La mayoría de las áreas de la actividad humana profesional y del conocimiento cuentan con prácticas, ceremonias y ritos propios, al igual que con vocabularios y jerga técnica como elementos conocidos, comunes, usados y comprendidos, con los significados correctos, por parte de las personas que integran la comunidad ubicada en torno a cada área de actividad.
En ese contexto, cabe reconocer que el lenguaje jurídico es usualmente complejo y difícil de entender para las personas. Diversos autores señalan que, aunque esta tendencia a la complejidad es actualmente combatida en todos los idiomas hasta el momento no ha sido posible erradicarla de alguno.
Sin embargo, tal combate no ocurre respecto de la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la telemática o el arte.
La explicación es posiblemente sencilla si visibilizamos que el Derecho, sus normas, contenidos, razones y justificaciones, así como las instituciones que actúan o deben actuar conforme a sus válidos motivos y legales fundamentos, son elementos públicos y en tal sentido, comunes a todas las personas. Por ende, estos deben ser transmitidos de forma comprensible, clara, directa y sencilla, a diferencia de los contenidos o expresiones que surgen o puedan surgir en otras áreas de actividad humana como las referidas a modo de ejemplos.
Con tal objeto en mente, en los más diversos países del orbe nos hemos esforzado por acercar el lenguaje jurídico a las personas y en tal camino, hemos arribado a ideas aplicativas y útiles para tales efectos como el “lenguaje ciudadano” o el “lenguaje claro.”
El lenguaje ciudadano comunica a las personas lo que necesitan saber en una forma clara, directa y sencilla, con corrección gramatical y propiedad en el uso del lenguaje. No se trata de una receta para la redacción y comunicación de argumentos, razones o justificaciones jurídicas de modo que todas las personas nos entiendan. En ese orden de ideas, este tipo de lenguaje que paulatinamente se ha ido incorporando por las más diversas instituciones en sus modos de actuar y relacionarse con las personas, busca comunicar efectivamente a las mismas, lo que necesitan saber y de forma que les sea comprensible, clara y útil.
Las y los juristas, en la mayoría de las ocasiones, nos preocupamos tanto por la precisión que queremos imprimir a nuestros textos y comunicaciones, que buscamos llevar tal característica a su máxima expresión y al hacerlo, no reparamos en que fórmulas de expresión menos complicadas o reiterativas pueden conservar el mismo nivel de exactitud respecto de lo que se dice, pero ser mucho más efectivas para comunicar lo que queremos transmitir.
El valor del lenguaje ciudadano o claro, y el de su efectiva incorporación en la argumentación jurídica, está dado en términos de la utilidad que representa su contenido para las personas al ser entendible y así, completar el espectro sustancial de elementos que, por ejemplo, debe colmar el efectivo acceso a la justicia en cualquier materia para tenerse como tal. Lo anterior ocurre porque el lenguaje ciudadano es el último eslabón de una cadena de eventos y acciones de los que depende, en nuestro ejemplo, la justicia.
Sin embargo, por lo general, lo mismo ocurre respecto del acceso a bienes y servicios públicos, trámites, información y demás elementos que, en sus expresiones documentales, para ser útiles a las personas de cara a su posibilidad de ejercer otras libertades y derechos que les corresponden, deben ser comprendidos de manera clara, sencilla y directa en cuanto a su contenido, significado y efectos. Pues, solo así, podrán representar certezas y servir de base al avance y libre desarrollo personal de cada una de ellas.
Las razones del Derecho, sus justificaciones, motivos y lógicas deben ser cabal y claramente, comunicados y compartidos con las personas destinatarias de éstas. Hacerlo así, sirve a la socialización debida de tales elementos entre las personas.
El acercamiento entre instituciones y personas por el lenguaje es importante. Las instituciones, en esta dinámica, han tomado la iniciativa de develar sus argumentos de manera transparente y así, conectar con la sociedad en un nivel de comprensión diverso. Avanzar por esta ruta de acercamiento es hacerlo también por la de la rendición de cuentas entendida más allá de una responsabilidad exigible por vía de controles ciudadanos; es concebirla como una comunicación dinámica, responsiva y responsable que precisa del mutuo entendimiento.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX