Que los deudores alimentarios incumplidos no puedan obtener una credencial para votar o una licencia de conducir es una de las medidas sancionadoras más estúpidas que podamos imaginar: complica las cosas aún más a sus acreedores, no solamente a los incumplidos. Incluso hasta la prohibición de obtener un pasaporte afecta a todos. ¿Por qué? Más allá de que la pena puede ser considerada infamante, en un país donde la credencial para votar y el pasaporte son los únicos medios para poder identificarse en el sistema financiero (y, por lo tanto, usarlo), ¿cómo demonios va a poder abrir una cuenta de nómina o cobrar un cheque uno de estos deudores? O, con la precarización salarial que existe, una persona de las clases media baja o baja que está obligada a dar alimentos (que son las clases más numerosas en este país) pierde las opciones de manejar como chofer privado, chofer público, conductor de plataforma de transporte, repartidor o cualquier otro empleo que tenga este requisito.
Vamos, con estas medidas, ¿cómo siquiera va a poder emplearse en cualquier lugar un deudor alimentario? Y quienes siguen quedando en riesgo son aquellos que dependen de esta persona que, de por sí, ya incumple.
Es decir, un niño de padres divorciados, aparte del propio estigma que ya causa el ser hijo de un matrimonio separado y de tener un papá desobligado, ahora será también hijo de un papá que, de plano, ya nomás puede ser limpiaparabrisas o limosnero, sin que nadie pueda embargarle una parte de sus ingresos porque no puede tener cuenta bancaria, todo porque un grupo de legisladores tratan todos los asuntos que tienen en sus manos con la capacidad babosa de una pozolera de esquina a la que un cliente se le escapó sin pagar la cuenta.