta”, en la que las mujeres cubren sus cabezas jurando absoluta devoción, sumisión y obediencia mientras que algunos hombres se despojan de sus sueldos entregando las cuotas que les empiedran. El registro se logró con más de 25 mil afiliados, muchos simpatizantes de Morena y bases de la 4T que ahora, sirven para empoderar políticamente a un sector sectario. Cuando Naasón Joaquín García fue detenido en California, acusado de trata de personas, pornografía infantil y violación de menores, lo primero que los creyentes hicieron fue orar por él.
Se estima que esta iglesia tiene un millón de seguidores en México. La base social que mantiene la cercanía del cristianismo con López Obrador ha tenido más de 10 años de cercanía, acercándose a uno de los puntos más fuertes con el diputado Reyes como presidente de “Humanismo mexicano”. Hasta 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registraba 188 mil 326 feligreses en el país.
La “Ley Chucky”
Reyes es también el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
Históricamente, las comisiones de salud del poder legislativo habían sido lideradas por médicos y especialistas en temas de salud.
Sin embargo, en la actual legislatura, pareciera que la Comisión de Salud fue entregada a la iglesia La Luz del Mundo por sus aportaciones y apoyo a Regeneración Nacional.
Muchos médicos y residentes esperaban que el sistema de salud en México mejorara con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero una asociación civil creada por Felipe Calderón es la encargada de certificar a los médicos especialistas, lo que ha generado desde 2015 un monopolio y un gran negocio en México.
En 2018, con la llegada de Morena al poder, se aprobaron dos iniciativas que buscaban desmantelar el monopolio de la CONACEM y sus órganos certificadores, así como dar derechos para los médicos residentes. Sin embargo, estas iniciativas fueron sepultadas por Emmanuel Reyes en la Cámara de Diputados.
En los últimos meses, el diputado Manuel Reyes ha dedicado su tiempo a preparar foros y presentar iniciativas en conjunto con asociaciones civiles dedicadas a la cirugía plástica reconstructiva. Dichas asociaciones tienen un solo objetivo: crear un monopolio en México de la cirugía estética, un negocio de más de 12,000 millones de dólares al año en esta práctica.
La reforma denominada “ley Chucky”, que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, busca otorgar una especialidad a una asociación civil en aras de obtener beneficios económicos para su agrupación política. Recibe su nombre en alusión al personaje de terror que se relaciona con los rostros arruinados por malas prácticas pero que, al mismo tiempo, le otorga una esencia diabólica a ese poder maligno que por más que se intenta destruir, siempre vuelve a atormentar a la sociedad: el del calderonato y sus fuentes de financiamiento relacionadas a guarderías y servicios de salud.
En el Sistema Nacional de Residencias Médicas no existe el curso de especialización médica en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, es decir en México formalmente y con el aval de la SEP, no existe ninguna especialidad médica con el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo. El grado médico se limita a Plástico - Reconstructivo, pero lo que no dice la exposición de motivos del diputado Emanuel Reyes es que el efecto inmediato de la reforma que presenta es otorgarle a una asociación civil la facultad de validar una especialidad, suplantando en funciones a la Secretaría de Educación Pública y al mismo tiempo, abriendo una “caja chica” con la que podría obtener beneficios económicos para su agrupación política; en la última asamblea de esta asociación civil se manifestó la aportación de 45 millones de pesos para dichos fines.
Por desgracia, de ser aprobada tal como se plantea, nuevamente estaremos ante la corrupción legalizada, buenas intenciones que ocultan oscuros intereses, no por diabólicos sino porque esas cantidades no serán transparentes, aplazando la necesidad y urgencia de seguridad a una suerte de negocios.
Desapareció el INSABI y se rectificaron reformas fallidas, en un madruguete, mientras que esta reforma puede salvarse si previo a su aprobación, escuchan a las y los médicos y residentes que paradójicamente, entregaron todo su esfuerzo durante la pandemia y ahora, su país parece estarles fallando con este tipo de legislaciones privatizadoras, neoliberales y clasistas, a las que tan sólo unos pocos residentes podrían acceder debido a los altos costos de certificación que maneja esta famosa asociación civil llamada CONACEM.