La propuesta de legislación de la llamada “supremacía constitucional” representa una seria amenaza para el respeto de los derechos en México. Tras su breve proceso de ratificación en el Senado, se espera que continúe a la brevedad en la cámara baja y en las legislaturas estatales.
En este contexto, y a manera de breve relato, quisiera referirme al documento que constituye el bloque de derechos consagrados en el ordenamiento jurídico que sirvió como inspiración para el constitucionalismo mexicano del siglo XIX: la Carta de Derechos de los Estados Unidos (Bill of Rights)
En relación con este corpus, conocido como la Bill of Rights, surge como la voluntad inicial del constituyente para defender los derechos de los estadounidenses ante eventuales abusos del poder por parte del Estado.
Al día de hoy, este acervo regula las relaciones de los ciudadanos y el gobierno, a la vez que establece los límites al poder de las autoridades públicas. En otras palabras, las diez enmiendas fueron el resultado de la búsqueda de la protección de los derechos inalienables de los ciudadanos.
México, por su parte, en su Constitución de 1824, se inspira de los contenidos de la carta magna estadounidense, por lo que se convierte en la salvaguarda de la protección de los derechos de los mexicanos contra la intromisión del Estado.
En 2011, en la búsqueda del fortalecimiento de la protección de los derechos, el Estado mexicano, mediante una reforma constitucional al artículo primero, consagró a nivel de la carta magna las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, colocándose a la vanguardia con otros ordenamientos jurídicos tales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por lo anterior, la embestida perpetrada por el oficialismo contra la carta magna, se trata de una contravención, y si se quiere, de una traición a la historia de los principios del constitucionalismo mexicano.
El oficialismo, contrario a los hechos y a los valores democráticos, pretende utilizar a la Constitución en un sentido contrario a sus orígenes. En vez de expandir los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de la autoridades, busca eliminarlos con la intentona de destruir cualquier vía de impugnación.
Ello se traduciría, como seguramente se consumará mediante la ejecución arbitraria de las mayorías artificiales, en un estado de indefensión de las minorías frente a una tiranía despótica dispuesta a destruir el Estado de derecho.
México vive hoy un grave retroceso en materia de democracia constitucional, de respeto al orden y de defensa de los derechos. La mayoría tiránica, arrogándose la representación de la totalidad de la voluntad del pueblo de México, atropella, vapulea y destruye las instituciones que por años sirvieron de faro en la defensa de los derechos de los ciudadanos.