Este 15 de agosto, por la tarde, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, declaró lo siguiente en el teatro Metropólitan, luego de recibir su constancia del Tribunal Electoral Federal como ganadora de la elección constitucional de junio pasado: “… Vamos a dar fin al (la) USICAMM. Se acabó el (la) USICAMM y vamos a construir juntas y juntos un nuevo sistema que tome en cuenta a los maestros y las maestras y, por supuesto, sin caer en viejas prácticas de corrupción…” (ver el videoshort que compartió el Mtro. Edgar Valladares:
Ayer mismo me preguntaron en redes sociales digitales: ¿Qué es la USICAMM? Contesté: Es una dependencia de la SEP que se encarga de administrar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de docentes y directores escolares de educación básica y media superior. Es una burocracia dorada que le cuesta cara a la nación y ha servido para legitimar al sistema meritocrático en el magisterio.
Según la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019, en su Artículo 26 establece que: “La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría (de Educación Pública), que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere esta Ley a esa dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica.”
En su Artículo 5, la LSICAMM señala que: “Son sujetos del Sistema que regula esta Ley los docentes, técnico docentes, los asesores técnico pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado.”
¿Cuál es la esencia y la justificación de la existencia de la LSICAMM? En su Artículo 1, esta Ley establece lo siguiente: “La presente Ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que contiene son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.”
La desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) era y es una demanda de las maestras y los maestros, así como de directivos escolares y de asesores técnicos pedagógicos de la escuela pública a lo largo y ancho del país, porque dicha dependencia está marcada por diversas y profundas contradicciones: Ha quebrantado, lesionado y agraviado al magisterio nacional con sus procedimentos no de evaluación, sino de control; por la soberbia con la que se han conducido y manejado sus funcionarios y empleados; y por los atropellos cometidos en contra de las y los docentes de educación básica y media superior.
La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es sólo de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucionales. (Retomo mi comentario: “USICAMM: El mercado y la meritocracia”, SDPnoticias, 21 de junio, 2023).
Contradicciones notables
Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento. ¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares?
Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta formación preparación profesional para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua de docentes en servicio. Se sabe que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.
Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio hacia las y los trabajadores de la educación) por parte del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas (que a veces resultan, éstas, más insultantes que las otras), así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados que se han dado en los trámites, procedimientos y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, sin embargo lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”, SDPnoticias, 23 de junio, 2021).
¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados a favor de la supuesta “revaloración del magisterio”. Aunque se le consideró como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal, esta reforma fue pactada sin turbulencias entre el gobierno federal y la dirigencia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por la Profesora Elba Esther Gordillo.
La reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica. Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos a los salarios para docentes y directivos de la escuela pública: Programa de Carrera Magisterial (PCM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).
Carrera Magisterial, como programa nacional, desapareció por problemas de consistencia interna (no había, aparentemente, correspondencia entre el pago de incentivos a docentes y el logro académico de sus estudiantes) y debido a sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013 (sexenio de Enrique Peña Nieto). No obstante, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional del programa CM”) prevaleció y prevalece.
A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.
Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México. Esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del Poder Legislativo (en este paquete de análisis incluyo a la reforma educativa de 2019); marco legal que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:
1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad o permanencia en el empleo. Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con criterios excluyentes (como lo planteó la reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013); y 2) Evaluaciones no obligatorias o voluntarias (con fines formativos) sin impacto en la continuidad, permanencia o estabilidad en el empleo. En concordancia con el esquema anterior, en este grupo se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el personal docente con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2019).
En ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado o de los colectivos docentes.
¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?
Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).
USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN (un poco más de mil millones de pesos al año); así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe El COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.
¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?
Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.
Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.
Antes de terminar este comentario, quiero mencionar una contradicción más. La zanahoria no es de oro, sino de cartón. Después de todo el peregrinar, de saltar obstáculos y librar los múltiples “peros” que se coloca a las y los docentes para alcanzar un incentivo económico, se entregan a las y los incentivados entre el 35 y el 40% del salario mensual; sin embargo, el sistema responde así a otros grupos de participantes, aun cuando registren altas puntuaciones: “Los recursos no son suficientes para otorgarle el incentivo”. Mientras tanto, las y los funcionarios de alto y medio nivel obtienen salarios de oro y plata.
Juan Carlos Miranda Arroyo en X: @jcma23