Mentiría si dijera que he analizado a profundidad el Manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro de Benito Juárez. Ni siquiera lo he leído. Más o menos conozco la esencia de su contenido por artículos periodísticos a los que, durante años, he tenido acceso. Cito enseguida la reseña que de tal obra aparece en la página de internet de Amazon:
“En el momento en que se divulgó en Europa la noticia del fusilamiento de un miembro de la Casa de Austria, tanto México como su legítimo gobernante, Benito Juárez, fueron atacados. Este, pese a no haber necesidad de hacerlo, decidió redactar un manifiesto en el que daba cuenta de las razones por las cuales Maximiliano de Habsburgo había encontrado la muerte. En este documento, el lector hallará la explicación detallada de las implicaciones que tuvo la intervención de una nación extranjera que atentó contra la soberanía de México, sus consecuencias y el resultado final”.
Nada obligaba a Juárez a dar una explicación. Consideró que debía hacerlo para que a México se le dejara de insultar en el extranjero con calificativos brutales, como que el nuestro era un país de salvajes gobernado por “un indio que sació su sed de sangre” con el fusilamiento de Maximiliano.
La verdad de las cosas es que Maximiliano fue condenado en un juicio perfectamente legal, en el que se le encontró culpable de un delito gravísimo: invasión a México. No procedía el indulto y el único castigo posible era la pena de muerte. Quizá Benito Juárez pudo haber torcido un poco la ley para perdonar al invasor, pero ello habría alentado a más personas poderosas a intentar una nueva invasión.
El principal problema del gobierno mexicano en la actualidad no es el riesgo de intervenciones extranjeras —pese a tantas habladas en Estados Unidos me parece que, objetivamente vistas las cosas, tal posibilidad es inexistente—.
Ahora el gran problema de nuestro país tiene que ver con las finanzas públicas. El dinero no alcanza para financiar los proyectos de infraestructura y los programas sociales que se necesitan para el avance de México y, sobre todo, para tender la mano a millones de personas que viven en situación de pobreza.
Por muchas razones el dinero no alcanza. Sin duda ha habido demasiada corrupción —no ha terminado de morir en la 4T: Claudia Sheinbaum deberá poner mucha de su atención en ello—. Tampoco ayuda a las finanzas del gobierno que una gran cantidad de personas vivan en la informalidad y, por lo tanto, no paguen impuestos. Pero la principal causa de que la administración pública no tenga suficiente con sus ingresos es el fraude fiscal, particularmente el de los llamados grandes contribuyentes.
Durante muchos sexenios se ha tratado de motivar a la gente a cumplir sus obligaciones con campañas que siembran miedo. Porque el fraude fiscal es un delito que se castiga… o debiera castigarse. En los años setenta del siglo pasado tuvo éxito mediático la campaña de Lolita y Dolores: “Cumples y te encuentras con Lolita, fallas y te enfrentas a Dolores”. Todo el mundo cantaba el jingle, pero la recaudación no aumentó significativamente.
Se intentó reforzar la campaña de terror arrestando a personas famosas, especialmente del mundo del espectáculo, que no habían pagado impuestos —lo cierto es que nunca se habló de fraudes fiscales gigantescos de cantantes que ganaban bien, pero estaban lejos de ser multimillonarios—. Esto quizá impresionaba a la mayoría de la gente, pero no a los potentados que, por sus relaciones en el gobierno y en la judicatura, pagaban poco y, el colmo, hasta conseguían que se les regresara lo que habían pagado.
En 2021, Patricia Gutiérrez Moreno y Jacobo Gerardo Reyes Salinas publicaron un interesante ensayo, “El fraude fiscal en México: una revisión de sus causas y motivaciones”. Aquí puede consultarse.
El objetivo del trabajo de Gutiérrez Moreno y Reyes Salinas “se centra en identificar los principales motivos que originan y motivan la comisión de actos fraudulentos; partiendo de la hipótesis de que existe resistencia ciudadana a la contribución voluntaria y consciente, atendiendo al mal uso de los recursos recaudados por parte del estado”.
El análisis mencionado es interesante. Lo leí y llegué a la conclusión de que las motivaciones para el fraude fiscal son básicamente dos:
1.- La ética (o falta de). Hay quienes cumplen con Lolita no por miedo a Dolores, sino porque son personas responsables que perciben “la tributación como un medio necesario para alcanzar el desarrollo de la sociedad donde viven”. Pero también hay gente que incumple con Lolita porque no le tiene miedo a Dolores, que claramente es el caso de los empresarios más ricos de México, quienes se habían sentido absolutamente protegidos por ejércitos de abogados y contadores y, especialmente, porque sabían que tenían fuertes relaciones de complicidad en el poder ejecutivo y en el poder judicial.
2.- La ausencia de educación fiscal. Habrá personas, y no serán pocas, que no cumplen con Lolita “por desconocimiento de su deber como contribuyentes”. No merecen que Dolores les aplique todo el rigor de la ley.
Toda proporción guardada y sin dudar de su patriotismo, el Maximiliano de la 4T se llama Ricardo Salinas Pliego. Lo entendió así el presidente Andrés Manuel López Obrador y decidió no perdonarlo ni darle oportunidades para pagar menos de lo que, en opinión de la autoridad hacendaria, este empresario debe —que es una cantidad enorme—.
Otros magnates aceptaron las nuevas reglas: en el sexenio de AMLO sí iban a hacer lo que antes no hacían: tomar chocolate y pagar lo que debían a la hacienda pública. Evidentemente no lo hicieron por cívicos, sino por miedo a Dolores, que con AMLO se convirtió en una muy feroz defensora del dinero público.
Salinas Pliego no aceptó el nuevo sistema y decidió que no iba a pagar lo que debía. Era su derecho y procedió como pensó que era lo mejor para él.
La decisión final acerca de los impuestos de Salinas Pliego está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que el próximo 9 de octubre la segunda sala de la cúpula del poder judicial discutirá el asunto. Ojalá actúen con total responsabilidad tres ministros y dos ministras. Ellos y ellas sabrán si se ponen las togas de los abogados de Maximiliano o las otras, la de representantes de Juárez. Mucho del futuro desarrollo de México dependerá de lo que hagan muy pronto Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek.
Cuando en la segunda sala de la SCJN se vote ya no estará Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, sino Claudia Sheinbaum. Si deciden lo justo, la presidenta algo bueno hará —quizá apoyar al inundado Acapulco— con todo ese dinero que un hombre tan rico nomás no ha querido pagar.