Los libros de texto gratuitos para la educación pública constituyen uno de los principales instrumentos de la política educativa del Estado desde que surgieron en el gobierno de Adolfo López Mateos, y a partir de entonces simbolizan el esfuerzo que realiza el gobierno para impulsar la enseñanza básica.
Así, la década de 1960 detonó una tradición fundamental para la formación de los estudiantes que se trasladó hasta la actualidad. Cada vez que se habló de reforma educativa en cuanto a planes de estudio y orientación pedagógica para los estudiantes de educación básica, se llevó su cristalización en modificaciones y actualizaciones de contenidos practicados a los libros de texto gratuitos.
Conforme a lo anterior, nadie se puede llamar a sorpresa por el hecho de que se hayan diseñado y puesto en circulación nuevos ejemplares que incorporan contenidos actualizados en tales libros; así ha sido y así será en el futuro.
El motivo de la polémica es el sentido o tendencia inscrita en los libros, la forma de elaborarlos y el proceso de su aprobación. En efecto, el trabajo que se realizó tuvo una gestión específica y una resolución final para autorizarlos; pero la manera de hacerlo marca indudables opacidades y graves problemas de legitimidad, pues parecen marcados por la elusión de un análisis y un examen minucioso sobre lo que contienen con la participación de especialistas y maestros que pudieran diferir con quienes elaboraron los textos finales.
Se formula una connivencia indiscutible entre el contenido y organización temática de los libros, con la orientación del gobierno y con las tesis de su partido, de modo que es inevitable asumir que se impulsa una formación en los educandos afín a las convicciones y principios de una de las fuerzas políticas del país, lo que, de entrada, confiere un sentido partidista o faccioso al carácter y naturaleza de lo público.
Cierto, los gobiernos distan de tener o asumir una posición neutra sobre la visión del país y de las posturas de su partido, pero lo hacen, regularmente, mediante un esfuerzo de generar consensos, en donde se asume la pertinencia de que las definiciones básicas deriven de sus propias convicciones y orientaciones, dentro de la deliberación pública, del análisis y de la crítica necesaria para arribar a una racionalidad que alcance, ésta sí, un carácter público.
Hasta ahí no parece haber problema, éste surge cuando se practican reformas de contenido sobre una materia como lo es la educación pública, en donde las orientaciones que se plasman son ajenas a la racionalidad pública que las debe animar. Es un planteamiento que desestima la naturaleza plural de la sociedad, su condición diversa y con distintas convicciones, de las que surge el imperativo de que las modificaciones a los planes de estudio y hacia los propios libros de texto, debe ser producto de una amplia deliberación y de un proceso cuidadoso que los legitime, más allá del punto de vista del gobierno.
Padres de familia y especialistas tienen una voz que debe ser escuchada y que en este caso fue puesta de lado u obviada, lo que acredita un sesgo evidente en la elaboración de tales documentos. El gobierno exhibe un inocultable estilo autoritario y atrabiliario que lastima a buena parte de la sociedad; el gobierno se abroga un monopolio muy peligroso, uno que camina por el sentido de implantar una orientación de carácter ideológico en un proceso educativo que impactará a todos los educandos, aún cuando sus padres y familias sostengan y puedan acreditar puntos de vista distintos.
El tema de las diferencias en apreciaciones, enfoques y de cosmovisión no es para sorprender; lo que sí impacta es que se opte por imponer una postura que hace prevalecer unilateralmente una posición, sin mediar discusiones y acuerdos que las sustenten, y que sólo aparezcan presuntos alegatos de justificación una vez que la decisión ha sido tomada y que los libros se encuentran en circulación. Se tiende a trasladar a los estudiantes de primaria y de secundaria una opinión sobre la vida del país y de su historia que confronta a una parte de la sociedad que no coincide con ella, al tiempo que se establecen contenidos, se privilegian y discriminan materias de forma excluyente y con sobrada suficiencia para hacerlo discrecionalmente.
Las verdades únicas, los dogmas, aparecen en el panorama como culto de Estado. Se trata de hacer implantes ideológicos en los cerebros de los educandos -formar al hombre nuevo se decía en una de las tendencias del marxismo-. En esa dirección se apunta la idea de conformar al ciudadano que está por hacer su aparición en las urnas y de pretender que, cuando lo haga, se encuentre alineado con el partido que actualmente está en el gobierno.
Así, la política de educación pública se inscribe como un instrumento destinado a promover que el partido en el gobierno se proyecte como hegemónico, es decir que perdure en el gobierno a partir del aporte que se puede lograr desde el Estado y, especialmente, con uno de sus instrumentos más sensibles como lo es la educación pública. En este sentido, lo que se ha puesto en práctica por el gobierno es lo que está en el título de esta colaboración: una reeducación pública con sentido partidario. Se trata de un axioma que se traslada a los libros de texto gratuitos y que se convierte en su motivo e inspiración.
La resolución judicial que ordenó detener el reparto de los libros de texto hasta completar el proceso de discusión y aprobación sobre sus contenidos ha sido desacatada, sin más, por parte de las autoridades que debieron cumplir con ella. Las decisiones y actos del gobierno no están sujetos a más dominio y control del que provenga de la presidencia de la República; fuera de esa voz no hay otra, además de esa voluntad ninguna puede imperar.