En el fragor del debate judicial, la ministra Lenia Batres no titubeó en lanzar una nueva ofensiva contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuestionando su facultad para invalidar leyes por presuntas violaciones al proceso legislativo. Sin embargo, encontró una resistencia inesperada por parte de tres de sus colegas en el Pleno.

A varias semanas de su presencia en la Corte, la autodenominada “ministra del pueblo” continúa sin sentirse parte de la más alta tribuna que examina la constitucionalidad en el país. Se nota en sus palabras. En 7 días, se cumplirán 5 meses del nombramiento de Batres como ministra. Ha protagonizado lecciones completas sobre constitucional y confrontaciones.

En la sesión de este lunes, los titanes del derecho se enfrascaron en una encarnizada batalla dialéctica sobre la constitucionalidad del decreto número 1230, emanado del Congreso de Morelos. Este documento extendía por dos años adicionales el mandato del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, programado originalmente para concluir en mayo de 2024, postergándolo hasta mayo de 2026. Fue la ministra Margarita Ríos Farjat quien lideró la propuesta de declarar inválido dicho decreto, argumentando que esta extensión transgredía el principio de independencia judicial y de irretroactividad.

Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó contundentemente que las irregularidades legislativas sí invalidaban el decreto, señalando un vicio que llevaba inexorablemente a la inconstitucionalidad del mismo.

La confrontación se intensificó cuando la ministra Batres Guadarrama se sumó al debate, cuestionando la autoridad de la SCJN para revisar aspectos concernientes al ejercicio legislativo. Dijo que la Corte se extralimitaba. Enfatizó que la Corte no debe suplantar al Poder Legislativo en sus funciones y que la división de poderes exige abstenerse de hacerlo. Argumentó que la Corte estaba excediendo sus facultades al calificar conceptos de democracia inexistente en la Constitución, como la democracia deliberativa. (De nuevo). Se trata de la tercera semana en que la ministra insiste, en términos absolutos tal como observa la ministra Ríos-Farjat, en que “democracia deliberativa” no está ni siquiera en el artículo 26 de la Constitución en algún sentido aplicable para el procedimiento legislativo.

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El ministro Juan Luis respondió a Batres, señalando que la Corte no puede ignorar los vicios en el proceso legislativo, incluso si estos no se ajustan a una definición específica de democracia deliberativa. Pérez Dayán respaldó esta postura, subrayando que la Constitución exige que las leyes sean estudiadas, discutidas y votadas, y que la Corte no puede ignorar las violaciones a este mandato. Prácticamente, la ministra se ha enamorado de la piedra, abraza el error, lo toma y lo lanza insistentemente contra sus compañeras y compañeros ministros buscando el tropiezo, insistiendo en la emboscada interna de los debates restrictivos en las interpretaciones sobre lo esencial, interrumpiendo una tendencia progresiva en derechos humanos que la novena época ya había marcado.

En medio de la refriega intelectual, la ministra Ríos Farjat recordó el artículo 26 constitucional, el cual, ya establecía la exigencia de una democracia deliberativa en la planeación nacional. La ministra Batres, insistente en atacar, envolvió un discurso acerca de educación como si las niñas y los niños pudieran legislar y como si aquello que se vive en las escuelas tuviese un impacto tan brutal en la democracia y la transparencia como aquello que se violenta durante la deliberación en que se imponen las mayorías, callando los parlamentos abiertos y los grupos opositores. Sin embargo, con prudencia y templanza, la ministra afirmó que no modificaría su proyecto para invalidar el decreto por violaciones al debido proceso.

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La sesión concluyó con la contundencia de la misma piedra lanzada por la ministra Batres, quien reiteró la obligación de la Corte de cumplir con la Constitución y de hacer cumplir sus preceptos, desestimando la idea de una democracia deliberativa como una mera aspiración. En un ambiente cargado de tensiones jurídicas, la SCJN se enfrenta a un desafío crucial: ¿universalidad y progresividad o positivismo del siglo XIX? ¿Legalidad procedimental o excepciones mayoritarias basadas en autonomías para corromper?

POR CIERTO, el 5 de mayo pasado, los trabajadores y magistrados del Poder Judicial de la Federación dieron su propia batalla al pie del Ángel de la Independencia contra de la reforma judicial planteada por Andrés Manuel López Obrador, oponiéndose a que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Además de defender sus empleos, pancartas que rezaban “Suprema Corte, contrapeso nacional” inundaron Paseo de la Reforma. Este largo, insistente y circular debate sobre “democracia deliberativa” parece ser apenas el inicio de varias largas batallas que no se librarán solamente entre poderes, sino hacia las venas e intestinos de la Corte.