AMLO, Claudia Sheinbaum y los propagandistas del régimen continúan empecinados en seguir adelante con el llamado Plan C, léase, la reforma al Poder Judicial que conllevaría, entre otros elementos, la elección por sufragio universal de jueces y magistrados, incluidos los miembros de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.

Como ha sido bien señalado, se trata de una reforma que atenta contra la naturaleza misma del Poder Judicial y de la división de poderes. Su puesta en marcha no solamente no daría solución a los problemas estructurales del sistema de impartición de justicia, sino que profundizaría la politización, amén del probable involucramiento del crimen organizado en las campañas electorales.

Sin embargo, el perjuicio iría más allá. Como recordará el lector, una de las principales acciones del gobierno de AMLO fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A pesar de su nivel de avance, el presidente, esgrimiendo actos de corrupción (lo cual nunca fue comprobado y menos aun se encausó a los responsables) anunció la suspensión de su construcción.

Ello provocó un profundo sentimiento de incertidumbre entre los inversionistas que condujo, según estimaciones elaboradas por especialistas, a la pérdida de 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. En adición, el mensaje fue claro: al presidente AMLO poco le importa el respeto de la ley.

En el contexto de la reforma al Poder Judicial, y ante el panorama del cese o destitución de 1,600 impartidores de justicia, se enviaría un mensaje nefasto. ¿Cómo se podrían garantizar los contratos de los inversionistas ante una volatilidad atroz en el sistema judicial?

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Sí, los daños provocados por la incertidumbre causada por el Plan C pueden tener alcances inesperados. Pueden provocar una reducción de la IED (como en el caso de Texcoco) y una disminución relativa de la inversión privada nacional. En todo caso, ¿quién buscará invertir en un país que está en medio de una innecesaria reforma judicial que no anuncia más que incertidumbre e inestabilidad?

Por lo contrario, México, en tanto que país golpeado internacionalmente por la presencia del crimen organizado, debe presentarse ante el mundo como un país de leyes, de estabilidad y como un destino seguro para la inversión.

AMLO, Sheinbaum y la 4T están a punto de cometer el primer error monumental del gobierno de la presidente electa.

Desafortunadamente, a diferencia de las ocurrencias iniciales del tabasqueño, lo que se ha anunciado en relación con la reforma al Poder Judicial amenaza con daños patrimoniales más cuantiosos para el pueblo de México.