El estándar moral del Presidente López Obrador se vuelve contra los suyos. La idea de que el enriquecimiento por sí mismo es inmoral si no es que expresión de corrupción, pone la vara muy elevada. Si esto aplica a los particulares, más a los funcionarios públicos. Esta postura, quiérase o no, reproduce mucho del sentimiento popular, acentuado por la ofensa de la pobreza y de la desigualdad. El Presidente tiene respaldo de los mexicanos por su denuncia recurrente del enriquecimiento rápido de los funcionarios gubernamentales.
El caso de Santiago Nieto es paradigmático. Enriquecimiento y deudas desproporcionadas a su modesto ingreso. En el intento por salvarse recurre al sueldo de su esposa, en un matrimonio de apenas unas semanas y también motivo de señalamiento por el Presidente: las elevadas remuneraciones de los consejeros electorales.
La realidad es que Nieto, en su aspiración de vivir más allá de la modesta medianía juarista, rompe el código moral de quien lo encumbró en, seguramente, la responsabilidad más delicada del gobierno por el acceso a la información personal de las finanzas de todo mexicano, de todo funcionario público actual y pasado, de los legisladores y de sus malquerientes, como el fiscal Alejandro Gertz; además investiga a los parientes, las empresas que conforman y de toda transacción financiera. Esto sin considerar el enorme poder discrecional de la UIF para bloquear cuentas.
El hecho no concluye con la información privilegiada, en algunos casos personalmente divulgada o filtrada a medios, que constituye delito flagrante y violación tanto del derecho a la privacidad o secrecía de datos protegidos por la ley, como de la presunción de inocencia. Tema central de la justificada inconformidad del fiscal General de la República. Además del efecto corruptor por la divulgación de datos y la violación al debido proceso, las denuncias y los expedientes estaban mal integrados. El desaseo lo pagaba la fiscalía, y Santiago Nieto recibía el aplauso del respetable en su falsa, interesada y sesgada lucha contra la corrupción.
Pablo Gómez tendrá ocasión de investigar las gestiones para la liberación de las cuentas ilegalmente bloqueadas por la UIF. No es un tema nuevo; es un negocio muy rentable desde que la UIF utilizó de manera discriminada la inconstitucional práctica del bloqueo unilateral y sin intervención de juez de cuentas bancarias.
La confianza presidencial y el abuso de ésta por Nieto lo volvía el funcionario más poderoso; el eficaz recurso para intimidar a opositores, empresarios, periodistas y muchos otros adversarios del régimen. Un valor entendido entre el Presidente y el titular de la UIF.
Las cosas cambiaron. Seguramente el fiscal Gertz o su coordinador jurídico Julio Scherer hicieron ver al Presidente que la operación de la UIF no podía hacerse pública, menos divulgar operaciones financieras, nombres, empresas, etc. Hubo un cambio, pero la información continuó en sigilo y con mayores reservas a las iniciales. Nieto fue objeto de observación y López Obrador no tardó en advertir que no cumplía y, posiblemente, también tuvo información de su desempeño en beneficio propio, como ha sido el caso que atañe al fiscal Gertz, divulgada con sesgo, insuficiencia y fuera de contexto con la pretensión de provocar su defenestración.
La explicación de Nieto sobre su situación patrimonial es insatisfactoria. El crédito al que alude lo inculpa. Hay un evidente conflicto de interés. No debe tener relación alguna con entidades financieras por la naturaleza de su responsabilidad. Su preocupación no es lo que hoy se sabe, muy comprometedor, sino lo que está por conocerse. Pasa de la condición de investigador a investigado. De utilizar su mismo criterio en la UIF, no pasará la prueba de ácido. Santiago Nieto sabe que su suerte está en la generosidad del Presidente, de allí el apuro en acreditar obsequiosa y falsa lealtad.