Así como en México, los juzgadores norteamericanos están recibiendo mares de procedimientos en contra de las órdenes ejecutivas de Donald Trump que son violatorias a derechos fundamentales. Si recordamos que la suspensión contra la ley de la industria eléctrica en nuestro sistema legal fue un detonante para que la Cuarta Transformación enfocara todo su peso contra el Poder Judicial, el paralelismo nos permitiría entender que Estados Unidos inicia una confrontación interna qué podría desencadenar una nueva reconfiguración a la justicia.
El viernes pasado, una resolución sobre infancias trans ha cambiado el designio presidencial en uno de los temas que mayor polémica ha generado.
La jueza del Tribunal de Distrito de EU, Lauren King, en Seattle, emitió una orden judicial preliminar que impide a la administración hacer cumplir dos órdenes ejecutivas del presidente Trump en los estados de Colorado, Minnesota, Oregón y Washington, tras concluir que eran inconstitucionales. King, designada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, coincidió con los fiscales generales de esos estados en que las órdenes ejecutivas invadían la facultad del Congreso para asignar fondos federales al retener subvenciones para investigación y educación de instituciones médicas que brindan dicha atención.
La más reciente decisión de la jueza Lauren King en Seattle es un nuevo capítulo en la creciente tensión entre Donald Trump y el Poder Judicial de Estados Unidos. Al bloquear las órdenes ejecutivas que pretendían retirar financiamiento a instituciones médicas que ofrecen atención de afirmación de género a menores de 19 años, King no solo impidió una medida que negaba la existencia de las personas trans, sino que dejó claro que la presidencia de Trump no tiene carta blanca para imponer su visión conservadora sin enfrentar los contrapesos institucionales.
El hecho es que este tema es un asunto personal. Elon Musk, quien ahora se encarga de la productividad gubernamental y la desaparición de instituciones improductivas, vivió en carne propia que uno de sus hijos transitara y tomara esta causa como bandera. La afectación que supuestamente vivió su familia ha sido tal que el gobierno de Donald Trump ha tomado el tema como un asunto tan serio al nivel de una guerra más. Una ideológica contra la reasignación sexogenerica. Otro juez en Maryland ha bloqueado temporalmente las órdenes de Trump a nivel nacional mientras también evalúa una solicitud de medida cautelar.
La demanda se presentó después de que Trump firmara una segunda orden ejecutiva el 28 de enero, en la que anunciaba que el gobierno “no financiará, patrocinará, promoverá, asistirá ni apoyará la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro, y aplicará rigurosamente todas las leyes que prohíban o limiten estos procedimientos destructivos y que alteran la vida”. Los tratamientos en cuestión incluyen medicamentos bloqueadores de la pubertad, hormonas y, en algunos casos, cirugía.
Más de la mitad de los 50 estados han aprobado leyes o políticas que prohíben la atención de afirmación de género para menores, algunas de las cuales han sido bloqueadas o revocadas por los tribunales. Un desafío a la prohibición en Tennessee ha sido examinado por la Corte Suprema de EU, cuya decisión final podría determinar la legalidad de tales prohibiciones.
El hecho es que estas suspensiones podrían permitir que los fondos sean exigidos por las organizaciones que practican este tipo de asistencias.
El episodio recuerda inevitablemente el choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial en México. Antes de su reforma judicial, AMLO ya vivía la frustración de ver cómo sus iniciativas eran detenidas por jueces que, a su juicio, defendían privilegios y bloqueaban su proyecto de transformación. Con Trump, la situación es aún más alarmante: no solo enfrenta una resistencia legal, sino que su campaña por cumplir lo prometido se ve frustrada y mientras pretende imponerse ante los líderes mundiales de otras naciones, ni en la suya puede cumplir sus planes.
En este contexto, la lucha por los derechos de las personas trans se convierte en un campo de batalla clave. Mientras que en México la resignación sexo-genérica se ha limitado al cambio de documentos para ajustar la verdad legal con la identidad de la persona, en Estados Unidos se pretende borrar por completo la existencia trans del lenguaje gubernamental. Trump busca que el Estado federal solo reconozca dos sexos biológicos y que cualquier financiamiento a tratamientos de afirmación de género sea eliminado. Inclusive, todo documento emitido con un seco que no corresponde a la realidad biológica de la persona esta siendo cancelado para volver a emitirse conforme al sexto registrado al nacer. No es solo una política de restricción presupuestaria: es una declaración ideológica de guerra contra una población históricamente vulnerada.
El problema de fondo no es únicamente la transfobia institucionalizada, sino lo que esta confrontación revela sobre la relación entre Trump y el sistema judicial. La jueza King y otros juzgadores, se han convertido en un obstáculo más en su camino, y la reacción de su equipo no será la resignación. Lo que estamos viendo es la antesala de un conflicto más grande, en el que Trump podría buscar cambios en el Estado de derecho para despojar al Poder Judicial de su independencia y convertirlo en un brazo de su proyecto político.