La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento en México son un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción, fue lo que concluyó la embajada de los Estados Unidos en México.
La oficina del embajador de la unión americana en nuestro país, Ken Salazar, agregó que “hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales con tasas de enjuiciamiento y condena bajas por estos abusos”.
En el informe, que este reportero obtuvo, se explica que integrantes del crimen organizado, incluidas las bandas locales, transnacionales en complicidad con los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación, particularmente dirigida a los grupos vulnerables.
“El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, sentencia el documento que recibió el presidente estadounidense Joe Biden, sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.
Aunque la Ley federal prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la admisión de confesiones obtenidas por medios ilícitos como prueba en los tribunales, agrega el documento titulado “Práctica de derechos en México”, hubo informes de que las fuerzas de seguridad torturaron a los sospechosos.
“Entre enero y agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 26 denuncias por tortura y 123 por detención arbitraria. La mayoría de estas denuncias fueron contra autoridades de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y las Fuerzas Armadas.
Las desapariciones son un problema persistente en todo el país, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con cárteles o pandillas. “Hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por parte de grupos del crimen organizado, a veces con denuncias de colusión del Estado con las autoridades. Las investigaciones, procesos y condenas por el delito de desaparición forzada fueron escasos”.
Esta es la mira del gobierno de los Estados Unidos hacia su vecino del sur, el México donde se trasgreden las garantías individuales de manera sistemática; donde integrantes de grupo delincuenciales se alían con los de las fuerzas policiales en perjuicio del ciudadano de pie.
Punto Cero
Diversos colectivos a favor del derecho a la infancias se manifestaron en avenida Juárez número ocho donde se encuentran los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México, promotoras de la Ley Sabina, Ley de violencia vicaria y Ley Camila, en el denominado tendedero de deudores alimentarios se expusieron fotografías, de políticos, abogados, jueces, así como de diversos padres que han sido omisos en otorgar pensión alimenticia para sus hijos, asimismo casos de jueces acusados de corrupción y contubernio para despojar a madres de sus hijos.
Se destaca el caso de la juez noveno de lo familiar María Josefa Franco Corral, que está acusada de actuar en contubernio con el padre de la menor Camila, misma que fue sustraído por su padre cuando este contrajo matrimonio, alrededor de las 15 horas se controló con la presencia del senador José Narro Céspedes, quien escuchó a las madres y manifestantes, de ahí se trasladó una comisión a la calle de niños héroes para sostener una reunión con el presidente del tribunal superior de justicia el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
José Víctor Rodríguez Nájera en Twitter: @JoseVictor_Rdz