Un conjunto de decisiones inéditas ha conformado el escenario de los comicios en Coahuila y en el Estado de México.
La paradoja de que candidatos postulados por sus respectivos partidos para el gobierno de Coahuila sean desconocidos por sus propios institutos políticos, en las inmediaciones mismas de la elección en que habrán de participar, marca una pauta intrincada.
En efecto, el Partido del Trabajo registró como candidato al gobierno de Coahuila a Ricardo Mejía; por su parte, el Partido Verde, en coalición con el partido local Unidad Democrática de Coahuila, presentaron la candidatura de Evaristo Lenin Pérez Rivera. Sucede que los partidos nacionales que estuvieron protagonizando las campañas respectivas, declararon retirar el apoyo a quienes impulsaron para participar en la contienda por la gubernatura, al tiempo que sus dirigencias se pronunciaron a favor de apoyar a quien compite por Morena, Armando Guadiana.
Se trata de todo un galimatías, pues los partidos que retiran su apoyo a los candidatos que registraron, abdican con ello, aunque sea de forma parcial o momentánea, a cumplir con la tarea que les asigna la Constitución de la República en el sentido de promover la participación del pueblo en la vida democrática, de contribuir a la integración de los órganos de representación política y de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder político.
Por lo pronto, el Partido del Trabajo y el Partido Verde dan la espalda a quienes registraron como sus candidatos al gobierno de Coahuila; lo han hecho en contra de la voluntad de quienes acreditaron como sus abanderados, lo han realizado de manera inopinada y por encima de sus normas internas e incumplen uno de los propósitos que justifica su existencia, registro y financiamiento público como partidos políticos.
El hecho resulta singularmente corrosivo para los propósitos de la vida democrática del país, también lo es respecto del papel que tiene el sistema plural de partidos y la competencia por el poder en el marco de la contrastación de propuestas y programas para convencer a los electores. Los partidos declinantes de la postulación de quienes fueron sus candidatos quedaron exhibidos como instancias aviesas de negociación y de acomodo de intereses inconfesables para cumplir propósitos que se oponen a los que tienen formalmente asignados.
Una modalidad de lo mismo se presentó en el Estado de México respecto de la decisión del partido Movimiento Ciudadano en el sentido de no postular candidato al gobierno del Estado de México, con una modalidad consistente en que su abstinencia no se relacionó con la suma a la candidatura de otro partido, pero sí en la lógica de una declinación “contra natura” y con una explicación retórica para pretender justificar lo injustificable.
Lo cierto es que las decisiones de esas tres formaciones políticas se acomodan, empáticamente y “casualmente”, a las ambiciones del partido en el gobierno para aspirar a la victoria en el Estado de México y en el de Coahuila. A pesar de ello, existen bases para presumir que los resultados de dichas elecciones no habrán de ajustarse a los acomodos pergeñados por negociaciones políticas impresentables.
Dentro de esa especie destinada a construir escenarios cómodos al partido en el gobierno, todavía resuenan los ecos de las invitaciones que recibieran los entonces titulares de gobierno por el PRI, en los estados de Sinaloa y Sonora, para que una vez terminadas sus respectivas gestiones se incorporaran al servicio exterior mexicano. La todavía gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para ser nombrada Cónsul de México en Barcelona, mientras quien fue gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, lo hiciera como Embajador de México en España. Tales nombramientos ocurrieron, “casualmente”, en el escenario de la derrota del partido en el gobierno en ambas entidades.
Dentro de ese género, también se encuentra la invitación que se hiciera al entonces gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, cuando ostentaba filiación en el PRI, para que se incorporara como Embajador de México en República Dominicana, también con la “casualidad” de la derrota de su partido en las elecciones para gobernador.
En fin, existen datos suficientes para presumir que el gobierno opera y construye escenarios propicios para encaminar el triunfo de su partido en distintos comicios; se hermana en esa lógica su actitud de abierto promotor o de inducción para detonar simpatías y apoyos al partido al que pertenece, a pesar de observaciones y resoluciones de las autoridades electorales para que desista de hacerlo.
La cara electoral del gobierno aparece detrás de una máscara mal usada y que no logra ocultar su verdadero rostro. Nada se le puede impugnar a un gobierno por emanar de una filiación política con la que se identifica; pero su actuación y peso político se supone que no debe comprometerse para ser factor y definir así las elecciones.
Mucho se luchó para lograr que la renovación de cada gobierno no emanara de la acción y de la participación del propio gobierno que culmina su mandato. Sin embargo, las pistas y las evidencias sobre el influjo gubernamental para prefigurar y buscar asegurar el triunfo de sus afines está a la luz del día: cambios súbitos en las definiciones de los partidos que se vinculan al gobierno y que traicionan definiciones y aspiraciones de quienes fueron sus candidatos lo evidencian. Otras acciones más también lo ponen de manifiesto.
Todo indica que el gobierno quiere ganar el poder desde el uso electoral del poder.