El gobierno declara reiteradamente su pretendida fe juarista y lo hace exaltando uno de los apotegmas del Benemérito, en cuanto a encomiar la “honrosa medianía” a la que debían aspirar, en su estilo de vida, los empleados públicos y que ha sido una de las banderas del republicanismo; ello, si bien marca una de sus definiciones más conocidas, no es el único rasgo que lo identifica, ni siquiera el más relevante.
Incluso se podía decir que existen aspectos que se colocan en las antípodas entre el estilo de gobierno que el héroe originario de Guelatao impulsó, respecto de lo que caracteriza a la actual administración; una muy notable es que, en palabras de Jorge Ibargüengoitia, al dibujar a Juárez mencionara que “sus intervenciones eran breves y contundentes”; no parece haber necesidad de contrastar ese estilo en relación a lo propensión declarativa y de confrontación constante con el más diverso tipo de opinadores, que realiza la actual administración, en el marco de una réplica peculiar, pues la tribuna en que se ejerce, en un caso manifiesta al jefe de Estado, en el otro a quien ejerce una libertad de crítica y de opinión como derecho humano.
El tópico referido, cierto, puede marcar meramente una tendencia de carácter personal que no tendría por qué identificar a los mandatarios, pero no es así; más allá muestra un rasgo de moderación respecto de la opinión de críticos y hacia la actitud de la prensa, que no puede estar más distante de lo que ahora sucede, a pesar de aceptar que los hechos históricos no pueden trasplantarse directamente a otras épocas, pero, no obstante, forman pautas que deben ser tomadas en cuenta.
Tal vez un reflejo de ello mismo tenga que ver con la posición asumida por la personalidad más grande de Guelatao, de Oaxaca y del país, cuando en 1867 convocó para elegir a los representantes de los tres poderes, que pretendió acompañarse de un plebiscito para consultar sobre la realización de reformas constitucionales, como medida o instrumento para obviar los requisitos legales para efectuarlas; entre ellas estaban la posibilidad del veto suspensivo del presidente sobre resoluciones del Congreso y para que éste poder legislativo se incorporara la Cámara de Senadores.
El proyecto de plebiscito juarista desató una brutal controversia dentro de los círculos liberales, al grado de ser una de las razones para que algunos de los críticos propusieran la candidatura de Porfirio Díaz para disputar el cargo presidencial en esos comicios, destacando los pronunciamientos contrarios a la iniciativa, de las figuras de Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Vicente Riva Palacio; incluso hubo algunos gobernadores que se negaron a publicar dicho plebiscito, y sucedió que, en ese contexto, también proclamó su aspiración presidencial, Sebastián Lerdo de Tejada. Ante tales circunstancias el gobierno canceló la consulta en cuestión.
Al contrario de la rectificación que hizo Juárez respecto del plebiscito de 1867, el actual gobierno insistió en la inútil consulta ciudadana sobre la pretendida investigación hacia los ex presidentes de la República, al tiempo que mantiene su obsesión para llevar a cabo la de revocación de mandato, sin que haya quien plantee la posibilidad efectiva y la aspiración de que el presidente se separe de su cargo; ni siquiera por los que formulan la solicitud en cuestión, pues lo hacen impulsados por la intención, declarada por el gobierno, porque ésta se realice a fin de mostrar que frente a su supuesta deposición cuenta con apoyo manifiesto para mantenerse en a responsabilidad; aún más, en condiciones donde el titular del poder Ejecutivo goza de amplio respaldo popular y se pervierte la revocación en ratificación, para el goce populista de la administración.
Vale recordar que a pesar de que la Constitución de 1857 había recibido comentarios que criticaban su diseño, especialmente a su condición unicameral y de tendencia a un régimen casi de carácter parlamentario, donde destaca el comentario del entonces presidente Comonfort, cuando señalara “con esta Constitución no se puede gobernar”, Juárez actuó para mantenerla vigente, en medio de condiciones exhaustivas por la brutal guerra de reforma y la de intervención, que reclamaron el ejercicio de facultades extraordinarias, pero con el esfuerzo del propio Juárez para recobrar la normalidad a partir de 1867.
La fórmula de Díaz fue asimilarse a la Constitución del 57, pero no a su régimen político, pues ejerció una domesticación de sus instituciones para injertar ahí el claro predominio presidencial, de forma de someter a la institucionalidad, dominar en las entidades federativas por conducto de los jefes políticos y recelar de los partidos, sólo admitiendo el protagonismo de aquel que admitía su implante personal. ¿A qué se parece eso?