La Organización para la Cooperación y el Desarrolló Económico (OCDE) publicó hace unos días el informe sobre la inflación en el sector energético correspondiente al primer trimestre del año en curso. De acuerdo a los datos recogidos por la organización internacional, México apenas registró un 5.3% de inflación, lo que le sitúa en el último peldaño de la lista de 38 países miembros de la OCDE. ¿Buena noticia? No tanto.
Estos datos podrían inicialmente leerse como alentadores si consideramos la inflación galopante que azota al mercado energético como resultado de la guerra en Ucrania y del embargo ruso. El abasto de petróleo y gas en el mundo se ha visto severamente afectado, derivado de las sanciones económicas interpuestas contra Rusia, lo que ha resultado en una escasez de energía, y con ello, el alza en los costos.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, no vaciló en compartir en Twitter el hecho de que México fuese el país menos afectado por la inflación en el mercado energético. Ufana, la funcionaria comentó que la “buena noticia” respondía a las medidas aplicadas por el gobierno del presidente AMLO.
Vamos a ver. Si bien es verdad que el control de la inflación de los combustibles responde a la política aplicada por la Secretaría de Hacienda, ello no quiere decir que se trate de una buena política. Lo que ha hecho el gobierno de AMLO es reducir el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), lo que ha alterado gravemente la reducción del nivel de recaudación del gobierno federal.
A lo largo de los últimos años, los expertos en materia económica, desde los llamados neoliberales (como la propia OCDE) hasta los progresistas, han advertido que la aplicación de subsidios a los costos de los combustibles es una medida claramente regresiva, pues deriva en que los beneficiados son los mayores consumidores de los energéticos, en detrimento de los que menos poseen, es decir, los mexicanos que menos utilizan un automóvil o cualquier medio de transporte.
El presidente AMLO, quien se jacta buscar beneficiar a los más desfavorecidos, no ha dado marcha atrás en una política regresiva que daña las capacidades de recaudación del Estado mexicano, y que se traduce en una reducción de los ingresos en las arcas públicas. Ello altera, a la postre, el financiamiento público de sectores estratégicos para el desarrollo, tales como la salud, educación, entre otros.
Algunos argumentarán que la reducción coyuntural del IPES puede resultar una política benéfica en tiempos de crisis inflacionaria. Es posible. Sin embargo, lo que sí que es un hecho es que todos los gobiernos en México, de todos los colores partidistas, han continuado esta medida regresiva que pone en riesgo la viabilidad económica y los ingresos del gobierno, y con ello, las capacidades del Estado mexicano para hacer frente a las enormes problemáticas que nos aquejan.