El 15 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución sobre las competencias para legislar por el Congreso en materia de tecnologías públicas. Estas modificaciones establecen la obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno de implementar políticas públicas orientadas a la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios, así como el desarrollo de capacidades tecnológicas públicas y la adopción de buenas prácticas regulatorias.
La reforma también otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley nacional que regule estos aspectos. Según los artículos transitorios, dicha ley deberá ser emitida en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. Esta ley deberá contemplar:
1. Un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios.
2. La creación de una autoridad nacional en la materia.
3. Herramientas específicas para la simplificación y digitalización de trámites y servicios.
El objetivo principal de esta reforma es modernizar la administración pública, reducir la burocracia, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios gubernamentales. Esto fue el antecedente para que este lunes fuese aprobada en la Cámara de Diputados la Ley Nacional para Eliminar Tramites Burocráticos creando la “Llave MX”, que equivale a nivel nacional a la “Llave CDMX” qué ya conocemos bien quienes habitamos en la capital pero esta iniciativa espera quitar aquella competencia de los Estados para centralizar absolutamente todo tipo de expedición documental a la “Llave MX”. La primer crítica es el impacto al modelo de federalismo y la posible invasión de facultades qué representa para los municipios y otras entidades pues la expectativa no es que existan varios sistemas de trámites sino que solamente uno, centralizado a esta dependencia nacional, responda en todo el país por todas las operaciones. Aunque aquello definitivamente aporta en el combate a la corrupción también implica que los municipios podrían perder algunos ingresos derivados de aquellos.
Esta estrategia va de la mano con el compromiso de digitalizar todo tipo de trámite o servicio mediante un ventanilla única que le permita a la ciudadanía reducir la cantidad de esfuerzos para lograr concluir tales procesos. En el Plan Nacional de Desarrollo, esto se expresa con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que durante el gobierno de la ahora presidenta en la Ciudad de México era la Agencia de Innovación Digital. En ese sentido, las experiencias previas por la digitalización llevaron a la creación de un sistema Llave CDMX qué aunque tuvo algunos puntos positivos como que al realizar cada operación o trámite, nuestra información ya se encuentra precargada, también generó problemas para las personas adultas mayores así como para aquellos sin conocimientos tecnológicos o sin acceso a Internet.
Si bien, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en beneficio de la ciudadanía es deseable también es cierto que con estas disposiciones se permite el acceso a una cantidad masiva de datos de usuarios que para lograr hacer papeleos, quienes quedan en completa desnudez digital frente a una autoridad sin que haya claridad o restricciones sobre el tipo de datos y manejo de los mismos que se puedan recopilar mediante éstas tecnologías pues bien, mediante los dispositivos inteligentes pueden recabarse imágenes, sonidos, iris y huella digital, qué son considerados datos sensibles.
En el contexto de la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, esto es particularmente peligroso para la seguridad y privacidad de la ciudadanía pues técnicamente, el único organismo garante de la privacidad ya no es autónomo y no responde a los intereses de la protección de datos personales sino a los de la política gubernamental.
A pesar de los objetivos planteados, esta reforma tiene una falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pues de la reforma no se desprenden las letras pequeñas de todos los meta datos recabados y aquello podría dejar en rezago a quienes no puedan acceder con la carga de información además de interponer entre el Gobierno y el usuario a personas que si sepan usar la tecnología. O sea, existe el riesgo de exclusión de sectores sin acceso a educación digital e internet y la posibilidad de despidos masivos de servidores públicos sin alternativas laborales. Encima, la tecnología gubernamental ha sido vulnerable a hackeos. Los dispositivos pueden brindar geolocalizacion en tiempo real y es preocupante que esta reforma permita que, con el pretexto de modernizar, nuestros dispositivos desde los que hagamos trámites queden expuestos.
Recordemos que esto será operado por el organismo dependiente de la presidencia encargado de la “revolución” digital. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá funciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones no es ya un organismo autónomo sino que atiende a instrucciones y presupuesto de la presidencia de México, aquella falta de autonomía técnica y presupuestal somete a riesgo y vulnerabilidad los dispositivos que prácticamente serían una nueva poderosa herramienta de monitoreo mediante el intento de lograr trámites básicos como un acta de nacimiento.
Ahora bien, tampoco hay claridad sobre quien desarrollará esta tecnología, que tipo de ciberseguridad tendrá o si es que será alojado en servidores mexicanos o extranjeros por lo que este tipo de reformas generan dependencia de servidores de Internet que alojan las plataformas y que suelen ser extranjeros mientras que el almacenamiento de nuestros datos queda en posesión de actores privados, gigantes desarrolladores de la tecnología o de los servidores que alojan un dominio de Internet y que pueden poner en riesgo la información privada de cada usuario. Finalmente, el costo de este propósito tampoco es claro.
Esta iniciativa pasa al Senado y abroga la Ley General de Mejora Reguladora así como extingue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Lo único bueno es la promesa de que en un solo lugar pueda hacerse todo, pero el poder centralizado es infinito y en el caso de la Ciudad, por ejemplo, las multas o sanciones van funcionando en cadena. No puedes hacer algunos papeleos si tienes infracciones vehiculares ... así que a nivel federal seguramente no podrás sacar un documento básico si no has hecho y pagado tu declaración fiscal, por ejemplo. El terror vendrá el día que esa plataforma se caiga, riesgo normal para cualquier plataforma, sea por saturación o fallas en el servidos, o en el peor de los casos, ataque.