Los llamados charros sindicales no se han extinguido y no creo que lo hagan en lo inmediato. Y no se van a ir, no porque sean garantía de defensa de derechos laborales sino por el apoyo gubernamental que siempre han tenido a pesar de la lucha añeja de miles de trabajadores quienes, por décadas, han buscado acabar con este cáncer.
En la actualidad, se le denomina charro sindical a aquel dirigente que lucra con los derechos de los agremiados, que se vende al gobierno en turno, que violenta la voluntad democrática de los trabajadores, que se apodera de los recursos del sindicato, que sustrae para beneficio propio los dineros de los fondos de ahorro y que traiciona a los miles de representados. Ese es el perfil del llamado charro sindical. La anterior denominación encaja perfectamente cuando revisamos el perfil de una mayoría de las dirigencias seccionales y la nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Lo sucedido el 13 de diciembre de este año en Zacatecas, relativo a la elección de dirigentes sindicales del SNTE, (Secciones 34 y 58) pareciera que es un leve respiro dentro de las ansias democráticas de miles de trabajadores que no han podido sacudirse el yugo del llamado charrismo sindical. Digo que parece un leve respiro porque la constante, en la mayoría de las secciones sindicales que han electo a sus dirigentes, ha sido de una antidemocracia brutal. El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ha sido juez y parte en sus procesos electorales y lo ha sido porque el marco jurídico se los ha permitido. La llamada comisión de elecciones, misma que depende del CEN del SNTE, ha propiciado un permisivo despilfarro evidente de recursos del sindicato a favor de los candidatos oficialistas y ha concluido sus procesos con la imposición descarada de esos candidatos de su preferencia. Es decir, la comisión de elecciones ha cerrado los ojos cuando los candidatos oficiales han usado la estructura sindical para sobornar, amenazar, comprar conciencias y salirse con la suya; lo han hecho casi siempre, los candidatos y las comisiones, con la complicidad de las mismas autoridades gubernamentales.
Llama la atención que, en Zacatecas, donde gobierna uno de los Monreal, este hombre afiliado a la 4T, no haya apoyado a los verdaderos trabajadores. Hace unos días, en el proceso electoral sindical de las secciones del SNTE zacatecano, donde ganó la oposición, este gobernador se inclinó por los grupos charros. Lo sucedido ahí nos demuestra el enorme poder corruptor de la estructura oficial sindical del SNTE o muestra la impericia política del gobernador quien, es difícil de creer, no se informó de que los trabajadores de la educación estaban hartos de sus dirigentes charros.
Quienes ahora tienen el poder en México no han entendido que solapar a estos grupos charriles es ir en contra de la voluntad de la mayoría de los trabajadores sindicalizados; sindicalistas todos que, a pesar del desdén, en su mayoría, siguen siendo leales a la 4T. No han entendido las autoridades que es necesario adecuar el marco jurídico para evitar que estos detractores de la democracia y de la transparencia, se sigan saliendo con la suya.
Quiero describir uno de los tantos casos de abuso del poder sindical que, en complicidad con la autoridad oficial, sucedió en la ciudad de Puebla. El hecho ocurrió en una delegación sindical de Telesecundarias de origen estatal. El secretario general delegacional del SNTE, de quien me reservo su nombre, denunció públicamente, en un periódico local, ciertos casos que, posiblemente, implicaban corrupción en la ubicación de docentes. Su queja también la hizo llegar ante las autoridades de la SEP local. Denunció la posible colusión de la USICAMM para imponer a 5 docentes en lugares privilegiados, extrañamente todos ellos, en apariencia, recomendados de la Sección 51 del SNTE. Si bien es cierto que la SEP local, ante lo público del asunto, contestó al quejoso, también es verdad que lo hizo en sentido contrario a la inconformidad. La molestia del representante delegacional sindical iba en el sentido de que la USICAMM había validado que personas, en apariencia sin derecho, se hubiesen cambiado de adscripción para quedar en lugares privilegiados. Con muestras de complicidad, la SEP negó que se hubiesen entregado plazas sin derecho. No obstante, debemos de tener en cuenta que ambas cosas son totalmente diferentes. No se denunciaba la adjudicación de plazas, sino el tráfico de lugares de adscripción para personas que ya ostentaban una plaza. Además, por el otro lado, la USICAMM, ante la presión mediática, contestó que desconocía del movimiento de tres de los cinco lugares a los que se hacía referencia en la queja. La respuesta de la USICAMM solo confirmaba que, cuando menos tres lugares, fueron ocupados sin su consentimiento. Es posible que la SEP de Puebla tergiversó la respuesta para simular atención al mismo, pero lo hizo sin la intención de revisar y corregir la ilegalidad en caso de que la hubiera.
El caso es que ahora el quejoso, según cuenta, es perseguido por el representante de trabajos y conflictos de telesecundarias de la dirigencia estatal de la Sección 51 del SNTE, con la complicidad de la Dirección del Nivel de Telesecundarias en la SEP. A tal grado, que lo han amenazado con instrumentarle acta administrativa a causa de su irreverencia. Por lo pronto, por órdenes directas del nivel educativo de telesecundarias, ya le retiraron la comisión de director con grupo que venía ostentando en su centro de trabajo en la ciudad de Puebla y, según le han dicho, que es por haberse atrevido a presentar la queja. ¿No hubiese sido más fácil demostrarle al quejoso que el proceso había sido transparente en lugar de perseguirlo?
Lo anterior, es el ejemplo típico del actuar del charrismo sindical en comunión con las autoridades oficiales.
Mtro Juan Durán Martínez, docente de escuela pública de Puebla.
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