Decir que una institución pública “no se toca” es tan absurdo como pronunciar la frase “al diablo con las instituciones”. Expresiones que son respetables, pero insostenibles.
Tanto en una afirmación como en la otra, extremas e irracionales ambas, se asoma la inercia de la intolerancia, porque las partes de un sistema democrático siempre serán inacabadas, pero no intocables, y porque el Estado está organizado por instituciones y leyes; éstas últimas son, en esencia, las reglas y los procedimientos socialmente consensuados para establecer la convivencia social.
En un texto con intenciones educativas publicado recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE), se señala lo siguiente: “En los sistemas democráticos, las leyes regulan al Estado y a la ciudadanía y, al mismo tiempo, la ciudadanía ejerce su voluntad al influir en los contenidos de las leyes y los procedimientos que se ejercen para cumplirlos. Cuando los ciudadanos intervienen en la construcción de la Constitución, ésta adquiere legitimidad, es decir, que las leyes obtienen el reconocimiento de la sociedad por considerarse justas. Por esta razón, en su parte orgánica, se prevén mecanismos para que los ciudadanos puedan transformarlas y mejorarlas en favor del beneficio colectivo.” (Luna Elizarrarás, M. E., 2016, Constitución y vida democrática. INE. México).
Tanto las instituciones electorales (INE y Tribunal) como el resto de las instituciones del Estado mexicano (los poderes públicos instituidos) no sólo están construidas sobre la base de los acuerdos alcanzados por la sociedad, a través del marco constitucional y el sistema legal, sino que también son objeto de escrutinio permanente, de cambios continuos y readecuaciones para responder a las demandas sociales.
Por ello, resulta cuestionable el eje principal del discurso de José Woldenberg (orador único), en el sentido de que lo que se ha construido hasta el momento, en materia de instituciones y mecanismos electorales, está bien. Así mismo, encuentro escasa autocrítica en su texto hacia esas mismas instituciones: “No llegamos a una estación final. Tampoco a un paraíso. Apenas a una germinal democracia...”
¿De qué tipo de democracia hablamos? ¿De una democracia representativa o de una democracia participativa? ¿De una democracia con un sentido popular, desde abajo, o de una democracia que reivindica valores libertarios, nacionalistas o por la soberanía de la nación en abstracto, desde la retórica de las élites gobernantes?
Quizá lo más rescatable del discurso de Woldenberg es, sin embargo, su llamado a la pluralidad democrática, al reconocimiento de los derechos políticos y al fortalecimiento del sistema de partidos. Ciertamente, un llamado a la pluralidad es, al mismo tiempo, un llamado al reconocimiento de las minorías.
Ante una iniciativa que envía el presidente López Obrador para modificar o reestructurar al sistema de representación en el Congreso, y a transformar a las instituciones nacionales que tienen el encargo de administrar los comicios., sectores significativos de la sociedad reaccionan y se manifiestan en contra. ¿Cuál es el problema? Ese es el sentido del juego democrático que cuenta con sus respectivas reglas, mismas que habrán de ser respetadas por todas y todos.
Si la apuesta de esa marcha fue de orden cuantitativo, el músculo político no es muy fuerte que digamos. Si la apuesta fue de criterio cualitativo, la diversidad ideológica-política corresponde con el contenido de las consignas.
Digo esto más allá de lo controvertido que pudieron resultar las presencias de algunos personajes que simbolizan o representan a los gobiernos autoritarios del pasado.
Uno de los aprendizajes para la sociedad acerca del significado de la marcha del domingo pasado es, aparte, el hecho de que en democracia las diversas expresiones políticas e ideológicas toman la calle en pleno ejercicio de sus derechos.
El instinto político de AMLO ha sido y es responder con la movilización popular en las calles. A ese terreno han ingresado sus opositores. Eso es lo que hay que esperar en democracia.
Desde que participaba en la oposición con opiniones políticas contrarias al curso que tomaba el régimen priista y panista, la actuación de López Obrador ha sido desde la arena de lo político y con amplia capacidad de convocatoria social. En ello también hay valores democráticos.
Tanto sus adversarios políticos (sectores que forman parte de la clase política y empresarial ubicados en la geometría de la derecha y centro-derecha), no exactamente sus enemigos, como su círculo político más cercano, (que se ha convertido en la élite gobernante emergente), están hechos para la lucha política. Por ello, pienso que no tendríamos por qué preocuparnos por las marchas de coyuntura. Al contrario.
Lo que enseña y nos permite aprender esta marcha del domingo 13 de noviembre de 2022, en defensa del INE y en contra de la iniciativa de reforma electoral del presidente, es la existencia de dos narrativas dominantes y opuestas sobre la democracia en México: La visión de democracia que tiene el presidente López Obrador y la mirada que sobre la democracia tienen sus opositores.
Existe por lo tanto una resonancia importante sobre las dos lecturas opuestas que hay en torno a la noción de democracia. Sectores sociales identificados con una noción de democracia formal, institucional, establecida en la Constitución se hacen presentes. Dirigentes de partidos políticos, líderes de cúpulas empresariales, la llamada “comentocracia” que ocupa importantes posiciones en los medios; sectores de profesionistas, clase media en general, intelectuales, artistas y académicos, entre otros, se han manifestado con toda libertad en las calles y a través de los medios tradicionales y digitales. Es una expresión válida de la cultura democrática en México, hoy.
Las/los simpatizantes y partidarios del ideario democrático de AMLO quizá se mueven, por otra parte, hacia una noción de democracia participativa que se coloca o se ubica en otra perspectiva: En la búsqueda de amplios consensos sociales, desde abajo.
Ambas posiciones se autoproclaman como “democráticas”, pero para coexistir o cohabitar políticamente tienen que caminar sobre consensos sociales más que sobre antagonismos o descalificaciones mutuas.
Un sistema democrático debe de partir (ese “deber ser”) del criterio de reconocer, en primer término, a quien triunfa en las urnas y accede al poder público por elección de la mayoría a través de comicios de consenso, es decir, equitativos, de amplia participación ciudadana, que se desarrollen en un ambiente de libertades y donde tod@s las/los contendientes respeten las reglas establecidas en leyes.
Es un asunto que no se reduce sólo a una lista de procedimientos formales, sino que se extiende al terreno de los contenidos y los valores democráticos.
Twitter: @jcma23 | Correo: jcmqro3@yahoo.com