Lo sorprendente en la situación que se vive en torno a los libros de texto gratuitos no es que se haya presentado una gran crisis derivada de la discusión e inconformidades por su contenido, respecto de su orientación y errores puntuales en su edición renovada; lo que verdaderamente llama la atención es que sigamos insertos en una nueva fase de controversias de tal tipo, después de que reiteradamente así ha sido en los últimos años; por consiguiente, es una especie de trauma que ahora vivamos un nuevo capítulo de la misma serie.
Con Lázaro Cárdenas y desde la decisión de incorporar en texto constitucional el carácter socialista de la educación, se inició una tradición de inscribir en la política educativa definiciones de carácter ideológico y político, aunque en el siguiente sexenio se suprimió esa definición de la Constitución
Vale recordar el gran debate que originó la creación de los libros de texto en la década de 1960, como consecuencia de la decisión de que el Estado definiera y expresara, en dichas ediciones, el contenido de la educación básica, lo que a decir de algunos desplazaba de la tutela familiar su capacidad para decidir los valores, contenidos éticos y creencias de la niñez. Al final se impuso la convicción que la tarea educativa le correspondía al Estado y que sería responsable de combatir prejuicios y fanatismos a partir del conocimiento científico y de una orientación de carácter laica.
La definición de la democracia que hasta ahora subsiste en el texto constitucional de ese artículo, para considerarla no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, indicó la tradición de incorporar en la visión educativa la orientación del Estado.
Por lo que respecta a los contenidos de los libros de texto, imposible olvidar el gran conflicto que impidió en 1992 se publicaran las nuevas ediciones por la inconformidad y crítica que entonces desataron temas puntuales como la referencia al conflicto estudiantil de 1968 que aparecía en el texto de entonces. Ya no se trató de corregir la edición, sino de evitar que circulara, tal y como ocurrió. Es evidente que dentro del contexto se encontraba el diseño de la sucesión del gobierno de Salinas y la participación de uno de sus posibles aspirantes en la figura del entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo.
En los gobiernos subsecuentes se presentaron problemas puntuales y debates sobre el contenido y errores específicos en los libros de texto de la educación básica que, incluso, dieron lugar a alguna quema de libros en Guanajuato y a discusiones ríspidas en la Cámara de Diputados.
Como se decía al principio de esta colaboración, sorprende que estemos atrapados, de nueva cuenta, en polémicas de ese signo y naturaleza. Desde hace tiempo se planteó la necesidad de crear un órgano autónomo encargado de revisar y preparar los contenidos de los libros de texto, pero esa medida, que parece de lo más pertinente, no ha sido asumida y, por el contrario, se ha mantenido un control sobre la materia directamente desde la Secretaría de Educación.
Pareciera que, en el fondo, se ha tratado de retener una atribución centralizada que permite el control y dominio del gobierno sobre el contenido y orientación de los libros de texto. Ahora y frente a la gran discusión que desataron los nuevos libros, se han abierto lo que se podrían llamar jornadas de explicación y de aclaración sobre sus contenidos. Pero esa medida parece desfasada, pues, en todo caso, debió de haberse realizado antes de la impresión de los famosos textos.
Las explicaciones a posteriori que se brindan, en el sentido que fueron libros elaborados por expertos y que son la expresión de una corriente pedagógica y de pensamiento expresados en eso que se llama la nueva escuela mexicana, a través de la cual son superados viejos vicios, así como una tendencia con sesgo individualista, competitiva y de contenido neoliberal, no parece corresponderse por los hechos, si es que éstos los debemos entender a través de lo que pone en evidencia y evidencian los nuevos textos.
El diseño que ahora se exhibe, los contenidos, organización y sentido de los textos, tiene la justificación declarativa de responder a esa nueva orientación de la escuela mexicana, pero tal supuesto no es posible colegirlo de las nuevas ediciones. Se podría decir cualquier otra cosa para legitimar su elaboración y, de todos modos, estaríamos en el mismo lugar en el que nos encontramos; pues los fines declarados no tienen correspondencia con los textos que han sido elaborados. Así, los argumentos que se esgrimen como su justificación, se muestran más como un recurso retórico que como parte de una metodología claramente expuesta y que se derive de los grandes propósitos que se declaran.
Aquí resulta útil recordar la famosa phronesis, entendida como el discernimiento a que llamaba Aristóteles y que es una invitación a considerar la vida pública como aquella expresión múltiple y contradictoria de puntos de vista para obtener la panorámica más amplia sobre los diversos temas, a fin de detonar un ejercicio que debe preceder a las decisiones políticas.
Como un golpe en la cabeza, como un sape que nos llama al absurdo, se vive esta nueva jornada revisora de los libros de texto, ¿acaso no debió sacarse a la discusión un número cero de los libros para abrir el debate y conforme a ese ejercicio realizar la nueva edición definitiva? ¿por qué meter a la noble nueva escuela mexicana en una ruta unidireccional y autoritaria? ¿por qué olvidar el principio democrático que alienta el artículo tercero constitucional en el sistema de educación pública? ¿A qué viene todo esto?