El lector recordará la tragedia acaecida hace algunos días, donde 53 personas perdieron la vida hacinadas dentro de un remolque en San Antonio, Texas. Entre ellos se encontraban -según fue informado- 26 mexicanos.
Este trágico suceso ha puesto nuevamente de manifiesto la crisis fronteriza que se vive todos los días en aquella región del mundo. Por un lado, nos recuerda la crisis económica que pervive en México, lo que obliga a padres de familia mexicanos a buscar un mejor destino en Estados Unidos ante la falta de oportunidades que ofrece México.
Con el deseo de realizar el “sueño americano”, mexicanos apuestan por pagar altas sumas a contrabandistas o “polleros” para que estos les transporten peligrosamente, muchas veces en condiciones deplorables, hacia el otro lado de la frontera. Como bien apuntaba hace unos días el ex canciller Jorge Castañeda en el programa Es la Hora de Opinar, el negocio del transporte de migrantes hacia Estados Unidos se ha encarecido debido a los peligros que conlleva una mayor seguridad fronteriza por parte de las autoridades federales, y en general, por el creciente control ejercido para detener el paso de los migrantes.
Ello ha conducido -en palabras de Castañeda- a que los traficantes cobran sumas que ascienden a los 5,000 dólares para el transporte de una persona. En un sencillo ejercicio matemático, si se trata de tres miembros de una misma familia, el pollero estaría recibiendo alrededor de 15,000 dólares (léase, unos 300,000 pesos) por cada familia; un negocio que parece incrementar, pero que, a la vez, se vuelve más peligroso.
Según fue informado por Marcelo Ebrard, los presidentes AMLO y Joe Biden se reunirán el próximo 12 julio. Como es bien sabido, el principal asunto que será abordado por los jefes de Estado será el problema migratorio.
El asunto recae en ambas partes. Por el lado de México, AMLO y su gobierno, en vez de regodearse públicamente sobre el incremento de las remesas (lo que el presidente mexicano ha hecho torpemente pues ello trasluce la incapacidad de su gobierno de crear las condiciones y los incentivos que los migrantes mexicanos permanezcan en nuestro país) deben actuar para que nuestros connacionales no opten por cruzar la frontera ilegalmente.
Del lado estadounidense, la situación pinta sumamente compleja. El presidente Biden, quien no goza hoy de altos niveles de popularidad (derivado principalmente la altísima inflación resultado del dinero puesto en circulación como respuesta a la crisis provocada por la pandemia) está obligado, frente a las presiones que enfrenta el Partido Demócrata con miras a las elecciones intermedias de noviembre, a responder fuertemente para detener la migración ilegal.
El resurgimiento del trumpismo dentro del Partido Republicano (quizá no de Trump, pero sí de la corriente de extrema derecha que algún día encabezó el neoyorquino) y de las posibilidades de que diputados que abrazan esta ideología se alcen con escaños en la Cámara de Representantes, obligan a Biden a defender la integridad de la frontera sur y a reforzar las medidas de control en contra de la inmigración legal.
Por tanto, la reunión del próximo 12 conducirá seguramente a nada en materia migratoria. AMLO, para la mala fortuna de México, seguirá haciendo alarde del récord alcanzado en el envío de remesas desde Estados Unidos. Lamentable.