Uno de los primeros objetivos legislativos de la mayoría en el Congreso fue la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de crear la Secretaría del Bienestar y la figura de los superdelegados. Así se hizo. Con los cambios a la ley en 2018, estos personajes, adscritos a la Coordinación General de Programas para el Bienestar, encabezada hoy por Carlos Torres Rojas, tendrían la función de “coordinar” la implementación de los programas de la Secretaría, así como verificar su desarrollo.
Esta reforma a la Ley Orgánica suscitó desde un inicio innumerables controversias. Por un lado, la oposición aduce que se trata de una estratagema del presidente AMLO dirigida a socavar la independencia de las entidades federativas mediante la implantación de un poderoso delegado responsable de “representar al presidente” y de intervenir en los asuntos de los gobernadores. Se trataría, pues, de un embate frontal contra el federalismo mexicano.
En su opinión los delegados fungirían como un contrapeso contra los gobernadores (en aquellas entidades gobernadas por la oposición, desde luego) y como operadores políticos para los objetivos de AMLO y de Morena, especialmente frente a los comicios estatales y las elecciones de 2024.
Los morenistas replican que los superdelegados, a pesar de que su coordinador está adscrito a la Oficina de la Presidencia, tienen como responsabilidad principal vigilar la correcta aplicación de los programas sociales, alejados, pues, de todo objetivo de activismo político.
Ahora bien, tras la reforma de 2018, diputados y senadores de la oposición interpusieron ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad, con el propósito de que el poder Judicial echase para abajo el contenido del artículo 32 de la citada Ley relacionado con los delegados. El día de ayer, tras la votación en el Pleno de la Corte, se alcanzó un empate, pues ante la ausencia de la ministra Loretta Ortiz, cinco de ellos votaron a favor de la constitucionalidad y cinco contra ella.
El lector recordará, en este contexto, que de acuerdo a nuestro marco vigente se requieren los votos de 8 de los 11 ministros para declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal. Por ello, a la luz de lo sucedido ayer en la Corte, se ha rechazado el proyecto dirigido a invalidar el apartado del artículo 32. En otras palabras, la figura de los superdelegados sobrevivirá el ataque de la oposición.
Estas son buenas noticias para AMLO y su gobierno. El presidente mantendrá a estos importantes procónsules que “velarán” por el correcto desarrollo de los programas de la 4T. Revestidos de delegados, AMLO contará con importantes piezas políticas para movilizar a los votantes con miras a las elecciones estatales del presente año, y aun más, rumbo a 2024.