A pesar del ostensible fracaso del gobierno de AMLO en materia de seguridad (y no solo del presidente en turno, conviene reconocer, sino también de sus predecesores) la próxima administración luce empecinada en profundizar una estrategia que no ha dado resultados.
En estos días se votará una nueva reforma constitucional que adscribirá a la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional. Si bien los morenistas continúan argumentando que la guardia tendrá “formación policial” la realidad apunta a que los miembros de este cuerpo, incluido Omar García Harfuch, estarán bajo el mando del próximo secretario de la Defensa.
En todo caso, la estrategia ha sido calamitosa, pues no solamente el gobierno de AMLO ha contribuido a la profundización de la militarización en México, sino que el país se ha envuelto en una ola de crímenes y se ha arrodillado ante el reino del crimen organizado.
En una declaración ominosa, el general Francisco Leana Ojeda, responsable de la división militar de Sinaloa, señaló que el cese de la violencia en ese estado dependía de las bandas criminales. En otras palabras, vergonzosamente aseguró que el Estado mexicano, y en concreto, las Fuerzas Armadas presentes en el estado, eran incapaces de detener la ola de violencia.
El citado general, en una declaración que conlleva la renuncia de la potestad exclusiva del Estado mexicano de emplear la fuerza, reconoció lo que se conocía de antemano, a saber, que un tercio del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado, y aun peor, que los soldados son incapaces de detenerlo.
Como he señalado, no obstante estos fracasos, el partido oficial, en el uso ilegítimo de su mayoría calificada, persiste con la idea de que no sirve más considerar el fortalecimiento de las fuerzas policiales, sino que es necesario extender el control del Ejército sobre actividades que por naturaleza corresponden a los civiles.
La militarización, en todos los países donde se ha practicado y profundizado, ha conllevado un déficit democrático, una pérdida de los valores liberales y una agudización de la falta de transparencia por parte de los actores públicos: otra mala noticia para los mexicanos.