Para los que hablan de falta de pruebas: el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Mark Lesko en carta suscrita al Juez Federal del caso Brian Cogan, le explicó que la Fiscalía que acusó e imputó cinco distintos cargos a Genaro García Luna, poseía un voluminoso acervo de documentos que reforzaban sus imputaciones estimado en 1 millón de fojas, más otra voluminosa cantidad de grabaciones interceptadas, documento que se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses. “Voluminoso acervo de grabaciones interceptadas”, que los fiscales decidieron por estrategia no presentar por considerarlas innecesarias ante la contundencia de los testimonios, la coherencia entre sí de los diversos testigos de cargo. (El Financiero/Mundo, abril 15, 2021). La información que llegó a México al respecto fue muy pequeña y sesgada.
Incluso, dicho expediente se nutrió de las muchas aportaciones que hicieron gobiernos como el de Colombia, incluyendo fotos y videos. (EA Noticias, 20 de mayo, 2021) En los medios de comunicación mexicanos se repite falacia tras falacia. Parece increíble, pero no lo es.
Resulta absurdo y tramposo que analistas, académicos y comunicadores sociales comenten y emitan juicios políticos sobre el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York haciendo valoraciones sobre el sistema penal acusatorio existente en EUA y eso aplicarlo a lo “justo o injusto” del juicio contra un personaje siniestro como el ex Secretario de Seguridad Pública del gobierno de FECAL, y Director de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox, Genaro García Luna. Así como, seguir diciendo que no se presentaron “pruebas”. Porque no son especialistas en Derecho Penal y menos en el sistema estadounidense, y a partir de ello las analogías con el sistema acusatorio mexicano, no solo no aplican, son ridículas. Es una forma soterrada, disimulada de no querer valorar lo relevante que allí dijeron los criminales -como el propio acusado- que rindieron testimonio al respecto. Tenemos un producto judicial concreto: GGL es un narcotraficante.
Porque ha sido encontrado culpable de conspiración para traficar cocaína hacia EUA y vender para ello sus servicios como servidor público, -siendo responsable primero de la seguridad de los mexicanos-, a dos cárteles del narcotráfico multinacional, le dictarán sentencia en 4 meses más.
Pero aún puede buscar un acuerdo judicial para no pasar el resto de su vida en una prisión de EUA. El pronóstico de muchos es que sí lo suscribirá.
Evidentemente la Declaración de Culpabilidad del acusado Genaro García Luna emitido por el Jurado Ciudadano sobre los cinco cargos que le imputaron los fiscales, es el resultado más importante del verdadero “juicio del siglo”, pero políticamente lo fundamental para la sociedad mexicana, para la vida pública de nuestro país y para el rescate y reconversión de las degeneradas instituciones de inteligencia, seguridad y justicia mexicanas, es la develación durante el juicio de la estructura criminal transexenal que surgió, se consolidó y expandió durante el periodo 2000-2018, uno de cuyos pivotes sustanciales fue y es el propio Genaro García Luna. Este es un dato extremadamente duro. Personalmente he denominado a este proceso socio-político y económico la configuración del Cartel Político Transexenal, la Mafia de Estado que se apoderó del poder público durante casi 20 años, que tuvo como base de lanzamiento y sustentación los sexenios de 1988-2000.
La Declaratoria de Culpabilidad y la sentencia posterior del Juez Brian Cogan el próximo 27 de junio, no puede ser considerada por nadie sino como un avance que abre nuevas líneas de acción para proseguir en la lucha contra la corrupción de Estado, que es un producto directo de la estructuración y funcionamiento del Cartel Político Transexenal como estructura criminal que se sobrepuso e imperó durante el periodo antes consignado. Nunca la culpabilidad de un funcionario público del primer círculo presidencial con alto poder acumulado, con todos sus crímenes, puede ser desvinculada del funcionamiento del régimen político al que sirvió. Es un efecto del mismo.
Lo que hizo García Luna en la AFI y en la Policía Federal, y luego como Secretario del Seguridad Pública, y posteriormente como asesor estrella y conductor de negocios criminales después de 2012 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta acumular una fortuna descomunal de más de 700 millones de USD, son hechos que la UIF actual ha documentado con detalle y suficiencia, claramente como parte sustantiva y producto de los regímenes políticos que lo hicieron posible durante el periodo de 18 años consecutivos.
El partido político era lo de menos (PAN o PRI), ello era parte de una farsa sangrienta de carácter político, lo sustantivo fue la alianza criminal formada por una parte muy importante de la clase política, que ascendió al poder, lo detentó, ejerció y transmitió, y que incluyó acuerdos con dos poderosas organizaciones criminales transnacionales: el Cartel de Sinaloa (o del Pacífico) y el Cartel de los hermanos Beltrán Leyva, como quedó exhibido con multitud de datos al detalle durante el juicio reciente. Ahora están diciendo que Vicente Fox tampoco sabía nada. Prefieren pasar por idiotas (el calificativo es del Jefe Diego) que por responsables éticos, políticos, administrativos y legales, o copartícipes, de los crímenes de sus subalternos.
México estuvo dominado políticamente en lo más sustancial de muchos actos, por una alianza criminal, por una macro red delictiva de altos funcionarios del primer círculo del poder presidencial, empresarios privados, nacionales y extranjeros y líderes criminales del más alto nivel, a quienes hoy se revela que “periodistas y comunicadores” y hasta dueños de medios de comunicación, les dieron credibilidad, sobre todo, a García Luna, un pivote fundamentalísimo del cartel político y de la alianza criminal.
Un científico de las Ciencias Jurídicas como Luigi Ferrajoli de amplio prestigio internacional identifica tres grandes retos que configuran la problemática condesada del crimen transnacional actual para los Estados: el poder criminal en sí mismo de las organizaciones transnacionales; el poder criminal de hoy de los grandes centros industriales y financieros globales o globalizados; y el poder de las burocracias administrativas de los Estados nacionales. Estos tres enormes poderes criminales conforman el gran poder criminal que azota a las sociedades y poderes públicos contemporáneos.
Pues bien, estos tres poderes criminales se han conjugado e integrado en el accionar del Cártel Político Transexenal de la Mafia de Estado en México en el periodo 2000-2018 (lo que diversos líderes políticos, analistas y aún académicos, denominan genéricamente “el periodo neoliberal”). Se imbricaron como la gran estructura criminal que emergió al desnudo y fue denunciada durante el juicio contra García Luna, en sus liderazgos fundamentales.
Un régimen político, el responsable de un gobierno nacional impartiendo la orden de favorecer al Cartel de Sinaloa y no a ningún otro cártel transnacional, como fue el caso supuesto del gobierno de Felipe Calderón al que hizo alusión en sus declaraciones el ex fiscal de Nayarit (Edgar Veitya) durante su testimonial, es un gobierno completamente criminalizado, cooptado por el narcotráfico multinacional que puso los resortes del poder, del Estado en favor de un cártel del crimen transnacional para su expansión hegemónica. A ello llamamos la captura del Estado por la macro criminalidad.
Favorecer la hegemonía de un grupo criminal, es una teoría de algunos Think Thank en EUA, dado que consideran que el ente hegemónico regula desde dentro la estructura criminal, el funcionamiento de la misma al imponerse a los demás, porque parcialmente hace la tarea de control de los procesos en dicho espacio que corresponden al Estado, lo cual impide que se desborden los acontecimientos. Lo considero un planteamiento falso y engañoso. La base es la teoría de la criminología administrativa cuyo eje central versa en la idea de que el fenómeno criminal no puede eliminarse, sino sólo administrarse para reducirse y disminuir sus efectos perniciosos.
Bajo ninguna circunstancia ni idea teórica o política se puede concebir subordinar al gobierno nacional a los intereses corporativos del crimen transnacional organizado y sus empresas de productos criminales, que es lo que hizo el Cartel Político Transexenal que sometió y maniató al Estado a través de las redes delictivas y de impunidad en sus distintas vertientes: narcotráfico, “cuello blanco”, lavado de dinero, entrega de recursos naturales.
Por supuesto que el camino correcto apunta hacia otro cuerpo de ideas.