De aprobarse la reforma al poder judicial, no solo se pondrá en peligro la independencia de nuestras instituciones, sino que miles de vidas quedarán expuestas a la violencia que el crimen organizado impone en su lucha por el control del país. Esta vez, las víctimas no serán solo políticos, sino potenciales jueces, magistrados y ministros, cuyos destinos se decidirán en campañas proselitistas.
Ya tenemos el precedente sangriento: los aspirantes a cargos de elección popular asesinados en los comicios federales pasados. Ahora, imaginen ese escenario multiplicado. No solo hablamos de políticos en busca de un escaño, sino jueces, magistrados y ministros que serán elegidos no por su virtud, sino por la popularidad y el dinero que logren recaudar. Y en esta carrera, hay un contendiente que juega con ventaja: el narco.
Hoy, las organizaciones criminales cuentan con recursos ilimitados para financiar campañas. A ellos no les preocupa la justicia, ni la legalidad, ni el bienestar del país. Solo buscan tener en sus manos a los futuros juzgadores, comprando voluntades con balas y billetes.
Las elecciones, que deberían garantizar la independencia judicial, se convertirán en un espectáculo macabro donde los candidatos más vulnerables caerán ante las amenazas y las armas de quienes realmente gobiernan en las sombras.
Y por si fuera poco, el oficialismo se reservará el derecho de armar la lista de los postulantes. Las campañas no serán más que una farsa; los candidatos no competirán por méritos, sino por la capacidad de someterse a los dictados de quien controla el poder, tanto de manera oficial como fáctica.
Así, aquellos que se atrevan a desafiar las reglas del juego se verán expuestos a un peligro mortal. Miles de candidatos a juzgadores, a lo largo y ancho del país, estarán en la mira se los fusiles, y muchos perderán la vida por una lucha en la que no deberían estar involucrados.
Todo esto, ¿por qué? Por una venganza personal del presidente. Porque una ministra no se levantó para saludarlo cuando él entró en la sala, mientras el resto de sus lambiscones, esos que pretenden ser dignos representantes del pueblo, lo aplaudían de pie. Esa es la verdadera motivación detrás de la reforma: la ofensa de un ego herido, que busca subyugar a quienes aún mantienen un ápice de dignidad y autonomía.
Nuestros diputados y senadores, esos paleros disfrazados de legisladores, fueron incapaces de elaborar correctamente una ley. Nunca aprendieron a legislar; lo único que saben hacer es levantar la mano y aprobar, sin cuestionar, todo lo que el presidente les exige que aprueben. Por eso los disparates y ocurrencias de Andrés Manuel se toparon con la Constitución y con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el tabasqueño, lejos de desquitarse con sus bancadas incompetentes, lo hizo contra el poder judicial.
Con esta reforma, no solo habrán fallado en su deber de proteger al poder judicial, sino que habrán condenado a miles de aspirantes a jueces, magistrados y ministros a una muerte segura.
Las vidas que el crimen organizado arrebate en estas campañas judiciales cargarán sobre la conciencia de esos mentecatos que, con su voto, aprobaron la reforma. El costo será altísimo, pero para ellos, mientras sigan de pie aplaudiendo al presidente, poco les importa.