Al momento de la redacción de estas líneas, la Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la Miscelánea Fiscal 2022. Esta acción del Legislativo ha provocado un buen número de reacciones por parte de los columnistas y medios de comunicación en general.
El presidente AMLO buscará – ya lo vaticino- vender mediáticamente la miscelánea como una verdadera reforma fiscal dirigida a combatir la opacidad de la operación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y con el propósito de recaudar más impuestos para paliar la pobreza y la desigualdad. Ese será el discurso. Lo veremos. Sin embargo, lo presentado por AMLO en la Cámara Baja dista enormemente de ser una reforma fiscal que responda a las problemáticas estructurales de México en materia de recaudación. En este tenor, México se encuentra muy lejos del diseño e implementación de las recomendaciones hechas por los principales think tanks y organismos internacionales.
Dentro de sus puntos más relevantes se encuentra la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establecerá un tope de 163 mil pesos para la deducción de impuestos para los contribuyentes que aporten recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Muchos críticos de AMLO y de Morena no han escatimado en sus especulaciones en torno a la intención del presidente mexicano de buscar desincentivar a aquellos que apoyan el financiamiento de las OSC, pues AMLO –según aducen- detesta a estas organizaciones pues ponen en evidencia los fracasos de su gobierno.
Esto resulta verdadero para organizaciones como Mexicanos Unidos contra la Corrupción (que publicó recientemente un informe sobre el alto porcentaje de adjudicaciones directas otorgadas por el Gobierno federal) y otras como México Evalúa, la cual ha dado a conocer resultados desfavorables para el discurso mesiánico de la autoproclamada cuarta transformación.
Estas especulaciones sí que tienen fundamento en los hechos, y por tanto, las conjeturas sí que pueden sostenerse a la luz de los hechos y del comportamiento de AMLO y de su gobierno. Sin embargo, lo que sí resulta necesario es que las OSC sean reguladas, pues no es novedad que los poderes fácticos -y criminales- se han apoderado de organismos públicos y privados con el propósito de desestabilizar al Estado.
En suma, las especulaciones en torno a las intenciones de AMLO de hacer desaparecer a las OSC, mediante la Miscelánea Fiscal, pueden resultar excesivas pues encierran un cúmulo de conjeturas, quizá sustentadas parcialmente en la evidencia, pero también en la animadversión expresada por los críticos del presidente. No obstante, el financiamiento de las OSC sí que debe ser supervisado, y si se quiere, regulado, en aras de la transparencia y del trabajo imparcial que debe caracterizarlas.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4