La reforma judicial de la izquierda mexicana va. El cumplimiento de las aprobaciones por los congresos locales para concretar la reforma constitucional ha sido declarado por el Senado de la República al tiempo en que se envió al presidente para su publicación en el Diario Oficial y respectiva promulgación. El anhelo de concretar esta reforma el 15 de septiembre es prácticamente un hecho, pero resulta interesante conocer el paralelismo del momento mexicano con la reforma judicial de la derecha supremacista de Israel que a inicios de este año fue anulada por la Corte Suprema de ese país, que al igual que en el caso mexicano, era acusada de extralimitarse en sus fallos por el gobierno y que con argumentos muy parecidos a los nuestros, como la intención democrática con la que el pueblo votó a Netanyahu, pretendía neutralizar su poder.
La reforma judicial en Israel, promovida por el gobierno de derecha bajo el liderazgo del primer ministro Benjamín Netanyahu, generó una gran controversia y manifestaciones masivas durante 2023. El plan de reforma judicial tiene como objetivo reducir significativamente los poderes del Tribunal Supremo de Israel y fortalecer el control del gobierno sobre el sistema judicial. Aunque no contempló la elección popular de juzgadores, los principales aspectos de esta reforma incluyen:
1. Limitación del poder del Tribunal Supremo: La reforma propone restringir la capacidad del Tribunal Supremo para revisar o anular leyes aprobadas por el parlamento (Knesset). Actualmente, el tribunal tiene la autoridad de invalidar leyes que considere inconstitucionales o que violen los derechos humanos fundamentales. El gobierno busca limitar esta capacidad, permitiendo que las decisiones del tribunal puedan ser anuladas por una mayoría simple en la Knesset.
2. Cambio en la composición del comité de selección de jueces: Otro aspecto clave de la reforma es modificar la composición del comité que selecciona a los jueces del Tribunal Supremo. Actualmente, el comité está compuesto por una combinación de jueces, abogados y políticos, lo que le da al sistema judicial cierta independencia. La propuesta busca darle más control al gobierno sobre el proceso de selección, lo que significaría un mayor poder político en la designación de jueces.
3. Cláusula de anulación (“override clause”): Esta cláusula permitiría al parlamento anular fallos judiciales del Tribunal Supremo con una mayoría simple de votos. Esto implica que, si el tribunal decide anular una ley, la Knesset podría reinstaurarla a través de una votación, debilitando así la revisión judicial de las leyes.
4. Restricciones a la doctrina de “razonabilidad”: La doctrina de “razonabilidad” permite que el Tribunal Supremo anule decisiones del gobierno o de ministros individuales que considere extremadamente irrazonables o que vayan en contra de los derechos básicos. La reforma busca limitar o eliminar esta doctrina, lo que podría reducir la supervisión judicial sobre las acciones del gobierno.
La justificación del gobierno para esta reforma es que pretende corregir lo que consideran una “extralimitación” del poder judicial y devolver más poder a los representantes electos. Sin embargo, los críticos argumentan que la reforma pone en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, y temen que pueda socavar las protecciones a los derechos humanos y convertir al sistema político en uno con un control gubernamental casi absoluto.
El curioso paralelismo es que esta reforma surgió específicamente para debilitar el poder de la Corte Suprema para revisar o derogar leyes, permitiendo que una mayoría simple de un miembro en la Knesset (parlamento) anulara tales decisiones.
La reforma ha desencadenado protestas masivas en Israel y generado divisiones profundas en la sociedad, con quienes apoyan al gobierno argumentando que las reformas son necesarias para un sistema más democrático y los opositores viéndolo como un ataque directo a la democracia y el Estado de derecho.
Benjamín Netanyahu es considerado el gobernante más derechista de la historia de Israel, también el principal perpetrador de la invasión y genocidio en contra de Palestina, en la Franja de Gaza y la hostilidad en ese país por los actos de la Corte Suprema de Israel se elevó hasta exigir la dimisión de éste cuando en julio, el gobierno había aprobado el proyecto de ley de “razonabilidad” con la que nadie del Poder Judicial, ni la Corte ni los tribunales menores a esta podían anular decisiones gubernamentales que consideraran “extremadamente irrazonables”.
El hecho es que Netanyahu y la derecha acusa a la Corte de “asumir todos los poderes y hacerlo de forma antidemocrática” por lo que pareciera, que Andrés Manuel López Obrador siendo un opuesto ideológico, abanderado de la izquierda y militante del humanismo mexicano, constructor de la llamada Cuarta Transformación, guarda una lectura de la división de poderes y conformación del Estado Democrático muy parecida a la de Benjamín Netanyahu, en la que el poder es el poder y cualquier personaje que lo restrinja aún en nombre de la Constitución y los derechos ciudadanos, debe caer. “Reacciones encontradas en Israel por la anulación de parte de la reforma judicial”, de France 24.
POR CIERTO, en el caso de Israel, la Corte Suprema anuló una parte de la reforma judicial que la reducía a mero aparato administrador de leyes y no de justicia. Pero aún viven otras reformas que integran la denominada reforma judicial israelí. Un camino que tanto juristas como los ministros de la Corte mexicana aún esperan recorrer. Sin embargo, no se compara la situación y contexto de un pueblo israelí en el que Netanyahu enfrenta constantes protestas y críticas por sus excesos y abusos en la guerra, frente al caso mexicano, en el que más bien, la Corte y el Poder Judicial de la Federación son criticados hasta por sus propios integrantes. Menos tomando en cuenta que a diferencia de Benjamín Netanyahu, nuestro titular del ejecutivo es uno de los más queridos y apoyados de la historia, que se despide con una aprobación cercana al 80% mientras que su reforma judicial mantiene, ni hablar, bastante apoyo popular. Principalmente, por el descrédito, corrupción, nepotismo, lujos y excesos de nuestro Poder Judicial.
Tiempos de crisis para los Poderes Judiciales y tiempos para redefinir el papel de los juzgadores frente al intento de respeto por los derechos, la constitucionalidad y los vicios institucionales que aquellos viven, a los que curiosamente, acusan de ser antidemocráticos igual aquí que del otro lado del mundo. En esencia: es tendencia debilitar al poder judicial y hacer que prevalezcan las decisiones de los poderes ejecutivos por encima de cualquier otra, en nombre, claro, de la democracia.