Existe una falsa dicotomía en el debate sobre el recorre de 13 o 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, consistente en que los polos del tema argumentan que esto fideicomisos permiten que se brinde una mejor justicia al ciudadano o que pueden cubrir prestaciones de un pesado elefante que apenas y se moviliza ante la injusticia. La realidad, es que ni estos fideicomisos definen o trastocan la justicia cotidiana ni con mantenerlos queda arreglado el problema de acceso a la justicia.
Para empezar, es necesario entender que la justicia se busca principalmente en la instancia local, o sea, ante los juzgadores de primera instancia que dependen directamente de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad. Esto implica que, ante esta instancia, los retos presupuestales tienen una relación directa con el elevado nivel de corrupción en el sentido de que los recursos son limitados y en algunas materias, como la familiar, los asuntos rebasan la capacidad operativa ocasionando rezago y favoreciendo que aquellos asuntos en que los abogados puedan presionar o incentivar económicamente, haya una respuesta más pronta que en los demás. Algo desafortunado, pero real.
Hablar de quienes logran acceder al poder judicial de la federación pasa, necesariamente, por entender que a esta instancia se recurre por amparo o por asuntos en los que el interés de las partes involucra necesariamente acceso a defensas legales. Plantear que desaparezcan fideicomisos del Poder Judicial Federal sin que se acompañe de estrategias para fortalecer a los poderes judiciales locales si es un despropósito. Pues por un lado, la burocracia dorada de buenos sueldos y largos tiempos se encuentra en este poder y ciertamente, ha tenido símbolos de despilfarro que son desafortunados como el acceso a automóviles nuevos de lujo cada año, alimentos en restaurantes incluidos, etcétera pero desaparecer fideicomisos de un plumazo se acerca más a una especie de castigo.
En la urgencia por reformar el poder judicial, pasan varios temas que ahora mismo parecen estar en segundo lugar, como aumentar la cantidad de juzgadores locales, disminuir los tiempos de resolución, acotar el uso y abuso del amparo o de otros recursos que han hecho que buscar justicia se llene de medios de impugnación y estrategias para entorpecer juicios, evitar ejecuciones de resoluciones condenatorias o “ganar tiempo”. Pero también es una realidad que el dispendio puede ser ofensivo en un país en que reina la impunidad.
Justicia agresiones digitales
Uno de los grandes pendientes en materia de prueba y capacidad de autoridades judiciales está en las agresiones que se cometen en el espacio digital, que prácticamente, son competencia de la justicia que cada plataforma pueda brindar a través de mecanismos robotizados que se limitan a denunciar contenido. En días recientes, un alumno del Instituto Politécnico Nacional fue expulsado y denunciado por haber generado cerca de 50 mil imágenes de contenidos sexuales falsos a partir de los rostros de sus compañeras con inteligencia artificial, mismos que fueron comercializados y editados en un iPad que le fue encontrada.
Los “deepfakes” son una tecnología que utiliza inteligencia artificial (IA) para crear contenido audiovisual falso y realista, generalmente mediante la manipulación de videos, imágenes o audio. La palabra “deepfake” proviene de la combinación de “deep learning” (aprendizaje profundo, una técnica de IA) y “fake” (falso en inglés). Estos algoritmos de aprendizaje profundo pueden modificar o reemplazar características faciales y voces en videos existentes, haciendo que parezca que una persona está diciendo o haciendo algo que nunca hizo.
Esta tecnología puede tener un gran impacto en la sociedad y en la percepción de la realidad. Ahora mismo, mientras se debate si en el poder judicial federal los altos mandos como magistrados y ministros pueden acceder a grandes beneficios como alimentos en restaurantes de lujo, la guerra informativa se construye con inteligencia artificial que puede influir en las personas a través de contenido altamente sensible y falso. El reto para el poder judicial y la prioridad de inversión, antes que mantener aquellos fideicomisos, tendría que centrarse en los poderes judiciales locales, así como en combatir los deepfakes mediante identificar cualquier tipo de manipulación de información: Los deepfakes pueden utilizarse para manipular información y difundir noticias falsas. Por ejemplo, se pueden crear videos de políticos o figuras públicas diciendo cosas falsas o comprometedoras, lo que puede influir en la opinión pública y la toma de decisiones y que seguramente será una de las estrategias en las campañas que se avecinan.
Centrarse en la difamación y desinformación: Los deepfakes pueden ser utilizados para difamar a personas al crear contenido falso que dañe su reputación o credibilidad. Esto puede tener consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de la persona afectada, que pasa por la extorsión y chantaje cuando los contenidos falsos son utilizados para extorsionar a individuos al crear contenido falso comprometedor y amenazar con difundirlo si no se cumplen ciertas demandas. Actualmente, la materia de prueba radica única y exclusivamente en los particulares, en los peritos que puedan contratar y no así en un sistema probatorio público que permita un acceso objetivo a la justicia. Los fideicomisos seguramente terminarán protegidos mediante juicios de inconstitucionalidad del decreto que los desaparece, sin embargo, vale la pena su debate para enfocar en que el estado del Poder Judicial es crítico por su incapacidad para brindar justicia, combatir impunidad y resolver conflictos… sin embargo, antes que desintegrarlo, lo importante es enfocar prioridades y fortalecer los poderes judiciales locales, con la meta de que su eficiencia y eficacia sea tan alta que los fideicomisos y el poder judicial de la federación, entonces sí, se vaya adelgazando en su carga económica poco a poco.