Para la mayoría de la gente, el tema de los sindicatos es un terreno árido, agreste, complicado y bastante nebuloso. Incluso aburrido, y sin lugar a duda, muchos arrugan la nariz cuando escuchan la palabra porque la asocian con corrupción, tráfico de influencias, prebendas políticas y una serie de cosas que son ajenas a la razón primigenia de los gremios laborales.
En esta ocasión no vamos a entrar al estudio profundo de la vida de los sindicatos de nuestro país, aunque sea muy interesante. Vamos a asomarnos lo estrictamente necesario para poner en contexto la iniciativa de ley presentada por el senador de Aguascalientes Daniel Gutiérrez Castorena, del Partido Morena, para que los dirigentes sindicales duren en su encargo un plazo razonable.
En este corte tangencial hablaré de una pequeña sección del mundo sindical, y es la referente al sindicalismo de la aviación. Entre los usuarios (y los que no lo son) del transporte aéreo permea la creencia de que existe un solo sindicato que aglutina a todos los trabajadores aeronáuticos del país. Es común escuchar que hablan del sindicato de “Mexicana” o el de “Aeroméxico”, pero no es así; dentro de la aviación hay muchos sindicatos y de todos ellos, sólo algunos pueden ser etiquetados realmente de democráticos.
En columnas pasadas les narré las recientes elecciones del sindicato al que pertenezco, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), que gracias a la presión que realizaron los sobrecargos, las elecciones fueron supervisadas por la propia Secretaría del Trabajo a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con esta medida, consiguieron que el folio de las boletas fuera desprendible, asegurando secrecía en el voto y elecciones libres. El resultado fue adverso para los candidatos afines al líder en funciones… ¿curioso, verdad?
Pero es obvio que el tema no termina ahí, y el legislador de Morena señala que su iniciativa tiene la finalidad de “avanzar en los principios de la democracia sindical”. No puedo descalificar la iniciativa a priori, pero si es de hacer notar que si la reforma ya requiere parches, a tres años de aprobada (2019), es señal al menos de dos cosas: que la reforma no fue tan maravillosa como nos anunciaron, y que los camaleónicos sindicatos han “encontrado” todos los huecos y lagunas legales para burlarla. Ya en otra columna hablaremos de si fueron pifias legislativas, o si siempre estuvieron ahí por razones imposibles de comprobar.
Pero seré franca, no creo que estos vericuetos legales sean casualidad. Y pongo dos ejemplos de la vida aeronáutica. Tomás Del Toro, que fue diputado del PAN en tiempos de Felipe Calderón como presidente, desde 1998 está como Secretario General del Sindicato Independencia, que aglutina a los trabajadores de tierra de Aeroméxico. Si Pitágoras no miente, lleva ahí 23 años y contando... con reforma laboral y todo. La iniciativa del legislador Daniel Gutiérrez, de Morena, marca un plazo máximo de 10 años en las dirigencias sindicales.
Es entendible la propuesta de modificar la Ley Federal del Trabajo para que establezca que “el máximo dirigente sindical no podrá sumar con tal carácter, más de 10 años activos”, pero se antoja muy difícil en la realidad. Los hechos hablan por sí solos.
El Sindicato Independencia no es el único, tenemos el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, mejor conocido como el SNTTTASS, cuyo Secretario General Miguel Ángel Yúdico Colín tiene ya 18 años ininterrumpidos en el cargo, desde que fue designado en el 2004.
Y hay cosas perores, como cuando además de longevos, “heredan” -literalmente- el sindicato. Es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA), donde Rubén Romo Martínez fue Secretario General más de 20 años, hasta 2017. Dejó como su sucesor, nada menos que a su hijo, Jorge Romo Ceciliano y no conforme colocó a Patricia Romo Ceciliano y Rubén Romo Ceciliano, como Secretaria del Interior, y Secretario de Trabajo y Conflictos, respectivamente. ¿Podemos decir que se eterniza en el cargo? No en estricto sentido, y aunque el papá de los tres hoy sólo es adjunto en el STIA, “administra” otros sindicatos, el más reciente es el Sindicato Progresista “Justo Sierra” de Trabajadores de Servicios de La República, que aglutina a los trabajadores de las Librerías “El Sótano”.
Este sindicato, que más bien es un negocio familiar, tiene la contratación colectiva de los tripulantes de “Volaris”, y también con parte del personal de tierra de Aerolitoral mejor conocida como Aeroméxico Connect, y con las sobrecargos de dicha aerolínea.
El senador Daniel Gutiérrez debe saber, porque no es un dato menor, que el 90% de los contratos colectivos en México son “de protección”, es decir contratos firmados por el patrón con el sindicato, pero a espaldas de los trabajadores, para conseguir discrecionalidad en el manejo de las relaciones laborales. Hace treinta años el zar de los contratos de protección era Ramón Gámez. De acuerdo con información de la OIT, la Coordinadora Nacional de Trabajadores que aglutinaba a más de 15 sindicatos y tenía el control aproximado de más de 2 mil contratos colectivos de protección. “Los principales líderes son Rubén Romo Martínez, José Sergio Guerrero Villa, Alejandro García Orozco, Antonio Bourge Ruiz y Jorge Trejo Hernández.”
¿Les suena el nombre de Rubén Romo? La relación entre Ramón Gámez Martínez y Rubén Romo Martínez se confirma en el registro sindical 104217 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde ambos aparecen como secretarios del Sindicato Progresista “Justo Sierra”. Sin embargo, esto fue así hasta el año 2005, cuando Ramón Gámez fue acusado de corrupción de menores; tres niñas de entre 12 y 15 años lo denunciaron. A partir de esa fecha, Rubén Romo ha navegado solitario en el mar de los contratos de protección.
Ahora bien, en fechas recientes fue del conocimiento público la salida de Aeroméxico del Capítulo 11. Teóricamente esa debería ser una buena noticia, saber que la empresa del Caballero Águila está sorteando bien su crisis financiera. El tema es nebuloso, por decir lo menos, sobre todo para sus trabajadores. Los que prestan sus servicios para Aeroméxico Connect denunciaron que el sindicato STIA no ha proporcionado información alguna acerca del “CLAIM” al que tienen derecho de acuerdo con las reglas del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, que “premia” a los trabajadores por el sacrificio hecho.
En buen castellano es una compensación económica por haber recortado “voluntariamente” su contrato colectivo de trabajo. La corte norteamericana los autoriza a que “vendan” esa deuda a terceros interesados, y la hagan líquida. Los trabajadores están preocupados porque en caso de no venderlo, el importe del CLAIM pasará a ser acciones de la empresa. No es mucho dinero, para los montos que maneja una aerolínea, pero para los trabajadores puede ser mucho 7.3 millones de dólares. La representación sindical del STIA no les ha dado ninguna información, a diferencia del sindicato de pilotos ASPA y el Sindicato Independencia que han convertido el CLAIM en dinero líquido para sus agremiados.
Debo aplaudir la propuesta del Senador Gutiérrez Castorena tratando de poner orden en el tema. Cualquier iniciativa legal que suba el tema sindical a la palestra la recibiré con palmas; pero también es mi deber decir con total honestidad que es una propuesta muy “naive” (inocente). A nadie le sorprende todo lo que un líder es capaz de hacer con tal de aferrarse a su cargo sindical. ASPA, el sindicato que agremia los pilotos de Aeroméxico, Aerolitoral, Mexicana de Aviación, Click y Aeromar y el SINACTA, de controladores aéreos, son los únicos del mundo aeronáutico de nuestro país que hasta la fecha siguen siendo democráticos, por lo menos en sus procesos electorales para renovar dirigencias. Fuera dejamos a por lo menos otros siete u ocho sindicatos.
Mi crítica final es al desaseo legislativo. El Congreso de la Unión no debería seguir haciendo este tipo de parches. La reforma laboral puso reglas claras para favorecer la democratización de los sindicatos, sin embargo hemos visto cómo han sido burladas, muchas veces por la tibieza en el actuar de la autoridad laboral, ya sea administrativa o jurisdiccional. Establecer un límite de 10 años a las gestiones de los líderes sindicales no me parece que sea la mejor solución. En fin, ya veremos si prospera la iniciativa.