El pasado jueves, en un repentino anuncio, el presidente López Obrador informó que la empresa Telecomm-Telégrafos será transformada en la nueva Financiera del Bienestar. Mencionó que esta institución: “seguirá con los giros y telegramas, pero además ya está recibiendo remesas de los migrantes, y, se le fortalecerá para que las pueda seguir recibiendo. Pero a la vez, va a recibir ahorros, y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución pública para entregar los créditos a la palabra y las Tandas para el Bienestar y ahí vamos a crear un centro de atención a migrantes que quieran regresar. Dijo que, “ya tenemos todo, es cuestión de tiempo, estamos trabajando en eso…”.
La ambigüedad de esta información genera muchas dudas sobre las bases de esta decisión, sobre todo porque, como ha sido el caso de varios proyectos de inversión pública que llevan la “marca bienestar” de la 4T, la cuestionable planeación, estructura técnica y financiera, falta de análisis de impacto, y la asignación y aplicación de recursos, ha dado lugar a su ineficiente ejecución. Podríamos citar el caso del Insabi, y el Gas Bienestar, y el del Banco del Bienestar que, a decir del propio López Obrador, deberá ser apuntalado por Telecomm. Las fallas y atrasos del proyecto del Banco Bienestar ahora deberán ser cubiertos a partir de una operación “complementaria” (como lo llamó el presidente) con la nueva Financiera del Bienestar, con los costos de implementación que esto significará, en un contexto donde cada vez se estrechan más los márgenes de acción financiera en el país. Hay poco espacio fiscal para asumir más correcciones a proyectos de la 4T que no han funcionado.
Aunque las finanzas públicas se han mantenido en un balance relativo, según el estudio de México Evalúa (Números de Erario: primer trimestre de 2022), se “siente la tensión de un espacio fiscal restringido, en el que se aprieta a los contribuyentes de siempre para lograr recaudación adicional, pero no se integra una fuente sostenida de recursos para el erario federal, no mientras la economía no crezca”. Por ello, la asignación de recursos presupuestarios debiera hacerse de manera “quirúrgica”, y no debieran movilizarse sin una adecuada planeación y justificación económica. La decisión de crear Financiera del Bienestar pudiera entonces generar capital político para el mandatario, a partir de un hoyo fiscal, y un sinsentido económico para el país.
¿Para qué la Financiera del Bienestar?
Uno de los pilares de esta administración es la dispersión de los fondos que se destinan a los beneficiarios de los programas sociales (el objetivo es que dispersen 700 mil millones de pesos de los programas sociales, como las pensiones a adultos mayores y becas). Estas transferencias directas son el eje de la política social del presidente, y es lo que a su vez afianza a su base electoral.
Banco del Bienestar se creó en 2018, a partir de las casi 500 sucursales del otrora Bansefi, y a la fecha hay cifras inciertas sobre el monto de los recursos que se le han asignado. Las cifras van desde los 15 mil millones de pesos hasta 30 mil millones de pesos. En esta administración, conforme han transcurrido los ejercicios fiscales, el Banco del Bienestar es el rubro que más se ha beneficiado de los reajustes presupuestales (incrementos de más de 1,000% respecto a las partidas presupuestales originales asignadas cada año desde 2019, según datos de la SHCP, publicados en El Economista, agosto, 2021).
El objetivo de Banco del Bienestar era tener alrededor de 2,700 sucursales listas para 2022 (construidas por el Ejército), y constituirse como la red bancaria más grande del país. Pero hasta ahora, Sedena reporta haber concluido solo alrededor de 1,100 sucursales (en febrero, 2022 se inauguró un “paquete” de 250). Por falta de sucursales, y de una adecuada bancarización, conectividad e internet en varias de ellas, se puso en riesgo la dispersión de recursos.
Ante esto, el presidente plantea disponer de las 1,700 sucursales con internet de Telecomm (con alcance en zonas de alta marginación), que ya venía operando servicios financieros a nivel nacional (entre ellas, corresponsalía bancaria), además de estar recibiendo remesas de los migrantes. Ahora, según se mencionó, se fortalecerá a esta institución para que siga recibiendo remesas, además de constituirse como una institución que capte ahorros y otorgue créditos. Y, por si fuera poco, será también un centro de atención a migrantes que regresen al país. Estos objetivos, más que financieros, parecen ser fundamentalmente de corte político, frente a las próximas elecciones en el país.
Mas allá de la figura legal que adopte la Financiera del Bienestar (caja de ahorro, sofipo o banco), será necesario invertir sobre todo en aspectos operativos y expertise financiero (talento/capital humano). Se debe definir, entonces, como se fondeará este proyecto que puede convertirse en otro más, de muy altos costos y objetivos incumplidos, a cargo de los contribuyentes del país.
¿Y el proyecto satelital de Telecomm?
Si algo ha faltado en esta administración es visión de futuro. A partir del anuncio del presidente, queda la duda sobre el destino que tendrá la política satelital en el país. Telecomm se encarga de diseñar y operar los sistemas de satélites mexicanos (principalmente el sistema MexSat). Si de por sí, en los últimos tres años se habían perdido eficiencias en Telecomm, con esta transformación puede consolidarse el fallido desarrollo de la tecnología satelital mexicana en este sexenio.
Hasta ahora, la construcción de la red del Banco del Bienestar ha sido un barril sin fondo, donde han emergido errores de planeación y sospechas de corrupción. Con la nueva Financiera del Bienestar parece buscarse tapar un agujero, creando otro. Y aún peor, partiendo de que los programas sociales son parte medular de la popularidad de la 4T, pudiera estarse encubriendo gasto electorero con los limitados recursos del presupuesto federal, que debieran destinarse a otras necesidades prioritarias en el país. Con este tipo de decisiones, la recuperación del país se ve muy lejana.