Se habla de narco Estado, narco gobierno, narco política, narco cultura. Ahora quieren que también tengamos una narco judicatura. Estas palabras no son mera retórica, ni un arrebato visceral en una charla de sobremesa. Son una advertencia urgente y necesaria. Lo que se propone en el proyecto de reforma judicial no es un ejercicio hipotético, no es un tema de discusión académica. Es una realidad concreta que, de implementarse, nos arrastraría aún más profundo en un sistema corrompido por los poderes fácticos.
Para comprender la magnitud de esta amenaza, hay que leer el dictamen. Sobre todo lo relativo a la elección de juzgadores por medio de voto popular. Y no solo leerlo, sino entenderlo en toda su dimensión. En primer lugar, se pretende implementar un sistema electoral en el que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante boletas por materia. Imaginemos la locura burocrática: una boleta para cada juez de cada área del derecho en el ámbito federal, más boletas para jueces locales. Solamente en el ámbito federal, estamos hablando de 360 cargos, 360 boletas, 360 urnas. Y eso sin contar las elecciones locales. En junio, en la Ciudad de México, manejamos seis boletas y seis urnas. ¿De verdad creen que hay espacio físico, logística y personal suficiente para gestionar un proceso electoral de tal magnitud?
Lo que proponen es una reforma judicial que es brutal, inaplicable, y francamente inoperante. El mecanismo no solo implica una logística compleja, sino que roza lo imposible. Pero el verdadero peligro no radica únicamente en la ejecución de esta absurda idea; está en lo que sigue después. Vendrían las campañas electorales, y aquí es donde el problema se agrava. ¿Cómo podrían, digamos, 40 mil candidaturas judiciales presentar sus propuestas sin recurrir al proselitismo? ¿Cómo se puede hacer proselitismo sobre la ley cuando lo que es legal es simplemente legal? La ley no es un objeto de campaña; es un marco de justicia que debe ser respetado y administrado por jueces independientes, no por políticos en busca de votos.
Y aquí es donde se revela la insensatez de hacer eco de los disparates del presidente sin detenerse a analizar lo que realmente se está proponiendo. No estamos en un seminario; estamos en medio de una transformación radical que amenaza con desmantelar las bases de nuestra sociedad. No he visto un solo argumento sólido que sugiera que esta reforma, de aprobarse, disminuiría las tasas de impunidad. No hay evidencia de que jueces electos democráticamente podrían llevar a cabo procesos más rápidos o con mayor calidad en sus resoluciones.
Lo que veo, y leo, es lo mismo de siempre: aplaudidores que aprueban las ideas demenciales del presidente simplemente porque el presidente así lo dice. Pero, hay algo que sí podemos anticipar. Los litigantes, los que vivimos y respiramos el sistema judicial, sabemos que hoy en día se están implementando transformaciones procedimentales en las materias mercantil, penal y laboral. Estas reformas no han concluido. Estas materias representan más de la mitad del litigio en nuestro país. Mezclar esta transformación orgánica con cambios procesales traerá, inevitablemente, el caos.
No existe sistema judicial que pueda soportar transformaciones simultáneas en su estructura y en sus procedimientos. Lo que nos espera, si seguimos este camino, es una explosión de desorden, una sobrecarga de casos sin resolver, y una mayor vulnerabilidad ante el crimen organizado. En pocas palabras, una narco judicatura. Una vez más, las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias directas sobre la justicia que experimentaremos mañana. Y el panorama que se vislumbra no es alentador. Es una advertencia que no podemos ignorar. Sobre todo, porque quienes se verán más afectados son los que menos tienen. Será un crimen contra los pobres.
X: @HECavazosA