Cuando la libertad se restringe por razones de inseguridad, no hay duda sobre la falla en el conjunto de poderes formales de un territorio. Acentuando esta aseveración en “poderes formales”, que hoy presumen la captura del jefe de Seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hijo “el Chapo” Guzmán, como si semanas de encierro pudieran justificarse y esconder la encarnada lucha entre Mayos y Chapitos para vengar la traición que hoy tiene preso en los Estados Unidos a “El Mayo” Zambada.
Hace una semana, según el presidente, las muertes en Sinaloa no eran para tanto porque en Guanajuato había más. Hoy es culpa de Estados Unidos por detener al capo de capos. Hace unos días, durante las festividades patrias por la Independencia de México, el General Francisco Jesús Leana Ojeda, encargado del ejército en aquel estado, aseguraba que la seguridad depende de los grupos criminales debido a que los enfrentamientos en Sinaloa son entre ellos, por lo que el cese de la violencia depende igualmente de ellos.
Una brutal paradoja en la que México, supuestamente, celebró la independencia de cualquier otra nación mientras aún no logra independizarse de las fuerzas criminales que han secuestrado varios de sus territorios.
Conozco periodistas sinaloenses que aseguran sentir que están viviendo una segunda pandemia. Una peor pandemia. Una que arranca vidas de manera escandalosa, que ordena el cierre permanente de negocios, clínicas y escuelas, limitando las opciones para abastecerse de lo más mínimo, de trabajar, de continuar con la normalidad de sus vidas y principalmente, de tener algún tipo de certeza sobre cuándo terminará una pesadilla en la que cruzar en carretera para huir no es opción.
Después de todo, a pesar de las restricciones durante la pandemia por Covid 19, había posibilidad consumir productos o trasladarse a un lugar distinto. En este momento, Culiacán es una ruleta rusa. Ellas aseguran que no solamente hay 30 fallecidos y 30 detenidos, como sugieren las estadísticas oficiales.
La duda para determinar si un Estado es fallido o no depende, aun así, de más factores.
Uno de ellos es el tiempo por el que los poderes formales y constituidos han perdido el control de la seguridad. Es evidente que, en el caso de Sinaloa, no hay fuerza civil ni militar capaz de contener la violencia crítica. Es decir que, si la inseguridad o seguridad depende estrictamente de la voluntad unilateral de cualquier cártel o grupo criminal fáctico de poder, la función principal del Estado se habrá perdido.
Robert I. Rotberg, académico investigador del concepto de “Estado fallido” y ex presidente de la World Peace Foundation (1993–2010), en su obra “State Failure and State Weakness in a Time of Terror” de 2003, identifica que cuando un Estado-Gobierno pierde el control efectivo sobre su territorio, no puede proporcionar servicios básicos (como educación, salud y seguridad) a la par que enfrentan violencia interna, estamos frente a un Estado fallido.
En el mismo texto, analiza el caso de Colombia con énfasis en el poder perdido por parte de las autoridades gubernamentales frente al poderoso arsenal, cuantiosos grupos paramilitares y extensos territorios controlados por el narcotráfico:
“Un Estado colombiano fuerte nunca ha existido para la gran mayoría de su población. Al principio, dado que se esperaba poco del Estado, pocas personas pensaban que este había ‘fallado’, aunque algunas personas—especialmente las más pobres—sin duda lo creían, cuando carecían de protección. De hecho, los encargados de tomar decisiones en el gobierno evitaron conscientemente construir un ejército fuerte o una fuerza policial nacional, lo que llevó a una tradición de justicia privada y una historia nacional violenta. Luego se añadió el último elemento: Colombia se convirtió en la principal nación productora de drogas en el mundo. El dinero y las armas que acompañaron este fenómeno debilitaron aún más al Estado y fortalecieron la protección privada”, asegura Rotberg.
Coincide bastante con Noam Chomsky. En su libro “Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy” (2006), desentraña que la esencia del Estado fallido que es el incumplimiento de las responsabilidades básicas de un Estado para con su población. Pero hay un gran detalle: La mayoría de autores analizan este concepto partiendo de evaluar a países completos, sin distinguir entre estados federados, niveles de gobierno o fuerzas políticas opuestas en territorios diversos que los integran.
Aquí se trata de algo distinto: determinar si es que Sinaloa, particularmente, Culiacán y muchos tantos de sus municipios considerados “calientes” por el dominio de las fuerzas criminales califican en esta categoría.
Mientras que, en México, no hay forma de sostener que el país completo es un Estado fallido, existe la rara excepción para suponer que al menos en una de sus entidades, no hay ley ni fuerza superior a ellos. A las células antagónicas del crimen. Esas que tienen el monopolio de la seguridad, que no es la del Estado sino la propia. Tan es reconocida aquella fuerza, que el mismísimo General de la Sedena reconoce un acotado papel de contención a las fuerzas armadas, dejándole el gigante verbo de suspensión de la violencia a ellos.
Tan es así que el propio presidente ha optado por culpar a Estados Unidos de desatar una crisis incapaz de controlar para su gobierno, menos aún para el estatal. Esa señal es peligrosa: ¿Hay gobernabilidad y Estado firme en México o vivimos ante una tensa calma que no molesta a los criminales mientras ellos aseguren meterse tan solo en contra de ellos mismos?