La libertad de expresión es el pilar fundamental sobre el que ha sido posible construir y avanzar la democracia, sus principios y valores en occidente.
Su arraigo y consecuentes vinculaciones con la libertad de conciencia, hacen de la libertad de expresión el motor del cambio social en todas sus formas. Lo anterior, porque es a través de la libre la expresión que encuentra cauce la imaginación para poder manifestarse y engrandecer, expandir y avanzar los límites de nuestro lenguaje, creando vocabularios que, eventualmente, son replicados e incorporados, aprehendidos por todas y todos los demás y puestos en práctica. La libre expresión, en ese sentido, se relaciona con los límites del pensamiento humano y sus capacidades transformadoras y, asimismo, con la coordinación que la comunicación permite.
La libertad de expresión, además, presupone la igualdad sustantiva de las personas y, así, su igual posibilidad de tomar parte en el diálogo público y en la construcción de soluciones a las problemáticas sociales que nos aquejan a todas y todos. En tal medida, la libertad de expresión subyace al sufragio, pero también a todos y cada uno de los controles que la Constitución ha puesto en manos de las personas como derechos humanos garantizados en su favor. El acceso a la información es parte de la libertad de expresión y no puede comprenderse sin ella.
Claramente, el derecho de acceso a la información no puede tenerse por satisfecho simplemente con la dotación de información por parte de las instituciones públicas y de cara a la sociedad, sino que esta información debe reunir las características de oportunidad, certeza, apertura y libre disposición, entre otras. Asimismo, debe garantizarse la apertura en los flujos de información dentro de los propios límites que la Constitución establece a la libertad de expresión y que se relacionan con el orden público, los derechos de terceros y la vida privada.
Lo anterior, implica necesariamente la neutralidad por parte de todas y cada una de las instituciones del Estado, respecto de los procesos comunicativos y contenidos que son difundidos por los medios de comunicación. Dicha neutralidad, traducida en libertad, es el elemento que da lugar a la generación de una opinión pública informada, plural, activa y vibrante.
Un verdadero Estado democrático constitucional no debe y no puede involucrarse activamente a través de la censura o controles indebidos impuestos a los medios de comunicación, con el objeto de contener o expandir a conveniencia las narrativas públicas y los temas que a todas y todos nos atañen. Del mismo modo, son inaceptables los señalamientos, la segregación y el ataque en contra de personas que ejercen la función periodística y que pretenden limitar los cuestionamientos y el escrutinio público sobre el Estado y sus actores.
La revolución tecnológica ha permitido la apertura de canales no tradicionales para la difusión de ideas, contenidos y noticias que, en tal virtud, escapan a las posibilidades de control estatal, eso es positivo. En ese contexto, las personas debemos aprovechar y diversificar nuestras fuentes de información para moldear nuestras visiones en torno a lo público con base en fuentes que nos brinden mejores enfoques y, así, mayores posibilidades de efectiva incidencia en lo que nos corresponde; pero, sobre todo, debemos ocuparnos de alimentar la conversación y velar porque nadie sea silenciado.