PROMETEO

Este lunes 5 de febrero el presidente López Obrador, estará presentando al menos diez iniciativas y cambios en materia política electoral, pensiones, salario mínimo, organismos autónomos, industria eléctrica y poder judicial. Adicional prepara blindaje para los programas sociales que ha impulsado en su administración y también se considera su iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaria de la Defensa Nacional. Para ello va con todo su movimiento político, su gabinete y vocería oficial.

Las diferencias con el Poder Judicial de la Federación han escalado, el ministro Zaldívar fue más un aliado al ejecutivo, conformado con su renuncia, pero no renunciando a los beneficios económicos de esa posición. Ahora la ministra Piña tiene la presión mediática y publica para ceder al ejecutivo o tener la autonomía que marca la constitución actual. Las diferencias con respecto a los 15,500 millones de pesos de los fideicomisos del poder judicial y la Ley de la Industria Eléctrica, han provocado que incluso el presidente López Obrador los responsabilice de la desigualdad económica y social.

El presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el año 2024, es por 78 mil millones de pesos, dicho poder está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. En información pública se revela que hay 12 fideicomisos que en conjunto tienen un saldo de 15,500 millones de pesos, se estima que el poder legislativo aplicara una reducción de al menos 10 mil millones de pesos, en específico al gasto de la judicatura y de la SCJN. Esa disminución se aplicaría en proyectos de infraestructura en Acapulco y en una posible consulta popular para elegir mediante voto ciudadano a los jueces y ministros del poder judicial.

En ese presupuesto no está la FGR ni tampoco están los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, los cuales para 2024 serán superiores en conjunto a los 350 mil millones de pesos. Destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo Leon, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero. Pero que no significa que este asociado a una percepción de justicia y estado de derecho en ninguna entidad en el fuero común.

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Así el tema es reformar mediante el voto popular el poder judicial federal, pero el del fuero común, el derecho empieza en la primera instancia y en México hay graves diferencias y deficiencias que nos son analizadas con responsabilidad por los ejecutivos estatales, no todo se trata de remodelaciones en las llamadas ciudades judiciales. Ahí hay un silencio de aparte de los estados con respecto a la postura del ejecutivo, lo cual abre más una batalla presupuestal y de poder que de interés en resolver la problemática judicial que involucra a los mexicanos en general y no a grupos en particular.

Para ilustrar en términos simples algunas reflexiones que un ciudadano común, quisiera tener como respuesta de manera que pueda definir si está de acuerdo con las propuestas y sus responsables. Dentro de lo que se ha filtrado es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, desintegrando al Consejo de la Judicatura Federal, que también preside la ministra Piña, por lo que el CFJ a 30 años de su creación desaparece y se crea una unidad de disciplina del personal judicial.

  1. ¿El costo del poder judicial tanto federal como de los estados está relacionado con la justicia, expedita y gratuita?
  2. ¿La percepción de alta impunidad y equidad en impartición de justicia es menor en este sexenio para la ciudadanía?
  3. ¿La percepción de alta corrupción judicial es real o un mito para la ciudadanía?
  4. ¿Existe la rendición de cuentas publicas y abiertas al ciudadano común por los resultados judiciales que tienen el poder judicial federal y el de las 32 entidades del país?
  5. ¿Los nombramientos judiciales son ajenos al poder ejecutivo federa y de los estados, basados en experiencia y resultados probados en materia judicial, o son perfiles alineados política e ideológicamente al poder en turno, y cuando este no se somete, acaso no son presionados para hacerlos a un lado?
  6. ¿El presupuesto los hace más autónomos e independientes de poderes políticos o económicos?
  7. ¿Qué se ha hecho para que los códigos de procedimientos civiles y de comercio, sean más prácticos y medibles en términos de aplicación y con responsabilidad a quienes como jueces incumplen en ellos?

Con el reciente revés en su de Ley Industria Eléctrica, el presidente López Obrador volverá con una reforma este 5 de febrero para decretar que la industria eléctrica es estratégica y de interés público. En especial es evitar que el sector privado tenga participación en energías renovables y seguir privilegiando a CFE. Si bien en la ley en la materia promovida por el ex presidente Peña, hubo zonas grises que afectaban en los costos de la red de transmisión y transformación de la CFE y que eran puntos a renegociar o en su caso cancelar por no ser rentables y costoso para México, pero el tema es que había previamente reglas y acuerdos establecidos, que generaron inversión e infraestructura, con la política de esta administración, esa inversión se congeló y no se desarrolló la infraestructura para la relocalización o nearshoring de empresas y desarrollo regional. Esto ya tiene el tema en disputas con el T-MEC por no cumplir acuerdos y no dar certeza al estado de derecho.

Es público también la SCJN, es dos veces más costosa que la Corte Suprema en USA, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica. Ese costo mayor tiene que ver con la infinidad de recursos de impugnación que se tramitan en México, así como los altos sueldos y prestaciones que se les otorga en nuestro país, sin embargo, los resultados no son los esperados. Si una persona común asiste a los edificios del Poder Judicial de la Federación en cualquier estado del país, denotan por grandes espacios, ubicaciones privilegiadas y daría la impresión de justicia de primer mundo, la realidad es otra, no funciona así.

Los tiempos procesales en la corte, en la justicia federal y en los estados son excesivos y sin consecuencias para los responsables, sus leyes orgánicas no sancionan el incumplimiento en tiempos procesales, basta con que señalen causas de excesivas cargas de trabajo o demás argumentos evasivos para no cumplir con lo establecido en los códigos de procedimientos ya sea civiles o penales. Una cosa es la autonomía y la independencia de poderes y otra que sus resultados y responsables tengan rendición de cuentas pública.

La carrera judicial en México, no exige ser litigante, por lo que haciendo carrera judicial interna en los juzgados, en la academia o en las consejerías jurídicas se puede aspira a las posicione clave en nuestro país. Adicional a ello la cercanía política con los titulares del ejecutivo federal o de los estados, les da amplias posibilidades sin haber litigado de manera activa. Luego entonces el proceso de filiación, los ha ido colocando en posiciones clave en la impartición de justica tanto en el ámbito federal como del fuero común.

Si bien la teoría, la investigación, la argumentación teórica son relevantes, la practica hace al maestro en ese elemento de litigar, de estar en la práctica del derecho activo, de promover las demandas, de contestarlas, de impugnarlas, de generar los emplazamientos, las ejecuciones es una sensación única, para identificar las buenas y las malas prácticas y eso no se aprende en las aulas, en las cuadrillas de los partidos políticos o en el confort de las instalaciones del poder ejecutivo o judicial.

Los datos de violencia en diferentes regiones, en específico en estados como Guanajuato o Jalisco, guardan correlación con el ajuste de cuentas por deudas no pagadas y que, al tener la impunidad del poder judicial local, provoca que se tome justicia a tevés de terceros o por propia mano. Esto se puede corroborar con demandas por despojo de inmuebles invadidos, demandados que se oponen a la entrega de inmuebles embargados o hipotecados, es decir es un ecosistema de corrupción e impunidad que solo ha provocado disminuir y encarecer la oferta de crédito productivo en México.

Es fundamental actualizar en específico el cumplimiento de los términos y tiempos procesales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales, tanto locales como federal. De tal forma que los asuntos no se mantengan sin resolución en los términos que establece la ley, esto ha provocado carpetas de investigación en materia penal abiertas indefinidamente y sin sentencia definitiva, lo mismo al incumplimiento de laudos laborales sin solución para el trabajador, o el desfase y retraso de ejecución de sentencias en materia civil ya con firmeza procesal.

Por ello la necesidad de métricas y estadística públicas, que midan el desempeño y responsabilidades de ministerios públicos, y personal judicial clave en diferentes materias de la justicia mexicana. Lo anterior ha afectado a la economía en diferentes ámbitos, en la inversión empresarial porque genera incertidumbre, toda vez que el cumplimento de obligaciones se vuelve un proceso largo e incierto, lo cual provoca menos impulso y oportunidades de desarrollo. Menor financiamiento a la cadena productiva y menor inversión en bienes de capital.

  1. En el tema inmobiliario, que serían controversias de arrendamiento o juicios especiales hipotecarios, son asuntos que se resuelven a largo plazo que afectan la inversión para inmuebles para renta. Existen ejemplos claros, en California o Texas, el incumplimiento de la renta da margen para que al quinto día se desaloje forzadamente el inmueble, un juicio hipotecario se da un margen de 90 a 180 días y si se incumple se desaloja forzosamente al concluir el plazo. Este tipo de contrastes refleja lo que estamos dejando de hacer para otorgar seguridad jurídica, desde luego dar un margen racional de arreglo, pero no ir a los excesivos plazos que a la justicia mexicana se toma por ineptitud o corrupción para resolver los asuntos inmobiliarios.
  2. En materia laboral, pese a la reforma laboral, esta sigue siendo una utopía, pues existen cientos de miles de laudos en el país sin ejecutar por falta de interés y saturación por los lentos procesos en materia laboral. Esto genera desanimo en las personas que no ven que sus asuntos laborales se resuelvan en tiempo, afectando su economía familiar e incluso sus estabilidad familiar y personal.
  3. En materia familiar, el incumplimiento de pago de pensiones, es otro factor no resuelto no hay estadística al respecto y por lo tanto el incumplimiento se percibe más como violencia de género que dé cumplimiento de obligaciones económicas después de asuntos resueltos.
  4. En materia penal, hay una población superior a 200 mil personas detenidas en reclusorios federales y del fuero común, el 50% no cuenta con sentencia definitiva, miles de asuntos sin sentencias por más de 5 años. Toda esa población tiene un costo promedio por detenido superior a los 30 mil pesos mensuales (instalaciones, personal, comida, seguridad, etc.). A excepción de políticos en desgracia de cada sexenio o personas vinculadas al narcotráfico o negocios que resultaron mal en el capitalismo de compadres, pero que cuentan con recursos económicos para impugnar y atender sus asuntos y salir en libertad por motivos de salud o por edad, sin embargo, hay miles de personas detenidas con las mismas condiciones, salvo que no cuentan con apoyo político y económico e incluso mediático.

El Poder Judicial, el Federal y el de las 32 entidades, deben ser factor para apoyar a la economía, que la percepción de impunidad y lentitud procesal, no sean elementos para inhibir la inversión privada y para generar oportunidades de empleo. El Estado de derecho impulsa la formalidad laboral y la inversión productiva. La SHCP, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria del Trabajo, deben impulsar al legislativo para modificar los códigos respectivos, homologar procesos de colaboración interestatal más eficientes y oportunos con tecnología (exhortos, oficios) para exigir al Poder Judicial en general eficiencia, la trasparencia y rendición de cuentas con métricas de gestión judicial y estadística que deben ser incluidas con transparencia y claridad en el INEGI.

No hay duda que el factor económico es clave y que el presupuesto es vital, sobre todo si es bien aplicado y no subejercido, el presupuesto debe tener total aplicación con base al gasto estimado con soporte. Todas estas iniciativas anunciadas, no descartan los riesgos económicos que tiene el país para los próximos años: sistema de Pensiones, Pemex y la deuda publica. Se ha diferido una Reforma Fiscal, ya sea como ahora por razones electoreras y de interés económico ideológico como lo es Pemex.

Los costos ahí están, una TIIE de fondeo a 11.50% a 28 días, la inflación al 4.90% pero que no guarda relación con productos básicos como el tomate rojo, el huevo, cebolla o tortilla, que tan incrementos superiores al 70% en el ultimo trimestre, argumentando temas de inseguridad y sequia que han elevado los costos. Las reservas en 213 mil millones de dólares, con un tipo de cambio de 17.14 por dólar en promedio.

La migración como tema clave bilateral, para México represento mas de 63 mil millones de dólares en 2024, eso recursos no tienen que ver con políticas públicas, habrá presión por las campañas políticas en USA y México. Por otra parte, el sector bancario privado supero los 250 mil millones de pesos en utilidades, se estima un 14% más que en 2022, extremadamente concentrado en pocos jugadores y con enfoques de negocio de bajo riesgo ante la deficiente y lenta recuperación judicial en México y que las autoridades financieras en el país han hecho muy poco para mejorar, no es su prioridad y en consecuencia limita la inversión y desarrollo productivo.

Ocho meses por delante con retórica y narrativa mañanera. Para los grupos afines al presidente, coinciden y celebran toda acción o tema que este señale, si alguien difiere o cuestiona la falta de transparencia en el gasto ejercido por ejemplo en obras emblemáticas o sus políticas de pensiones y asistencia social, que pueden ser bien intencionadas, pero sin soporte técnico y financiero, si se difiere en ello y se cuestionan los resultados ya se etiqueta como neoliberal y demás adjetivos. Al parecer el derecho de exclusividad de crítica, la tienen solo aquellos que coinciden con las acciones de esta administración.

Al final lo que cuentan son los resultados reales, el PIB promedio de esta administración será del 1.3%, por debajo de los gobiernos anteriores de Zedillo a Peña Nieto, más cercanos al 2% promedio. México necesita crecimientos del orden del 5% promedio anual, para ello requiere la participación equilibrada del sector privado y público, certeza en el estado de derecho, mejorar la infraestructura y logística, promoviendo con una política industrial solida el sector de la formalidad de micro, pequeña y mediana empresa. Lo demás ya depende de nosotros.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx