Lenia Batres Guadarrama es ministra de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2023. Su ascenso a la vida pública nacional ha sido fulgurante.

Iniciada como diputada federal, y más tarde nominada por AMLO a integrar la Suprema Corte, su ratificación no contó con el apoyo de las dos terceras partes de los senadores, por lo que, derivado de la letra constitucional, fue nombrada directamente por el presidente tras haberse agotado las rondas de votaciones en la Cámara Alta previstas en la ley.

Dicho de otro modo, el ascenso de Batres a la Suprema Corte no derivó de un consenso multi partidista ni mucho menos, sino que fue el resultado de la imposición de AMLO, pues los senadores de oposición habrían considerado a la totalidad de las integrantes de la terna como mujeres impresentables para ocupar uno de los cargos públicos de mayor responsabilidad del Estado.

El procedimiento se hizo, debe señalarse, de acuerdo a lo que marca la ley fundamental. Su imposición no derivó pues, de un acto de ilegalidad, sino de un hecho ilegítimo regulado por la Constitución.

La ministra Batres, desde su llegada a la Corte, ha sido un alfil del obradorismo. Al lado de sus colegas Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ha buscado convertir al máximo tribunal en un apéndice de la presidencia y de los intereses del régimen.

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Desde los intentos de reforma constitucional hasta asuntos como la militarización, la hermana de Martí Batres ha sido un hábil caballo de batalla de Morena en el tribunal.

El paso de Batres por la Corte ha estado marcado no solo por la fidelidad a su promotor sino también por su desconocimiento de la ley. En reiterados momentos la abogada ha demostrado su carencia de oficio jurídico, y en ocasiones, su franca ignorancia del derecho constitucional.

Tras la promulgación de la reforma al Poder Judicial, Batres, sabedora de cuán lejos llega su nombre en las filas del obradorismo y en el seno del partido oficial, declaró que buscaría un espacio en la nueva Corte. Desde entonces, ha sido protagonista de una serie de encuentros y de discursos.

En adición, hace unos días se dio a conocer en los medios que Batres había solicitado formalmente al INE la inclusión del apelativo “ministra del pueblo” en su nombre en la papeleta electoral.

Sí, efectivamente, en un acto de oportunismo político, de profunda soberbia y de un populismo desmedido, Batres pretende reinstalarse en la Corte a través de cualquier medio a su alcance.

Los casos de la “ministra del pueblo” y el vergonzoso asunto de Yasmín Esquivel no son más que el reflejo de una nueva “clase jurídica” marcada por el nepotismo, el tráfico de influencias y el abierto desdén hacia la ética y el espíritu de la constitución.