Luego de las polémicas revelaciones que hizo el presidente de la República sobre la pensión que recibe la titular de Mexicanos contra la Corrupción, Ma. Amparo Casar –de $125 mil pesos al mes, luego de la muerte de su marido– me puse a investigar cuales son las pensiones más altas que paga el gobierno mexicano. Aquí los resultados de la investigación periodística, según las bases de datos del ISSSTE, entidad que paga las pensiones de quienes han sido servidores públicos:
La pensión más alta que se paga corresponde a un funcionario que fue representante legal de la SHCP de apellido Salazar –omito otros de sus datos al no ser un personaje publico-. Este abogado recibe al mes $273,876.30 pesos por concepto de “jubilación”. La recibe desde mayo del 2002.
La segunda más alta corresponde a Juan Camilo Mouriño Terrazo, el joven exsecretario de Gobernación que murió en un accidente de aviación, en el 2008, en la zona de Lomas de Chapultepec. Esta es de $253,893.00 pesos al mes y le fue otorgada por “accidente de trabajo”. Sorprende que sea una pensión tan alta, cuando fue poco tiempo funcionario federal (apenas dos años). Sin embargo, hay que aclarar que ya no se paga dado que sus hijos son ya mayores de 18 años y su esposa se volvió a casar, con lo que se perdió el derecho a la pensión.
Lo que se pagaba a la familia del señor Mouriño sí sorprende pues a otro funcionario fallecido, Sebastián Lerdo de Tejada, quien también murió en el cargo, pero que tenía mucho más tiempo como servidor publico, apenas y le tocaron $32,531 pesos al mes. Y eso que a su muerte era el director General del ISSSTE, la dependencia que paga las pensiones. Por cierto, está pensión también ya caducó pues su entonces esposa se volvió a casar y sus hijos alcanzaron la mayoría de edad.
La tercera pensión más alta está a nombre de una señora de apellido “González” por $172,346 pesos al mes. Se le da por “viudez”. Ella es viuda de un integrante de la tripulación del helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, en donde falleció otro exsecretario de Gobernación, Francisco Blake (2011). Esta pensión, tan alta, es producto de varios litigios.
En general las pensiones altas, en promedio, rondan los 80 mil pesos al mes y no son más de media centena en el ISSSTE, fuera de las que arriba se citan.
A primera vista, la única pensión que se pagaba de manera abiertamente irregular era la de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, quien recibía desde el 2005 la cantidad de $32,531 pesos cada mes. Y digo “irregular” pues el señor Muñoz Ledo se jubiló en el 2005, pero con posterioridad volvió a cobrar ingresos al gobierno al ser dos veces diputado 2009-12 y 2018-21. La ley prohíbe tener un ingreso como servidor publico y a la vez pensión. Es pues una obligación suspenderla, por el beneficiario, cuando reingresa al servicio publico. Lo que Muñoz Ledo hizo en varias ocasiones fue burlar la ley para seguir cobrando su pensión. Desde luego, nadie en el ISSSTE se animó a congelarla, que es lo debió de haber sucedido, al ser un personaje tan reconocido en la política mexicana. Pero ahora sabemos también abusivo. A la fecha, la viuda de Muñoz Ledo no ha reclamado la pensión de su cónyuge, a la que ella tendría derecho por viudez.
En general, parece que las pensiones del ISSSTE se procesan de manera adecuada, pero algunas personas que ostentaron altos cargos parece que tienen condiciones más favorables. Entre ellas para Ma. Amparo Casar, quien a la fecha de la muerte de su marido era la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El presidente ha tratado de usar el tema de las pensiones para denostar a la Sra. Casar. Quizá ahora intente quitar algunas otras pensiones, como lo hizo con las de los ex presidentes. Algo que si bien le sumó puntos en lo político fue abiertamente ilegal.
La realidad es que el esquema de pensiones, como prestación de los servidores públicos, es algo que de tiempo atrás se pensó para empatar las condiciones de trabajo de los burócratas con la iniciativa privada (IP). Se pensó que el darles salarios competitivos con la IP, seguros médicos para gastos mayores y plan de jubilaciones haría que tuviéramos mejores servidores públicos.
El presidente López Obrador ya devaluó los salarios de los funcionarios públicos federales, ya canceló los seguros médicos y ahora podría ir tras sus pensiones. Puede esto sonar bien para parte de su electorado, al ser una medida populista. Pero la realidad es que el nivel y preparación de los funcionarios públicos ha decaído dramáticamente.
Basta con ver los retrasos y costos fuera de presupuesto de todas las obras emblemáticas de la 4T. Ante eso no pasaba, o no de manera tan exagerada. Así, por ahorrarnos unas decenas de millones de pesos en salarios y prestaciones de funcionarios, estamos gastando –por mala planeación y hasta corrupción– miles de millones de pesos. Bien dice el proverbio: “Lo barato sale caro”.
Por cierto, el presidente dice en su más reciente libro haber trabajado cinco años de director del Instituto Nacional Indigenista, luego cuatro años en el INCO, Jefe de Gobierno en la CDMX cinco años y presidente seis años. Veinte años de servidor publico en total, lo cual le llevará –si no cambia los actuales criterios– a tener una pensión de poco más de $25 mil pesos al mes. Le van a faltar nueva años de servicio para poder tener el 100% del salario de cotización, que en el caso del presidente de la República esta topado a $32,500 pesos. Pero tener $25 mil pesos al mes, cada mes, como jubilado no está mal.