En repetidas ocasiones aquí se ha señalado que la inclinación del Presidente López Obrador por los militares no es una idea de origen, no pertenece a una visión que antecede a su arribo a la Presidencia. Las expresiones de aquel entonces eran de reserva, si no de abierta crítica al sector castrense, postura común en su generación y, sobre todo, por lo que el abuso de los militares a los derechos humanos desde que el Presidente Calderón decidió declararle la guerra al crimen organizado.
La izquierda ni los liberales han sido afines a la militarización. ¿Qué llevó al Presidente a entregar importantes áreas del poder civil a los militares? Fue un proceso gradual. Inició con los temas de seguridad pública y estratégica, como se recordará en su lucha contra el robo de combustible de los primeros meses. Se acentuó a partir de su desencanto con la burocracia civil y su frustrada obsesión con la obediencia. Los civiles, como Carlos Urzúa y Germán Martínez, se inconforman, renuncian; los militares, nunca.
Su convicción de que los militares están blindados contra la corrupción puede ser auténtica, sin embargo, esta tesis no se sostiene con la evidencia pasada y presente, ni con la de otros países, incluso con mayor desarrollo político o institucional que México. Los soldados son leales y disciplinados, pero no son inmunes a la corrupción. Lo saben ellos y lo saben todos, quizá no el Presidente. Más aún, la transparencia ni rendición de cuentas son de ellos propias. A ellos se les dificulta interiorizar las reglas propias del servicio público.
Es posible que el Presidente sí sea auténtico en la idea de que depositar en los militares la infraestructura como aeropuertos, Tren Maya o el transístmico impide su futura privatización. Es un tema de suma importancia. No corresponde al gobierno decidir sobre el destino de los bienes de la nación y menos de los productos de las empresas públicas. A la legislación corresponde definirlo y debe ser objeto de un debate nacional, no una dádiva presidencial. Si el Presidente quiere dar estabilidad a sus decisiones la única vía es la Constitución, y aun así es susceptible de cambio.
Militarizar es un error, y es un error en el que incurren todos los presidentes en situaciones de crisis. Lo fue de Salinas en los primeros días del levantamiento zapatista –que afortunadamente corrigió; ocurrió con Calderón al advertir la impotencia de las policías a su alcance para contener al crimen organizado, y de Peña Nieto por las mismas consideraciones.
Efectivamente, militarizar las responsabilidades de los civiles es un error. Si hasta en la seguridad pública lo es, mucho más en el desarrollo, construcción u operación de la infraestructura de comunicaciones o en la operación de puertos, aduanas o cualquier asunto propio de los civiles. Quizá al Presidente poco le importen las recomendaciones de la comunidad internacional sobre el papel que deben jugar los militares en el gobierno civil. Seguramente su idea preconcebida es que ellos sí obedecen, sí cumplen y sí se someten. Tal vez, lo único que le importa.
Genaro Lozano, en su colaboración de Reforma se pregunta si en un futuro podrá revertirse esta militarización. Muy probablemente sí habrá de ocurrir, a diferencia de la creencia del Presidente de que lo ganado por los militares subsistirá. En todo caso, revertir la situación dependerá de la determinación de quien encabece el nuevo gobierno, cuya voluntad será suficiente para regresar a los militares al honroso espacio que les corresponde y que nadie más puede cubrir: salvaguardar la soberanía nacional.
Queda claro que la lealtad institucional de los militares significa su disciplina total hacia lo que determine el comandante supremo, es decir, el Presidente de la República. Esta actitud no es la de los sindicatos burocráticos, la de los empresarios privilegiados por el gobierno o la de muchos de los intereses que inciden en todo gobierno. El conjunto de las fuerzas armadas entiende muy bien su lugar y su responsabilidad. Ha sido el fracaso de los civiles en materia de seguridad, la corrupción desbordada en el gobierno y la obsesión de López Obrador por la obediencia, las que han arrastrado a las fuerzas armadas a tareas ajenas a su naturaleza y condición.