Más allá de las fantasías de la derecha sobre detener la impostergable reforma al Poder Judicial con cualquier chicanada que se les ocurra (“sobrerrepresentación” con las mismas reglas que la derecha aprobó en su momento, intervención de los “mercados”), tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo han reiterado que se trata de una prioridad en esta alucinante recta final del sexenio.
La avasallante victoria en las urnas y el desprestigio del Poder Judicial, “liderado” por la infradotada burócrata Norma Piña, leguleya vinculada al vapuleado Partido Revolucionario Institucional, le da al actual gobierno, respaldado por el 60% de los votantes, un mandato para avanzar en la modernización de este coto de poder que únicamente servía para proteger los intereses de criminales y oligarcas (pleonasmo).
Aunque algunos tenían la esperanza, o la expectativa, de una eventual “corrida al centro” de Sheinbaum, la próxima presidenta y el presidente saliente aparecen coordinados en la misión de librarnos a los mexicanos de este poder corrupto, déspota y que nadie elige. Unas señoras y señores impuestos por chicanadas y concertacesiones, casi por mandato divino y quienes no respondían a nadie.
Pero eso se acabó. Se irán bastantes de los traidores a la democracia que están ahorita, y quienes lleguen serán electos por todos los mexicanos, de cualquier ideología política, además de recibir menores sueldos y canonjías y durar menos tiempo en esos puestos, que se volvían verdaderos cargos de la nobleza.
La reforma al Poder Judicial corrupto y anacrónico de México va por que va.