Si es que los senadores de Morena, PT, Verde y aliados que votaron y aprobaron las 20 reformas el viernes pasado no alcanzaron a leer ni discutir completamente los dictámenes que aprobaron, menos lo pudieron hacer ciudadanos, periodistas y gobernados directamente impactados por los cambios aprobados. Sin embargo, ahora que los dictámenes se han aprobado, filtrado y dado a conocer, la resaca por el madruguete va cobrando consecuencias.
Algunos escenarios posibles para el desaseo veloz y silencioso:
- Una genuina provocación. Al movimiento obradorista le motiva la confrontación, tener adversarios dignos de ser combatidos y de una estatura suficiente para dar aliento a la convicción ciudadana de una lucha viva por la que haya que seguir apoyando al presidente, en este caso, sembrando irregularidades que eventualmente terminarían (por obvias razones) en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Corte valida las reformas, el presidente habrá ganado. Si la corte determina su invalidez por las irregularidades del proceso (que es lo más probable), también habrá ganado el presidente un reclamo público para señalar al Poder Judicial como el obstáculo para consolidar la cuarta transformación.
- Evitar el debate sobre qué sucederá con los recursos asignados al Insabi, cómo manejará la Sedena aquellos ingresos por derechos de las personas turistas que ingresan por tierra o mar, anteriormente asignados a Fonatur para la promoción turística y otras interrogantes, disfrazando la agenda pública con las reformas populares como la de la Ley Minera y la Ley 3 de 3.
- Matar muchos pájaros de un tiro y medir qué tanto pueden lograr las mayorías de Morena junto con sus aliados, dejando inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, terminando con el antiguo y “neoliberal” Conacyt, excluir a investigadores de universidades privadas, continuar empoderando a las fuerzas militares económicamente, consolidar la aerolínea oficialista, entre otros. Experimentar hasta donde le basta a la oposición antes de rendirse y orillarla a negociar.
Y no me malinterprete el lector: no todo lo aprobado es negativo, hubo algunos logros como la reforma constitucional para que agresores acusados de violencia doméstica, violación o abandono de obligaciones alimentarias no accedan al poder. La #3de3contralaviolencia pasará a las legislaturas de los estados para dar trámite. Sin embargo, el riesgo de que sea invalidada por las violaciones procedimentales está latente. Permite, a su vez, la construcción del enemigo perfecto: ¿Quién se negaría a que un agresor tuviese impedido hacerse de escaños? Sin embargo, el problema ha estado en la forma más que en el fondo y como diría Jesús Reyes Heroles, en política “la forma es fondo”.
Hechos
- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, ha realizado un proyecto con el que se prevé que en próximos días sea invalidada la primera parte del “Plan B” electoral del presidente López Obrador. Con tal proyecto, las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarían totalmente inaplicables. Los argumentos para la invalidez que se desarrollan en el proyecto que se ha filtrado se resumen en dos grandes violaciones: la primera, al debido proceso legislativo, ya que si recordamos la sesión en la que aquellas reformas fueron aprobadas, alcanzaremos a reconocer similitudes con la vivida el viernes pasado en el Senado: en “fast-track”, con dispensa de trámites, sin tiempo para que fuese dictaminada en Comisiones, sin debate ni oradores en Tribuna, sin reservas ni cambios, prácticamente, sin lectura por parte de las y los legisladores que las votaron. Lo anterior, podría violentar según el ministro, al principio de deliberación democrática, pues no se tuvo conocimiento del fondo de las reformas ni hubo análisis que alcanzara a recabar la opinión de los afectados directos de tales reformas. El segundo argumento es que el presidente no se encontraba en tiempos constitucionales para enviar iniciativas de carácter preferencial, pues recordemos también que el “Plan B” fue la consecuencia directa de no tener consenso con la oposición para una reforma electoral de profundidad. La ley ordena que las iniciativas preferentes sean presentadas en el momento de apertura de cada periodo ordinario de sesiones. Además de que el Senado dejó fuera a la Comisión de Puntos Legislativos al momento de revisar las iniciativas presidenciales, dejando que únicamente fuese la Comisión de Gobernación la que sesionara violando el reglamento interno del propio Congreso.
- Facultades universitarias han entrado en paro en rechazo a los cambios a la Ley del Conacyt, pues más allá del cambio estético y aparentemente amplificador de los objetivos para la institución de la ciencia que incluyó a las humanidades en sus siglas, las agrupaciones estudiantiles, de investigación, profesores, becarios y organizaciones de la sociedad civil han acusado la “militarización de la ciencia” así como la puerta a que el presupuesto de las becas sea manejado a discreción, ya que la reforma aprobada en la Casona de Xicoténcatl modifica el esquema de entrega becas. En principio, establece que los recursos públicos que se destinen se otorgarán sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras (eliminando al Conacyt del mecanismo) con el fin de garantizar la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritos en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en todas las áreas de las ciencias y las humanidades.
- El “Ebrardorismo” ha comenzado a marcar su distancia a partir de la renuncia de una de las funcionarias más eficientes, pero también más cercanas a Marcelo Ebrard. La subsecretaria Martha Delgado ha sido honesta y transparente en optar por ir a la precampaña del canciller, agradeciendo, pero a su vez, marcando distancia de López Obrador.
¿La próxima reforma podrá evitar que se geste otro movimiento estudiantil o feminista? ¿O será que la inestabilidad y violencia podrán ser detonadores perfectos en contra de los poderes que frenan la voluntad presidencial? La tensión se tensará mucho más de confirmarse que la filtración del proyecto judicial es fidedigna y peor: si es que en sesión del pleno alcanza 8 de los 11 votos, el mínimo necesario para tirar la primera parte del “Plan B”.