La sobrepolitización postelectoral le está haciendo daño a nuestra economía. Podríamos argumentar que se trata de una turbulencia financiera más, pero no debemos dejar de ignorar: 1) que dicha turbulencia se puede prolongar por más tiempo, porque deviene de una propuesta de reforma que cambia estructuralmente nuestro sistema de justicia; y 2) que aun cuando no se quiera, si existen efectos perniciosos que rompen con la natural estabilidad económica que debe prevalecer, sobre todo, al alterar costos “claves” como lo son el tipo de cambio y la tasa de interés.
He señalado en diferentes ocasiones mi desacuerdo con la reforma judicial por las siguientes razones:
1. El simple voto popular no significa la separación del sistema judicial del poder económico y habría que agregar, del poder político y otros fácticos. Nada garantiza que en los procesos de elección popular no intervengan individuos, grupos o cámaras con influencia económica; o gobernadores, presidentes municipales o caciques locales o los mismos partidos políticos; además de que no se muevan los tentáculos de la delincuencia organizada.
2. Se requiere de preparación y experticia; de lo contrario, el sistema judicial carecería de sentencias fundamentadas conforme al derecho y de elucubraciones de calidad ante los dilemas naturales que se presentan en la vida social, política y económica de un país con una naturaleza diversa y contrastante.
3. Se quiera o no, las decisiones de inversión y las que se derivan del libre comercio si dependen de que exista un sistema judicial sólido y no de uno que empiece con andaderas.
Para evitar que se expanda esta crisis política –que ya no es menor– al campo económico, se podría pedir a los magistrados y jueces que dejen de protestar, pero ahí tiene razón el presidente de la república están en todo su derecho, máxime si sienten que se están conculcando sus derechos. Los opositores políticos, sobre todo, los partidos y las agrupaciones políticas, deberían ser más conscientes; no obstante, tampoco se les puede pedir que no enarbolen esta causa, aun cuando el periodo electoral haya pasado. Los medios y los comunicadores viven justo de las noticias y le sacan el mayor provecho posible a aquellas que polarizan a la sociedad o que ponen en entredicho la buena conducción del gobierno, más, cuando no están de acuerdo con él ejecutivo y con el partido político en el poder; lo que los hace sumarse a la lista de opositores.
Para acabar con la crisis política que ha originado la reforma judicial, se tendría que pensar que todo se va a solucionar naturalmente, con el simple desgaste de la protesta. Sin embargo, esta no ceja, más aún, cuando se están involucrando otros poderosos agentes externos. Esto resulta inevitable, estamos en un país que propugna por el libre comercio y que, por ende, progresivamente está más abierto al mundo. Se puede fijar una posición en torno al concepto de soberanía nacional, tal como lo señala nuestra Constitución; sin embargo, no se puede evitar que gobiernos y medios internacionales pongan en duda el efecto que tendrá en las relaciones comerciales una reforma judicial que conciben como poco estructurada y que no garantiza la imparcialidad de las sentencias judiciales. El presidente de la república ha fijado una posición correcta en torno a nuestra independencia y autonomía; lo que creo no conveniente es que día a día alimente esa polarización, al cuestionar a aquellos que no coinciden con sus propósitos reformadores, sin importar que sean nobles o no.
El otro gran problema es que la gestión política de un gobierno es como una hidra. Existen definiciones de política económica que no son coincidentes con otras que se ubican en otro ámbito, como es el caso, del de las relacionadas con la política exterior. Surgen, sí, de un mismo tronco, pero se mueven en direcciones distintas. Las definiciones económicas sustentadas en el libre comercio suelen requerir de un mayor contacto con el mundo, aun cuando sólo se hable de actividades comerciales; en tanto que una defensa a ultranza de la soberanía requiere más de un entorno proteccionista, con el propósito de limitar los intentos de injerencia que provienen del exterior y que, desde luego, tienen que ver con sus propios intereses.
Sin tratar de ser reduccionista, se podría decir que la política económica tiene los siguientes objetivos: 1) conseguir el pleno empleo, 2) mantener un nivel de precios estable, 3) propender al equilibrio externo; 4) y mejorar las condiciones de vida de clases sociales mayoritarias. Todo esto lo debe permitir un crecimiento económico continuo y sustentable, por lo que además de los equilibrios macroeconómicos, se requiere de ampliar y diversificar las fuentes de ingreso y los canales de inversión. Poco se podría hacer sin un marco judicial, fiscal, financiero y monetario estable.
Ningún economista o analista podría decir en las condiciones actuales que no está pasando nada o que se trata de una turbulencia financiera pasajera. Cierto, se cuenta con una economía blindada, con una presión fiscal (deuda a PIB) baja y controlable y con reservas internacionales récord que superan los 223 mil millones de dólares. No obstante, la evolución volátil del tipo de cambio ahora es más producto de condiciones internas que modifican las expectativas de inversión tanto de corto como de largo plazos. Los capitales golondrinos vuelan hacia a otros mercados emergentes y suelen presionar a la paridad cambiaria, así como al cúmulo de reservas acumuladas; además de empujar a la tasa de interés para evitar fugas. Esto último, justo ahora cuando se requería de una política monetaria más flexible para contrarrestar la desaceleración económica.
En torno a la inflación, es importante recordar que los precios se ven impactados por el tipo de cambio. El componente subyacente de la inflación, particularmente, el de mercancías, se relaciona en forma directa con el tipo de cambio y es previsible que se revierta la tendencia descendente experimentada desde hace más de un año. El escenario más indeseable que se podría tener es la de una economía con bajo crecimiento, con mayor inflación y con alta tasa de interés.
El intríngulis ahí está y dependemos en sumo grado de tranquilidad para evitar el mayor daño económico posible. Es fácil suponer que el bien mayor es la soberanía nacional y que se tiene que repudiar el injerencismo; de ser así, debe entenderse que inevitablemente se van a suscitar costos económicos. De no querer estos costos, es necesario hacer una pausa y diferir parcialmente algunos puntos de la reforma judicial. Aceptemos que es necesario crear un tribunal disciplinario independiente al poder judicial; también que es indispensable cesar a jueces y magistrados deshonestos o corruptos, a partir de las determinaciones de este tribunal; e, incluso, que es posible designar a los ministros mediante el voto popular; pero no depreciemos con una simple elección ciudadana a la savia que nutre naturalmente al poder judicial mediante un servicio profesional de carrera, esto es, a los jueces y magistrados.