Las reacciones del presidente a la madre buscadora Ceci Flores y a la activista contra la corrupción, María Amparo Casar, confirman que está solo. Sus pulsiones autoritarias se imponen, nadie le aclara que sus señalamientos son en contra de sí mismo, de su propia causa, de su candidata y del registro histórico de su tránsito por la presidencia de la República. Nada lleva al presidente a la mesura, ni siquiera el evidente ambiente de violencia y desbordada criminalidad de todo el país.

Mexicanos mueren por centenas cada semana; periodistas, candidatos y dirigentes políticos encaran la intimidación, la violencia y, en algunos casos, la fatalidad. La política presidencial de abrazos no balazos ha cobrado elevada factura en sangre y libertades. Los medios locales y periodistas prefieren cerrar, abandonar el oficio o guardar silencio por el amago criminal ante el estado de indefensión debido al dominio de los delincuentes sobre autoridades que debieran proveer seguridad y sancionar a quienes se aparten de la ley. La impunidad es la divisa de estos tiempos.

Apenas unos días antes el país se enteró de un reporte con rigor científico sobre el saldo de la gestión oficial durante la pandemia. Ratifica el señalamiento de ese entonces y de después: el comportamiento criminal de los responsables del gobierno, que costó cientos de miles de fallecimientos que no debieron haber acontecido de cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es una evidencia insoslayable y, al igual que la política de inseguridad, ha costado muchas vidas. López Obrador, sin embargo, se abona en los números veleidosos de los sondeos de opinión y niega toda evidencia de sus errores en el gobierno.

El presidente está solo cuando tiene que enfrentar el veredicto de las urnas. De por medio no está la oferta de Morena o sus candidatos, sino la gestión del presidente López Obrador, en un entorno donde el escrutinio al poder es obstruido por la intimidación proveniente desde la oficina presidencial, como queda de manifiesto en los casos de Ceci Flores y María Amparo Casar, paradigmáticos de las acciones presidenciales para contener el juicio sobre su gestión en el poder.

En estos días se da el atentado contra el candidato a gobernador opositor en Puebla Eduardo Rivera. No fue un acto de intimidación, sino una acción dirigida para aniquilarlo. El mensaje es inequívoco, disminuirle a él y a los demás en el frente opositor. Puebla no es la excepción ni un caso aislado. Pero el presidente anda en otras cosas, sus prioridades son electoreras y deja a los mexicanos en indefensión y a las víctimas en el abandono.

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Las noticias se acumulan día con día y al igual que las encuestas de desempeño presidencial se presentan las que anticipan un día de campo para Morena en los comicios próximos. El presidente sabe que no ocurrirá así, que la candidata presidencial oficialista encara una competencia muy diferente a la que plantean muchos de los sondeos de intención de voto. Para su desgracia, cada vez más queda en claro qué se dirime en la elección. Él se encarga de volverlo visible: la tiranía y sus imaginarias certezas o democracia con la incertidumbre que le acompaña. La cita es el 2 de junio. Mientras que el presidente se exhibe en su soledad.

No falta quien considere que la actitud impropia y de sevicia del presidente ante sus adversarios es irrepetible; que hay una candidata con formación diferente y que, de ganar Morena, habría un cambio en todo este periplo de indecencia, ilegalidad y abuso del poder, interesada licencia que obvia al menos dos importantes aspectos: la candidata Sheinbaum ha avalado, en todos los casos una y otra vez la postura de Andrés Manuel López Obrador, palabras que la comprometen y la vuelven rehén de su promotor. Por otra parte, el obradorismo es una corriente política que trasciende a su líder; son formas y un objetivo preciso y definido, cambiar la Constitución para establecer un régimen tiránico, al margen de los contrapesos republicanos, del imperio de la Constitución y de un sistema de justicia que frene el abuso del poder. Asimismo, pretende eliminar la pluralidad en la integración del Congreso y acabar con la institucionalidad electoral que ha garantizado elecciones justas, equitativas y de respeto riguroso al sufragio.

Premonitorio de la tragedia nacional es un presidente solo.