El escándalo
SDPNoticias dio a conocer la nota: “Javier Laynez Potisek, ministro de la SCJN, está en libertad supervisada por conducir borracho”.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Torreón, Coahuila.
Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de ese municipio detuvieron al ministro Laynez porque, supuestamente, conducía un vehículo en estado de ebriedad.
El ministro novato
Tal vez Javier Laynez Potisek se habría ahorrado muchos disgustos si hubiera denunciado, en su momento, lo que la prensa descubrió tres días después.
Se vio novato al no dar a conocer su versión de inmediato. Informó acerca de lo que pasó solo después de que fue exhibido en SDPnoticias y, posteriormente, en otros medios de comunicación.
Consideraré válida la explicación del ministro Laynez, no porque le crea, sino solamente para hacer posible la discusión.
Dijo Javier Laynez Potisek en un comunicado:
- “Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo”.
- “La detención se realizó por un agente de la policía municipal de Torreón, totalmente fuera de cualquier protocolo de alcoholímetro; no había ni retén, ni un médico, ni alguna autoridad municipal mucho menos algún representante de derechos humanos”.
- “Para justificar la detención el agente anotó una infracción de tránsito (‘cambio intempestivo de carril’), de la cual me enteré al día siguiente y solo hasta en el momento de pagar la multa”.
- “Ante mi reiterada petición al agente de que me remitiera con la autoridad competente para aclarar mi situación, me retuvo 25 minutos en la calle porque ‘estaba obligado’ a esperar a su ‘comandante’, el cual llegó acompañado de una grúa. Quiero señalar que pretendieron dejar a mi hermana sola, sin coche a las 2 de la mañana en el centro de la ciudad y le sugirieron simplemente que tomara un taxi”.
- “En ningún momento durante este evento hice ostentación de mi cargo, ni intenté sobornar o corromper a la policía, ni usar o traficar con influencias, tan cierto estaba que actuando correctamente se aclararía la situación”.
- “Al llegar a lo que entiendo es el centro de detención, en lugar de encontrar a una autoridad y/o médico ante quien pudiera exponer mis argumentos o incluso aceptar mi responsabilidad si fuera el caso, me quitaron mi celular y fui introducido sin más en una celda. Solo me dijeron que la autoridad llegaba al día siguiente, quizás a las 9 de la mañana”.
- “Al día siguiente, ahí en las oficinas solicitaron a mis familiares 6 mil 500 pesos, ‘únicamente efectivo’, y a pesar de la solicitud expresa, se negaron a emitir comprobante alguno. Esto desde luego es independiente del pago de las multas ‘oficiales’ las cuales sí se pagan en el ayuntamiento y de las cuales sí hay recibo.
- “Nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público”.
- “No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme”.
¿Quién protege a los ministros?
Lo de menos es si el ministro Laynez fue víctima de un abuso de parte de un mal policía de Torreón o si, por el contrario, cometió una falta por la que debía ser castigado.
El hecho verdaderamente relevante —y muy preocupante— es otro: que el mencionado integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya viajado, sin seguridad de ningún tipo, a ese municipio que visita con frecuencia porque en el mismo nació y en el que reside su familia, es decir, un lugar en el que sus movimientos —frecuentes y necesariamente repetitivos— son fácilmente conocidos por cualquier persona que desee hacerle daño.
¿Fue negligente el ministro Laynez y decidió dejar en la Ciudad de México a su equipo de seguridad, esto es, a sus guardias y chofer? ¡No tenía opción: no cuenta con equipo de seguridad!
La verdad de las cosas es que los integrantes de la SCJN, excepto el ministro presidente, no tienen mayor seguridad en la capital mexicana —cuentan, nada más, con el apoyo de un chofer y un coche blindado—, así que si viajan, lo hacen sin protección especial.
Debemos todos sentirnos satisfechos de que al ministro Laynez sólo lo hubiese detenido, en las calles de Torreón, un policía municipal abusivo —o que cumplía con su deber, lo mismo da—.
Porque si hubiese ocurrido que un comando del crimen organizado, de los que abundan en todo México, le hubiera ordenado parar el coche —un viejo Stratus obviamente no blindado— estaríamos ahora todos los mexicanos en una seria crisis política.
Evitemos problemas mayores: que se incremente, ya, la seguridad en la SCJN
¿No valdría la pena remediar esa situación, ya sea con la ayuda de los gobernadores cuando los ministros viajen o bien del Ejército y la Marina?
El ministro Laynez reside en la Ciudad de México —donde, al menos, utiliza un vehículo blindado— y viaja con alguna frecuencia a Torreón a ver a su familia.
Los otros ministros y las otras ministras viajen menos, pero si lo hacen —por vacaciones o por cualquier otro motivo—, excepto el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, lo hacen sin equipos de seguridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se sabe, está dividida en dos salas y la integran tres ministras y ocho ministros:
- 1. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente).
- 2. Ana Margarita Ríos Farjat (presidenta de la primera sala).
- 3. Juan Luis González Alcántara Carrancá (primera sala).
- 4. Norma Lucía Piña Hernández (primera sala).
- 5. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (primera sala).
- 6. Jorge Mario Pardo Rebolledo (primera sala).
- 7. Yasmín Esquivel Mossa (presidenta de la segunda sala).
- 8. Javier Laynez Potisek (segunda sala).
- 9. Luis María Aguilar Morales (segunda sala).
- 10. José Fernando Franco González Salas (segunda sala)
- 11. Alberto Gelacio Pérez Dayán (segunda sala)
AMLO, actuar de inmediato
En el poder ejecutivo, presidido por Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la política de austeridad republicana, sobran secretarios y secretarias —y hasta subsecretarios y subsecretarias— con mayores equipos de seguridad que los ministros y las ministras de la Corte.
No es correcto que el Estado mexicano financie la seguridad de numerosas personas —por conocidas que sean debido a su trabajo junto al presidente AMLIO— evidentemente con menor relevancia que quienes integran el poder judicial.
El presidente López Obrador debe llamar a una reunión urgente a las cabezas de la Guardia Nacional y de las secretarías de Marina y Defensa para que trabajen con Arturo Zaldívar y el Consejo de la Judicatura un plan, por costoso que sea, para garantizar la seguridad de quienes toman las grandes decisiones en la SCJN.
La independencia de ministros y ministras depende de muchos factores, entre ellos, la certeza de que puedan recorrer el país sin riesgos personales evitables.